El lunes 22 de junio, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el reconocimiento de los apaches —o N’dee/N’nee/Ndé, como prefieren denominarse sus actuales promotores— como el quinto grupo indígena del estado. La diputada Edith Palma, de Morena, abanderó la iniciativa con entusiasmo: dijo que era algo que «el estado estaba esperando», que sería «histórico», y que, tras 16 foros de consulta realizados en junio y julio pasados, «todo fue favorable». El dictamen se votó. Los aplausos resonaron. Chihuahua sumó un pueblo más a su diversidad oficial.

Lo que no resonó, al menos no con la misma fuerza, fue la voz de quienes advierten que el entusiasmo legislativo corrió más rápido que la evidencia. Que el reconocimiento de un pueblo indígena no puede fundarse únicamente en la voluntad política y en la memoria emotiva, sino que exige rigor histórico, continuidad cultural y sustento lingüístico. Que, en este caso, al menos tres de esos elementos están gravemente en entredicho.

El argumento más contundente a favor del reconocimiento lo presentó Jorge Carrera Robles, antropólogo y delegado del INAH en Chihuahua. Para Carrera Robles, el reconocimiento salda una deuda histórica: los apaches no son una población que se mida en cantidad, sino «herederos de pueblos que habitaron los territorios actuales de Chihuahua». Recordó que fueron un pueblo combativo, que resistió la expansión española, que supo negociar y pactar la paz, y que su invisibilización a finales del siglo XIX fue producto de una guerra de exterminio, no de su inexistencia. «La historia pone a cada quien en su lugar», afirmó.

Nos creímos las películas de Hollywood de que eran pueblos buenos y malos o pueblos de Estados Unidos. En realidad no. Mucha de la historia de estas tierras tiene que ver con esta comunidad.

—Jorge Carrera Robles, Delegado del INAH en Chihuahua

El argumento es poderoso en términos de justicia simbólica. Los apaches fueron perseguidos, diezmados, deportados. Su invisibilización tiene nombre y apellido: el gobierno porfiriano, las campañas de Bernardo Reyes y Joaquín Terrazas, el exterminio sistemático que convirtió una presencia centenaria en un silencio administrativo. Reconocerlos, en ese sentido, tiene algo de reparación moral.

El problema es que la reparación moral no sustituye a la evidencia etnográfica, arqueológica y lingüística. Y aquí es donde el consenso académico se fractura. El lingüista Edgar Adrián Moreno Pineda, jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad de la Secretaría de Cultura, fue categórico en su diagnóstico. El análisis histórico, lingüístico y documental sobre la apachería en Chihuahua, sostuvo, no permite afirmar de manera concluyente una continuidad apache contemporánea en el estado. Sus argumentos merecen atención detallada.

Primero, la presencia apache en la región no fue nunca una ocupación exclusiva ni permanente. Antes y durante la expansión de grupos apaches hacia la antigua Nueva Vizcaya, el desierto chihuahuense estuvo habitado por decenas de pueblos: conchos, sumas, tapacolmes, chinarras, jumanos, tobosos, conejos, mansos y tarahumaras, muchos de los cuales fueron exterminados o asimilados durante la colonización. La llegada apache, en ese contexto, ocurrió sobre el vacío demográfico que dejó la violencia colonial, no sobre un territorio ancestral ininterrumpido.

En segunda instancia, las propias fuentes coloniales emplearon el término «apache» con notable imprecisión, sin distinguir entre bandas, pueblos o variantes lingüísticas. Esto complica enormemente cualquier intento de trazar una continuidad étnica entre las poblaciones históricas registradas y las reclamaciones identitarias contemporáneas. Muchos de los llamados «apaches de paz», asentados en torno a presidios como Janos o el Carrizal, atravesaron procesos prolongados de aculturación y desplazamiento lingüístico.

No se dispone de evidencia sólida sobre la persistencia de comunidades hablantes de lengua apache en Chihuahua durante los siglos XX y XXI. El censo de 1895 solo reportó dos hablantes de lengua apache en México, localizados en Querétaro, y a partir de 1900 ya no se registran hablantes.

—Edgar Adrián Moreno Pineda, Jefe del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad, Secretaría de Cultura

Es un dato que estremece. Dos hablantes, en Querétaro y en 1895. Y después, silencio. La lengua, que es el principal marcador de continuidad cultural reconocido por el artículo 2 constitucional, se extinguió en México antes de que terminara el siglo XIX. Ningún grupo que aspire al reconocimiento como pueblo originario puede ignorar este hecho, por más que la voluntad política quiera sortearlo.

Federico J. Mancera-Valencia, geógrafo y subdirector académico del Centro de Investigación y Docencia de SEECH, enumera las contradicciones sin anestesia. La primera: no hay hablantes de lengua apache en Chihuahua. La segunda: quienes promueven el reconocimiento no están avalados por las naciones apache de Estados Unidos, que son las que en rigor ostentan la herencia. La tercera, y para él la más grave: el territorio.

Si se define una población indígena apache que se queda con el certificado de territorio, el gran tema es ese: ¿en qué territorio? Me parece que ahí es un asunto muy delicado. ¿Cómo podemos demarcar ese territorio geohistórico, sabiendo que los apaches como tal son un grupo forrajero, nómada, que estuvo en todo el territorio de Estados Unidos?

—Federico J. Mancera-Valencia, geógrafo y subdirector académico del CID-SEECH

La pregunta no es retórica. Mancera-Valencia forma parte del Comité Técnico de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría de Cultura, el órgano que precisamente debería haber dictaminado sobre un reconocimiento de esta naturaleza. Y ese comité, dice, no fue consultado. «Los diputados toman decisiones absurdas sin reconocimiento y estudios específicos. Necesitamos peritaje lingüístico, peritaje arqueológico, peritaje etnográfico. No lo hicieron».

Hay además otro elemento que Mancera-Valencia introduce y que incomoda por su concreción: hay documentación académica, dice, de que grupos promotores del reconocimiento apache han estado convenciendo a personas de comunidades pima para sumarse a la causa apache, aparentemente porque las gestiones rinden más frutos bajo esa identidad que bajo la propia. Si eso es así, el reconocimiento aprobado el lunes no solo tiene cimientos frágiles: podría estar socavando a comunidades indígenas reales y documentadas.

Quien acaso concentra los argumentos más incómodos es Lucas Delgado, historiador y miembro del proyecto cultural Chihuahua Apache, con casi 25 años de búsqueda en archivos sobre la apachería chihuahuense. Delgado no se mueve en los registros de la prudencia diplomática. Su diagnóstico es frontal: el reconocimiento aprobado el lunes no cumple ninguno de los criterios que exige la Constitución ni los lineamientos del INE para reconocer a un pueblo como originario. Para empezar, el criterio histórico. La Constitución exige que el pueblo haya habitado el territorio antes de la llegada de los españoles. En el caso apache, Delgado señala que las primeras referencias documentadas de su presencia en el actual territorio chihuahuense datan de alrededor de 1640. Las menciones anteriores —las de Álvar Núñez Cabeza de Vaca o las de Baltazar de Obregón— son vagas y corresponden a Nuevo México, no a Chihuahua. «En ningún momento antes de la llegada de los españoles hubo una sociedad apache establecida en el territorio del hoy estado de Chihuahua», afirma con rotundidad.

A través de una búsqueda de casi 25 años, no hemos encontrado ninguna persona, ya no digamos una sociedad, sino individuos que hablen apache. Una lengua se puede aprender; yo puedo aprender alemán y no por eso voy a ser alemán.

—Lucas Delgado, historiador y miembro del proyecto cultural Chihuahua Apache

La cuestión lingüística es, en su análisis, igualmente demoledora. Tras décadas de investigación en archivos, Delgado no ha encontrado un solo hablante de lengua apache en Chihuahua. Y sobre quienes actualmente dicen hablar la lengua, su juicio es preciso, ya que aprender un idioma no convierte a nadie en miembro de un pueblo. El criterio constitucional no es la capacidad de reproducir fonemas, sino la transmisión intergeneracional de una lengua como lengua materna dentro de una comunidad.

Pero el argumento más contundente de Delgado es el de la continuidad comunitaria. La Constitución exige que el individuo que reclama pertenencia a un pueblo indígena cuente con el respaldo de esa comunidad. Y las comunidades apaches en Chihuahua desaparecieron a finales del siglo XIX. La última persona identificada como apache en el territorio chihuahuense, según sus investigaciones, murió en Nuevo Casas Grandes en 1970: se llamaba Guadalupe Fuentes Simbres, y su acta de defunción obra en el registro civil de ese municipio. Después de ella, silencio documental.

La advertencia de Delgado no es abstracta, sino que apunta a consecuencias concretas: representación política, autonomía territorial, acceso a beneficios institucionales reservados a pueblos originarios. Si el reconocimiento se concedió sin cumplir los requisitos legales, el daño no es solo académico. Es un agravio potencial contra los pueblos que sí los cumplen.

Todo esto tiene nombre en la teoría. Tiene varios nombres, en realidad, y ninguno es cómodo. Eric Hobsbawm y Terence Ranger llamaron «tradición inventada» a ese fenómeno que reaparece una y otra vez en la modernidad, a saber, la construcción de continuidades históricas que se presentan como inmemoriables pero que en realidad son recientes, moldeadas por necesidades del presente. La invención no exige mala fe —puede brotar de una urgencia legítima de cohesión o reparación—, pero sí implica que la cadena que se dice ininterrumpida tiene, en algún punto, una fractura. En Chihuahua esa fractura tiene fecha: finales del siglo XIX, cuando la última comunidad apache como tal desaparece del registro. Lo que viene después no es continuidad; es, en el mejor de los casos, memoria y deseo.

El antropólogo Charles R. Hale ha advertido que el multiculturalismo contemporáneo convirtió el reconocimiento en un terreno de disputa política. Las identidades ya no solo se afirman desde la memoria de las comunidades, sino también en diálogo con un Estado que distribuye derechos, representación y acceso a recursos mediante categorías jurídicas. Desde esa perspectiva, la observación de Mancera-Valencia adquiere peso: si el beneficio más visible del dictamen es territorial, la discusión ya no puede limitarse a la voluntad de reconocerse apache, sino que debe preguntarse si ese reconocimiento satisface los criterios históricos, culturales y lingüísticos que la propia legislación exige.

Sherry R. Arnstein, planificadora urbana y pionera en los estudios de participación ciudadana, advirtió hace décadas que no toda consulta implica una participación efectiva. En su conocida «escalera de la participación ciudadana», distinguió entre procesos que distribuyen poder real y aquellos que funcionan únicamente como mecanismos simbólicos de legitimación. Si la evidencia histórica y lingüística no se somete a un escrutinio riguroso, si los especialistas críticos carecen de un espacio efectivo en la deliberación —y el Comité Técnico de Patrimonio Cultural no fue consultado, según reconoció uno de sus integrantes—, entonces la pregunta ya no es sólo si hubo consulta, sino qué capacidad tuvo ésta para modificar el resultado. Los 16 foros impulsados por la diputada Palma merecen esa interrogante: ¿se deliberó, o simplemente se confirmó una decisión ya encaminada?

Hay algo profundamente incómodo en esta discusión. Cuestionar el reconocimiento apache puede leerse como negar una deuda histórica, como ponerse del lado de quienes exterminaron a ese pueblo. No es eso. La cuestión no es si los apaches merecen reparación histórica —la merecen, sin duda—, sino si el instrumento elegido, el reconocimiento como quinto pueblo indígena de Chihuahua, cuenta con los fundamentos que la ley exige y que la historia puede sostener.

Moreno Pineda lo dijo con claridad: aunque exista herencia genética, memoria familiar o procesos de autoadscripción, estos elementos no bastan por sí solos para demostrar continuidad histórica, cultural y lingüística como pueblo diferenciado. La autoadscripción es un derecho; el reconocimiento legal es otra cosa.

El Congreso de Chihuahua votó el lunes. Y votó con convicción, con simbolismo, con el gesto de quien salda una deuda centenaria. Lo que queda por verse es si lo que construyó ese lunes es un puente hacia la justicia o un monumento apresurado levantado sobre cimientos que la historia todavía no termina de certificar.

Chihuahua tiene ahora cinco pueblos indígenas oficiales. El quinto es antiguo, es combativo, es poderoso en el imaginario colectivo. También es, según varios de los especialistas más serios que trabajan el tema, un pueblo cuya continuidad contemporánea en el estado está pendiente de demostración. Esa tensión no desaparece con una votación legislativa. En todo caso, apenas comienza.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.