Los hechos recientes en relación con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, deja claro que el gobierno maneja discursos diferentes según sea el caso, además de que evidentemente desconocen la normatividad aplicable en la materia.
El Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado el 4 de mayo de 1978, forma parte junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la ley suprema de toda la Unión.
De conformidad con el artículo 133 constitucional; la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la unión
El Senador dos caras quien se dice un constitucionalista consagrado, la verdad es que da vergüenza ajena, si, hablamos de Ricardo Monreal, que como dice una cosa dice otra.
Ahora se le hace gravísimo que se viole la presunción de inocencia, incluso existiendo recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte, que en su momento ignoró cuando le tocó legislar sobre la materia.
Es un cínico de concurso. Los tratados internaciones deben de cumplirse en la forma y términos que aparezca que las partes quisieron obligarse.
El tratado establece en su artículo tercero que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del reclamado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, bien para probar que es la persona condenada por tribunales de la parte requirente.
Ahora solo hay que esperar a que se cumplan los plazos para que el gobierno norteamericano presente las pruebas que tanto se exigen en nuestro país y que dos de ellas, por cierto, ya se fueron a entregar a los brazos de nuestro vecino del norte.
Es más, al solicitar Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, México pudo haber ejecutado la detención sin exigir el expediente de pruebas completo.
Donald Trump y sus fiscales tendrán un periodo (generalmente 60 días), para presentar la solicitud de extradición completa, acompañada de las pruebas suficientes y del expediente legal traducido.
No seamos ingenuos, alguien aquí quiere ganar tiempo, desde el momento en que en Estados Unidos acusó y esto fue deliberado por un jurado, es porque tiene todas las pruebas documentadas.
Hablan de pruebas, pues parece que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya las tiene, ya que trascendió que a los requeridos por la justicia norteamericana ya se les habían bloqueado las mismas.
El gobierno mexicano va a tener todas las pruebas que esta solicitando en este caso como en los que seguramente vendrán, ya que es evidente que habrá más gobernadores investigados por la administración Trump. Al tiempo.
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