A 31 años de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas (28 de junio de 1995), el caso se mantiene como un nodo persistente de conflicto entre memoria histórica, litigio estratégico y disputa política en el estado de Guerrero. El debate actual, reactivado por la demanda de la dirigencia de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, encabezada por Norma Mesino Mesino, se articula en torno a la solicitud de reapertura del expediente y la eventual declaratoria de imprescriptibilidad de los delitos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Desde una perspectiva de política pública y sociología del conflicto, la estrategia de la OCSS puede entenderse como una combinación de litigio jurídico internacionalizado y movilización social sostenida. Este tipo de acción colectiva no se limita al terreno judicial, sino que busca incidir simultáneamente en tres arenas: el sistema judicial nacional, los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la opinión pública mediante la conmemoración anual del hecho.
En este marco, algunos analistas plantean que la insistencia en la reapertura del caso no sólo responde a una búsqueda de justicia penal —entendida como sanción a responsables materiales e intelectuales—, sino que también puede operar como un recurso de posicionamiento político en contextos de alta competencia por la agenda pública y por la interlocución con el Estado.
Bajo esta lectura, la judicialización del conflicto cumple una doble función: por un lado, preservar la vigencia del reclamo de justicia; y por otro, sostener la relevancia política de la organización en el tiempo, particularmente en coyunturas de movilización social o ciclos políticos sensibles.
La demanda de imprescriptibilidad, en ese sentido, se inscribe en una estrategia de ampliación del marco normativo de interpretación del caso, apelando a estándares del derecho internacional de los derechos humanos que califican los hechos como posibles crímenes de lesa humanidad.
Esta posición es respaldada por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que sostienen la obligación estatal de investigar y sancionar sin límite temporal.
No obstante, desde el campo jurídico-institucional persisten objeciones relevantes: el principio de irretroactividad de la ley penal, la tipificación original de los hechos bajo figuras del fuero común (como homicidio), y la prescripción conforme al marco normativo vigente en 1995. Estos elementos generan un escenario de alta complejidad procesal que limita la viabilidad de una reapertura penal en los términos planteados.
En el plano sociopolítico, las conmemoraciones del 28 de junio operan como dispositivos de actualización del conflicto. Más allá de la memoria histórica, funcionan como plataformas de presión hacia los gobiernos estatal y federal, actualmente encabezados en el plano local por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y en el ámbito federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En estas movilizaciones se articulan además demandas contemporáneas: liberación de integrantes considerados presos políticos, atención a desplazamiento forzado y acceso a políticas sociales en comunidades rurales.
El conflicto también se inscribe en una relación históricamente tensa entre la OCSS y los gobiernos estatales, caracterizada por ciclos de negociación intermitente, acusaciones de incumplimiento y episodios recurrentes de movilización.
En este contexto, la organización ha mantenido un discurso crítico que acusa continuidad de la impunidad estructural en Guerrero, señalando incluso a actores políticos del pasado como el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer.
Al inicio de su gestión, el gobierno estatal mostró voluntad política para acercarse a la organización. En julio de 2022, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, entonces secretario general de Gobierno, sostuvo encuentros oficiales con dirigentes de la OCSS, encabezados por Norma Mesino Mesino. En estas mesas se pactó revisar las condiciones de las familias víctimas de la “Guerra Sucia” y cooperar en la búsqueda de justicia y la implementación de programas sociales en la Sierra.
Asimismo, el gobierno estatal ha realizado actos de reconocimiento de la memoria histórica. Por ejemplo, en abril de 2026, la administración de Salgado promovió la proyección del documental institucional “La Misma Sangre”, protagonizado por la propia Norma Mesino, donde funcionarios del estado ratificaron la importancia de preservar la verdad y la justicia social en la región.
El punto de mayor fricción política ocurrió en noviembre de 2025. Una funcionaria del gobierno de Salgado Pineda participó en un homenaje público a Rubén Figueroa Figueroa (artífice histórico del cacicazgo y la represión en el estado).
Esto desató la indignación inmediata de la OCSS y de múltiples colectivos de derechos humanos, quienes exigieron una disculpa pública y la remoción de la estirpe Figueroa de los calendarios cívicos del estado. Para contener la crisis con las organizaciones sociales, la gobernadora Evelyn Salgado se vio obligada a despedir de inmediato a la funcionaria involucrada.
Por el lado de la OCSS, existe un marcado descontento. La organización acusa al gobierno de simular avances, mantener en el abandono de infraestructura y salud a las comunidades de la Sierra y perpetuar la impunidad histórica al no garantizar justicia ni seguridad real frente al asedio generalizado en la región.
Finalmente, la presencia de otros actores en las movilizaciones —como sectores magisteriales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero o figuras vinculadas a la defensa de derechos humanos— refuerza el carácter multisectorial del evento, ampliando su alcance más allá del caso judicial específico.
El caso Aguas Blancas se mantiene como un ejemplo de “litigio de larga duración”, donde la frontera entre justicia, memoria y acción política es difusa. En este escenario, la demanda de reapertura penal puede interpretarse tanto como una reivindicación legítima de justicia transicional, como también —en determinados análisis— como un instrumento de continuidad política y de preservación de relevancia pública dentro del ciclo prolongado de conflicto social en Guerrero.