El 14 de julio de este año, un caso confirmado en Hidalgo del Parral cambió el calendario sanitario de Chihuahua. No fue el primer aviso —desde hacía meses la plaga avanzaba por Centroamérica y el sur de México— pero sí el momento en que el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) dejó de ser una amenaza distante para convertirse en un hecho administrado: perímetros de vigilancia, trampeo de mosca, baños larvicidas, kits gratuitos, brigadas de barrido. Semanas después, los casos confirmados en el estado ascendían a cuatro; once municipios reportaban presencia del parásito en bovinos, y un perro en el municipio de Rosales se convertía en el primer caso sospechoso fuera del ganado bovino. El lunes siguiente, aviones cargados con 2.5 millones de moscas estériles comenzaron a sobrevolar el sur y el centro del estado, en lo que las autoridades federales y estatales describieron como el paso de la «contención» al «control» de la plaga.

La secuencia tiene toda la textura de una crisis sanitaria ordinaria: cifras, protocolos, funcionarios que comparecen, un sector productivo que reclama y un gobierno que responde. Pero léase con algo de distancia y el episodio empieza a mostrar varias capas superpuestas: una economía ganadera que defiende hoy un lugar en el mercado de exportación construido a lo largo de más de un siglo; un animal que es, al mismo tiempo, ser vivo y mercancía; una práctica de observación campesina de la que depende, en los hechos, buena parte de la vigilancia estatal; una frontera que se multiplica hacia el interior del país mucho más allá de la línea con Guatemala; y un lenguaje de vidas que se salvan o se ponen en riesgo con el que cada actor mide su propia legitimidad. Esas cinco capas tienen, cada una, un nombre propio en la reflexión contemporánea —Emilio Kourí, Nicole Shukin, Vinciane Despret, Étienne Balibar, Didier Fassin—, pero conviene dejar que aparezcan donde los hechos las reclaman, no por delante de ellos.

El norte que se hizo ganadero

Que la ganadería chihuahuense se piense a sí misma, casi por reflejo, como un negocio de exportación —y que por eso mismo viva el cierre sanitario de una frontera como una herida distinta a la que sentiría un productor orientado al mercado interno— no es un rasgo natural del territorio, sino el resultado de disputas agrarias que en México se remontan al siglo XIX: la orientación de la tierra hacia uno u otro mercado, la fuerza relativa del ejido frente a la gran propiedad ganadera, el acceso desigual al agua, son decisiones políticas que se tomaron y se pelearon hace generaciones y cuyos efectos —según ha mostrado el historiador Emilio Kourí en su trabajo sobre la propiedad rural mexicana— siguen operando mucho después de que las leyes que las originaron cambiaron o se derogaron.

Esa herencia agraria es la que se escucha cuando la Unión Ganadera Regional exige que «se les permita comercializar su ganado» y que el sector «no quede atado por las restricciones sanitarias»: no es la posición de un productor cualquiera frente a una plaga cualquiera, sino la defensa de un lugar históricamente construido dentro de un circuito comercial con Estados Unidos que Chihuahua integró antes y más profundamente que buena parte del campo mexicano. Cualquier cierre de frontera —sanitario o comercial— toca ahí una fibra que viene de mucho antes que el gusano barrenador.

Esa misma historia explica, de paso, por qué el propio Bustillos Fuentes describe la llegada de la plaga como algo «previsible» e «inminente»: el brote detectado en Santa Francisco del Oro se ubicaba a pocos kilómetros del territorio chihuahuense, y la enfermedad ya circulaba en estados vecinos como Durango y Coahuila con los que Chihuahua comparte no solo límites administrativos, sino una misma cuenca ganadera construida a lo largo de generaciones. Las fronteras estatales que hoy se refuerzan con perímetros sanitarios nunca separaron, en los hechos, una sola economía pecuaria del norte que siempre se movió —y se sigue moviendo, ahora bajo protocolo— de un estado a otro con la misma naturalidad con que cruzaba, antes, hacia el mercado estadounidense.

El becerro como capital

Un becerro infestado de larvas no es solamente un animal que sufre. Es también, de manera simultánea, una unidad cuyo valor de exportación se degrada, un dato en las estadísticas de Senasica y un argumento en la negociación entre estados sobre el tránsito de ganado: la teórica cultural Nicole Shukin llamó a esa duplicidad «capital animal», la manera en que el cuerpo vivo de un animal circula al mismo tiempo como organismo y como mercancía, sin que ambos registros puedan separarse del todo.

Esa doble naturaleza es la que vuelve tan tensa la respuesta sanitaria: la doramectina, los baños antilarvicidas y los kits de detección temprana buscan proteger a la vez el bienestar del animal y su valor como mercancía apta para el mercado estadounidense, dos cosas que no siempre coinciden. El acuerdo entre Chihuahua, Durango, Coahuila y Sonora para mover ganado «bajo requisitos equivalentes a los de exportación» revela con particular claridad esa lógica: no se trata solo de curar animales, sino de mantener certificada la mercancía-ganado dentro de un régimen de movilidad comercial que no puede detenerse sin daño económico grave. El propio reclamo de no «satanizar el aspecto económico» es, en el fondo, la defensa explícita del becerro-capital frente a una lectura puramente veterinaria del problema.

La producción misma de la principal herramienta de combate contra la plaga obedece a esa misma economía del valor: mientras la nueva planta de Metapa, en Chiapas, incrementa apenas gradualmente su capacidad, Chihuahua depende todavía de moscas estériles importadas desde Panamá para sostener la dispersión aérea de 2.5 millones de insectos cada dos días. Cada mosca liberada desde alguna de las treinta cámaras instaladas en el sur y el centro del estado, marcada con una pintura especial que permite luego identificarla en las trampas de monitoreo, es en sí misma una pieza de esa economía: un insumo biológico producido industrialmente, transportado, contabilizado y evaluado por su rendimiento, tan sujeto a la lógica del capital como el becerro que está destinado a proteger.

Aprender a notar

El éxito del control del gusano barrenador, dicen las propias autoridades, «depende del reporte oportuno de posibles casos por las y los productores», porque detectar el parásito en sus primeras etapas es lo único que permite romper su ciclo biológico. Esa dependencia revela algo que ningún protocolo puede fabricar por decreto: una capacidad de atención cultivada durante años, la que la filósofa Vinciane Despret describe como «dejarse afectar» por el animal —notar, antes que cualquiera, un signo mínimo de malestar en la piel o en el comportamiento de una res—, un saber tan legítimo como el del laboratorio aunque rara vez se le reconozca ese estatuto.

Los kits gratuitos que reparte el Gobierno del Estado —medicamento larvicida, cicatrizante, tubos para muestras— no sustituyen esa atención cultivada; le dan, en todo caso, un canal institucional. La meta de atender cualquier reporte en menos de 24 horas solo tiene sentido si existe, antes, alguien capaz de mirar al animal y darse cuenta de que algo no anda bien. La biopolítica más sofisticada depende, en última instancia, de un ojo entrenado que ningún kit puede reemplazar.

La frontera que se multiplica

Cuando la gobernadora Maru Campos reclama que el Gobierno Federal «privilegió los intereses de los estados del sur» sobre «las necesidades económicas de las entidades del norte», está describiendo, sin nombrarlo así, lo que el filósofo Étienne Balibar llamó la multiplicación de la frontera: la idea de que, en el mundo contemporáneo, la frontera deja de ser una sola línea en el mapa para replicarse en decenas de puntos dispersos por todo el territorio —puestos de control, perímetros sanitarios, acuerdos regionales— que cumplen, cada uno, una función de filtro.

El perímetro de veinte kilómetros trazado alrededor de Parral, los puntos de entrada y salida de ganado que Campos promete «seguir cuidando con el baño, con la ivermectina», el protocolo especial pactado entre cuatro estados para el tránsito de ganado: cada uno de ellos es una frontera en miniatura, replicada muchas veces entre el sur de México y la frontera con Estados Unidos. Hay todavía otra, menos comentada: la alerta sanitaria emitida para viajeros que cruzan hacia Estados Unidos, respecto de la cual el subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios, reportó que Chihuahua «no ha registrado brotes relacionados» y que existe comunicación permanente con las autoridades de salud de El Paso y Nuevo México «para actuar de manera coordinada si llegara a presentarse algún caso». Esa alerta no traza una línea en el mapa sino en los cuerpos que se desplazan: cada viajero que cruza el puente internacional se convierte, por un momento, en el punto donde esa frontera específica se activa o no, la vigilancia acompañándolo en potencia por cada control que atraviesa.

Salvar el hato, salvar la vida

La gobernadora Campos afirma que la crisis «nunca debió» haber pasado y que su gobierno advirtió «desde hace más de un año» sobre la necesidad de cerrar la frontera sur, situándose como la voz que defendió la vida del hato y de la economía regional frente a un gobierno federal que no escuchó. El líder ganadero Bustillos Fuentes legitima la prioridad económica en nombre de productores que ya vienen «muy dolidos» de contingencias anteriores. El subdirector de Epidemiología distingue con cuidado los casos negativos en humanos de los positivos en animales, y subraya que la enfermedad «no suele ser mortal por sí misma» salvo que se complique con septicemia. En los tres casos opera lo que el antropólogo Didier Fassin llamó «biolegitimidad»: la idea de que, en las sociedades contemporáneas, la vida biológica que se salva o se pone en riesgo se ha vuelto la fuente de legitimidad política por excelencia, el argumento último con el que un actor justifica sus decisiones —y también sus omisiones— y reparte culpas frente a los demás.

Fassin advirtió, además, que esa legitimidad rara vez se reparte de manera uniforme: hay vidas —o, en este caso, patrimonios pecuarios— cuya protección se vuelve prioridad de Estado casi automáticamente, y otras cuya exposición al riesgo se tolera durante más tiempo antes de que alguien decida intervenir. Que la coordinación federal con Senasica, la entrega de kits, las brigadas de barrido y la dispersión aérea de moscas estériles se hayan desplegado con fuerza en Chihuahua una vez que los casos ya eran una realidad confirmada, y que el reclamo estatal sea precisamente que esa misma urgencia no se aplicó antes, cuando el riesgo era todavía evitable en la frontera sur, es el síntoma más claro de esa jerarquía desigual en la asignación de legitimidad a la vida que se protege: la del hato chihuahuense, hoy; la de contener la plaga en su origen, no con la misma prontitud.

Esa misma reapertura gradual de la exportación de ganado hacia Estados Unidos, que el Gobierno del Estado celebra mientras mantiene «bajo estricta vigilancia sanitaria» al sector pecuario, confirma hasta qué punto la biolegitimidad y la economía terminan por hablar el mismo idioma en este episodio: no se reabre el mercado porque el riesgo haya desaparecido, sino porque se ha vuelto administrable, medible, susceptible de vigilancia continua. La vida del hato se protege en la misma medida —ni más ni menos— en que esa protección permite que el comercio no se detenga.

Cinco capas, un solo animal

Ninguna de estas cinco lecturas agota el fenómeno ni pretende sustituir el trabajo, muy concreto, de veterinarios, epidemiólogos y brigadistas que hoy recorren los ranchos de Chihuahua. Pero juntas dejan ver que la crisis del gusano barrenador no es solo una crisis entomológica: es también una crisis con raíces agrarias de más de un siglo, una crisis sobre la doble naturaleza del animal como vida y como capital, una crisis que pone a prueba un saber campesino de observación tan antiguo como la propia ganadería, una crisis que multiplica fronteras dentro del territorio nacional, y una crisis en la que salvar vidas —animales y humanas— se ha vuelto el argumento con el que cada actor político mide su propia legitimidad. El gusano mide apenas unos milímetros; la disputa que ha abierto a su paso mide, en cambio, la extensión completa de la historia agraria del norte de México.

El autor es reportero y escritor. Estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Su último libro es HÜZÜN. Cuentos, relatos y garabatos.