La economía mexicana enfrenta un factor de incertidumbre que puede aún no reflejarse en las estadísticas de inflación, tipo de cambio o tasas de interés, pero que ya se advierte como altamente costoso para el crecimiento y el bienestar. Las tensiones bilaterales derivadas de la detención de líderes del crimen organizado, las solicitudes de extradición de funcionarios mexicanos y los señalamientos realizados por altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos sobre posibles vínculos entre autoridades y organizaciones criminales han trasladado el debate del ámbito de la seguridad al terreno económico. Más allá de la evolución judicial o política de cada caso, la percepción internacional sobre la fortaleza del Estado de derecho comienza a convertirse en un costo adicional para la actividad productiva.
La violencia y la fragilidad institucional ya constituyen una suerte de impuesto o arancel implícito para la economía mexicana. Estimaciones sobre el costo de la inseguridad como las de INEGI ubican el impacto económico directo de la violencia entre 2.8% y 3.4% del PIB, cifra bastante subestimada a la que habría que incorporar pérdidas indirectas e intangibles, por lo que el verdadero impacto podría alcanzar proporciones mucho mayores.
La inseguridad dejó de ser únicamente un problema de orden público para transformarse en un límite estructural al crecimiento económico, capaz de reducir la inversión, elevar el riesgo país y disminuir el potencial de expansión del ingreso per cápita.
Las recientes fricciones con Estados Unidos profundizan esa percepción. El problema no radica exclusivamente en las investigaciones o solicitudes de extradición, sino en el mensaje que reciben inversionistas y calificadoras cuando se instala la duda sobre la capacidad de las instituciones para combatir la infiltración del crimen organizado. En una economía altamente integrada con Estados Unidos y Canadá, la confianza institucional es un activo tan importante como la estabilidad macroeconómica o el propio T-MEC. Cuando esa confianza se erosiona, aumenta la cautela para invertir, se encarece el financiamiento y se incrementan las primas de riesgo que enfrentan empresas y gobierno.
Los efectos son especialmente visibles en la economía del día a día. Sectores como el transporte de carga, el comercio, la agroindustria, la construcción o los puertos y aduanas operan desde hace varios años bajo costos crecientes derivados del robo, la extorsión, el cobro de derecho de piso y la necesidad de reforzar su seguridad (adicionada por la corrupción gubernamental). Para miles de pequeñas y medianas empresas, la inseguridad se ha convertido en un costo fijo que desplaza recursos destinados a innovación, capacitación, expansión o generación de empleo. En lugar de invertir para crecer, muchas empresas invierten simplemente para sobrevivir.
No se puede soslayar, sin embargo, que México conserva fortalezas estructurales que difícilmente desaparecerán en el corto plazo. La cercanía geográfica con Estados Unidos, la integración manufacturera construida durante tres décadas, una amplia red de tratados comerciales y una base industrial consolidada continúan ofreciendo ventajas competitivas importantes. Buena parte de la inversión extranjera instalada mantiene sus operaciones y los flujos de reinversión de utilidades reflejan que numerosas empresas siguen apostando por el mercado mexicano. Además, variables macroeconómicas como la estabilidad cambiaria o un sistema financiero sólido contribuyen a amortiguar parte de la incertidumbre.
No obstante, estas fortalezas también muestran sus límites. El fenómeno del nearshoring ha avanzado de manera desigual precisamente porque los inversionistas buscan regiones donde la infraestructura, la seguridad y la certidumbre jurídica permiten proteger sus cadenas de suministro. En cambio, aquellos territorios con mayor presencia del crimen organizado enfrentan un círculo vicioso de menor inversión, menor productividad y menores oportunidades de desarrollo.
Nuestro país no enfrenta únicamente un desafío de seguridad pública, sino un reto de competitividad económica. La violencia y la debilidad institucional funcionan como un “arancel invisible” que reduce la rentabilidad de invertir, encarece la logística, limita el desarrollo regional y disminuye el crecimiento potencial del país. Si además la percepción internacional incorpora dudas sobre la fortaleza institucional derivadas de investigaciones o señalamientos de alto perfil, el costo económico puede amplificarse aun cuando las variables macroeconómicas permanezcan relativamente estables. En última instancia, la competitividad del país depende tanto de su capacidad para producir más y mejor como de su capacidad para ofrecer certidumbre, legalidad y confianza en las instituciones, bastante disminuidas en los últimos años.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®