La decisión de Estados Unidos de mantener vigente el T-MEC hasta 2036, pero sujeto a revisiones anuales, marca un punto de inflexión en la integración económica de Norteamérica. El debate no debe centrarse únicamente en si el tratado se mantiene o no, sino en qué tipo de acuerdo emerge después de esta decisión. El meollo no es su duración, sino su transformación en un mecanismo de negociación permanente donde la política gana terreno sobre la certidumbre económica.
No obstante, el mayor daño al concepto original del T-MEC ya ocurrió antes de esta decisión. La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a diversos productos, al amparo de argumentos de seguridad nacional, migración o combate al narcotráfico, demostró que el principio de libre comercio puede quedar subordinado a prioridades políticas internas. Ese precedente altera la esencia misma del documento. Jurídicamente sigue siendo un tratado de libre comercio; económicamente comienza a parecerse más a un esquema de comercio administrado, donde las reglas pueden ajustarse mediante decisiones unilaterales sin necesidad de abandonar el acuerdo. La revisión anual simplemente institucionaliza esa nueva realidad.
Desde esta perspectiva, el resultado está lejos de ser positivo para los equipos negociadores de México y Canadá. Ambos buscaban ampliar el horizonte de certidumbre mediante una extensión automática de 16 años, capaz de fortalecer la confianza de los inversionistas y consolidar el nearshoring. Estados Unidos, en cambio, consiguió preservar la integración regional sin renunciar a una herramienta de presión permanente. La revisión anual le permitirá mantener abiertos temas como reglas de origen, energía, contenido regional, inversiones estratégicas o seguridad fronteriza, incorporando incluso factores políticos y electorales en la agenda comercial.
Ciertamente, reducir el resultado a un fracaso sería una conclusión poco sólida. Frente a un escenario de cancelación del tratado o de una renegociación integral, la continuidad del T-MEC mantiene ventajas relevantes para México. Se conserva el acceso preferencial al mayor mercado del mundo, se evita una ruptura de las cadenas de suministro y las empresas ya establecidas mantienen un marco jurídico que permite seguir operando con relativa estabilidad y complementariedad. Además, las revisiones periódicas también ofrecen espacios para corregir diferencias, defender intereses nacionales y evitar que las tensiones desemboquen en una crisis comercial mayor.
El verdadero desafío radica en el costo económico de esa nueva dinámica. La incertidumbre se convierte en una prima de riesgo adicional para invertir en México. Los proyectos industriales ya no dependerán únicamente de la cercanía geográfica o de los menores costos de producción, sino también de la percepción de estabilidad regulatoria y política. Para una empresa que planea recuperar una inversión en 15 o 20 años, un tratado sujeto a revisiones constantes y acompañado de la posibilidad de nuevas medidas comerciales modifica inevitablemente el mapa de riesgo.
Lo anterior cambia la narrativa del nearshoring. Durante los últimos años se asumió que la sola existencia del T-MEC garantizaba una ola sostenida de relocalización de empresas. Hoy esa premisa resulta insuficiente. La vecindad con Estados Unidos continúa siendo una ventaja competitiva, pero deja de ser determinante. México deberá competir cada vez más por la calidad de sus instituciones, la seguridad jurídica, la disponibilidad de infraestructura, el acceso a energía y recursos y la capacidad para ofrecer reglas previsibles, factores que adquieren mayor peso cuando el entorno comercial se vuelve menos estable.
En términos macroeconómicos, el balance es claramente asimétrico. México preserva el marco de integración regional, pero paga el costo de una mayor incertidumbre que puede retrasar decisiones de inversión y elevar la volatilidad de largo plazo. El T-MEC no desaparece, pero sí modifica su naturaleza. Más que un tratado de libre comercio comienza a funcionar como un instrumento de gestión política mediante el cual Estados Unidos podrá influir de forma recurrente sobre la relación económica con sus socios.
El reto para México ya no consiste únicamente en preservar el tratado. Consiste en demostrar que puede ofrecer la estabilidad institucional que el nuevo T-MEC dejó de garantizar por sí solo. En esta nueva etapa, la competitividad dependerá menos del texto del acuerdo y más de la capacidad del país para generar confianza en un entorno donde las reglas, aunque sigan escritas, estarán sujetas cada vez más a la política que a la economía.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®