Nuestro país cinceló, a lo largo del siglo XX, un espacio en la comunidad de naciones no sólo por su ubicación geográfica estratégica y riquezas acreditables del subsuelo, sino por generar y consolidar una forma de relacionarse con el mundo a través de principios. Fue una acción consistente ante el uso de la fuerza de distinta índole para impulsar esferas de dominación y, en lo menos, de influencia. En alguna medida, fue la proyección al concierto internacional de la revolución paulatina y pertinaz al interior de los países de sujetar el poder a la ley que estableció al Estado constitucional de derecho, como la forma política que mejor se adecua al reconocimiento de la dignidad humana y su esfera de derechos frente a los demás y, sobre todo, al poder.

Las experiencias de rechazo al uso de la fuerza por otros países para postular el derecho a la determinación libre de los pueblos-nación, fueron decantando los contenidos de la Doctrina Carranza, la Cláusula Calvo, la Doctrina Estrada, el impulso de principios para establecer e interpretar las normas de la Carta de las Naciones Unidas y el arribo a los principios normativos de nuestra política exterior en la fracción X del artículo 89 constitucional: no intervención en los asuntos internos de otro Estado; autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de las controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, cooperación internacional para el desarrollo, promoción y defensa de los derechos humanos y lucha por la paz y seguridad globales.

Desde luego que los principios constituyen el sustrato para impulsar y perseguir intereses propios en la arena internacional, son de rango universal y están sujetos a la interpretación de su alcance en cada situación específica. No obstante, por la socialización política que, entre nosotros, atraviesa generaciones, es difícil sustraernos al pensamiento válido de que esos principios normativos nos permiten identificar un auténtico consenso nacional en la Constitución.

En la polarización que domina el proceso político interno tienden a perderse este tipo de componentes de identidad y de factible exploración del diálogo y la construcción de una conversación sustantiva diferente que motive el ajuste de la narrativa de la confrontación y la descalificación ab initio. Como dijo un sabio: “todo ha pasado y esto también pasará o nada es para siempre en política”; en algún momento deberemos reencontrar el valor de la tolerancia y la convivencia democrática entre quienes piensan distinto porque la sociedad es plural, como lo ha sido y lo será. Pluralidad no debe ser la puerta para el enfrentamiento, ni diversidad para la exclusión. Lo distinto enriquece cuando no se asume como amenaza.

A pesar de las lecciones de la historia patria y los sinsabores y costos de la división interna para la integridad y el bienestar de la Nación en las relaciones internacionales, el régimen en turno ha renunciado a la edificación de una política exterior del Estado Mexicano o de la pluralidad política de México, sin renunciar a la conducción que corresponde al poder ejecutivo y las atribuciones de la Cámara de Senadores. En apariencia es sólida porque se basa en la titularidad de la presidencia y la mayoría en el Senado; en realidad se abstiene de buscar y consolidar la fortaleza de la convergencia de lo diverso en asuntos esenciales para la Nación o la unidad real en torno al interés del Estado, por definición supra-partidista.

En reconocimiento de que es complejo y, casi, anti climático plantear el establecimiento de bases para el diálogo y la construcción de confianza entre las fuerzas políticas confrontadas, incluyendo dejar de lado las descalificaciones cruzadas por la ausencia de respaldo electoral “suficiente” o por el uso de recursos públicos para mantener la base social (o cualquier otra dicotomía de descalificación mutua), tal vez debería explorarse de buena fe la construcción de algún entendimiento básico hacia adelante a partir del consenso sobre los principios de nuestra política exterior.

En pinceladas, el mundo ha cambiado. Terminó la Guerra Fría y por un período que hoy podemos calificar de breve, hubo predominio estadounidense; ahora destacan el ascenso de China y la afirmación de dominaciones regionales en una nueva distribución geopolítica de poder e influencia, el retorno del uso de la fuerza no sustentada en el Derecho Internacional de diversas potencias mundiales y regionales, la fragmentación de las cadenas globales de suministro, la competencia tecnológica acelerada, la indispensable transición energética y el debilitamiento de los foros multilaterales y de las reglas acordadas para la convivencia pacífica y la convivencia entre los Estados-Nación.

¿Podría el Estado Mexicano, con base en su tradición diplomática, plantear a otros Estados que rechacen la hegemonía de alguien y, también, el reparto de zonas y esferas de influencia, así como el diálogo constructivo para retornar al fortalecimiento del Derecho Internacional concebido a partir de la perspectiva de quienes requieren estabilidad, previsibilidad y equidad? Y, un paso atrás, ¿puede hacerlo con base en la convergencia de su pluralidad interna?

En ambas vertientes, iniciando por la propia, aparece un asunto de oportunidad a la vista: en los últimos años se han suscitado decisiones de potencias mundiales y regionales para ir a la guerra sin justificación alguna en el Derecho Internacional y han generado consecuencias macroeconómicas globales, verbigracia, la invasión rusa en Ucrania y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. No me refiero a la responsabilidad entre agresores y agredidos por los daños y pérdidas causadas, sino a los perjuicios derivados para los países de la comunidad de naciones por el incremento del precio del petróleo, las tasas de interés y la inflación, así como el impacto en los cambios de monedas y los costos hacendarios, todo lo cual redunda en un menor crecimiento económico y disminución de las posibilidades de bienestar para la población.

¿Podría el Estado Mexicano, con base en el desarrollo de los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 2001, llamar al diálogo y la construcción diplomática del concepto de los daños económicos extraordinarios producidos por el uso ilícito de la fuerza a que recurre un Estado bajo la “lógica” de la hegemonía o la seguridad regional? ¿Quién responde o, mejor dicho, como hacer que responda internacionalmente por las externalidades económicas del uso de la fuerza? En mi opinión, explorarlo tiene sustento en los principios de nuestra política exterior y podría dar cauce al diálogo de la pluralidad nacional para un objetivo concreto sin prejuicios sobre otras diferencias, con el ingrediente de buscar y concretar voluntades con Estados cuyas economías abiertas sean altamente dependientes del comercio internacional (Canadá, Corea del Sur, Chile, Singapur), importadores netos de energía (Marruecos, Túnez, Bangladesh, Kenia), defensores del multilateralismo (en general, los integrantes de la Unión Europea) o receptores de afectaciones macroeconómicas similares (particularmente, América Latina).

Restablecer puntos de consenso en lo interno podría impulsarse desde el relanzamiento de propuestas de la tradición diplomática mexicana frente a la evolución menos justa del entorno global.