Nuestro país vive una etapa en la que la escena política tiene importantes efectos económicos. La disputa por el poder, la aplicación de la ley y la regulación desde el Estado se ha convertido en una fuente directa de incertidumbre para la inversión, el consumo y la confianza empresarial. En ese contexto, dos temas recientes pueden analizarse desde esta perspectiva: la detención del exgobernador de Baja California, denunciada por la oposición como un caso de justicia selectiva, y la discusión sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias en telecomunicaciones. Ambos revelan un entramado de fondo: cuando las reglas parecen depender demasiado de la coyuntura política, la economía lo resiente.

El problema no es solo jurídico ni político. Es económico. La confianza en que las normas y regulaciones se aplicarán de manera previsible es una condición básica para que una empresa invierta, para que un medio opere con certidumbre o para que un hogar, sin importar su condición socioeconómica, tome decisiones de gasto de mediano plazo. Cuando esa confianza se erosiona, el costo que puede no ser inmediato, si termina reflejándose en menor inversión, más cautela financiera y una economía más precaria. Los distintos diagnósticos de los analistas coinciden en señalar que la certeza institucional importa tanto como las variables macroeconómicas tradicionales.

La calificadora Fitch, por ejemplo, ha advertido que la confianza de los inversionistas en México está influida por el Estado de derecho, la estabilidad regulatoria y la incertidumbre relacionada con el entorno político y comercial. La OCDE, por su parte, ha señalado que la corrupción, la extorsión y la falta de certeza jurídica frenan el crecimiento. A eso se suma el dato del World Justice Project, que ubicó a México en el lugar 121 de 143 países en su índice de Estado de derecho. No se trata de un solo indicador aislado, sino de un patrón que apunta a una misma fragilidad.

La Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de Banxico ayuda a cerrar el círculo. En su edición de julio, la expectativa de crecimiento para 2026 se ajustó de 1.09 a 1.07, y la de 2027 de 1.78 a 1.76. Son cambios pequeños, pero revelan que el mercado aún no percibe un margen claro para una aceleración sostenida. Es también una señal de que el entorno político e institucional sigue sin ofrecer suficientes incentivos para una recuperación más fuerte.

En ese marco, el caso de Baja California no debe leerse únicamente como una disputa entre partidos. Su valor analítico está en la percepción que deja en quienes están fuera del círculo; la aparente discrecionalidad, en economía, siempre es una mala noticia. No porque todo deba verse desde la óptica de los mercados, sino porque el funcionamiento normal de la actividad productiva depende de reglas claras y parejas, no de acciones políticas.

Aun cuando la autoridad afirme que aplica la ley de manera imparcial, lo que termina afectando la inversión es la percepción de que la justicia puede operar con sesgo. La economía reacciona tanto a los hechos como a la credibilidad de las instituciones.

El caso de telecomunicaciones ofrece otro ángulo, menos estridente pero igual de importante. La discusión sobre los derechos de las audiencias puede parecer técnica, pero toca directamente el equilibrio entre regulación, competencia y costos de cumplimiento. En principio, proteger a las audiencias es un objetivo legítimo. El problema surge cuando la regulación abre espacio a interpretaciones amplias, obligaciones adicionales o cargas administrativas que terminan encareciendo la operación de medios y concesionarios, con el inminente traslado a los precios de servicios y a menor inversión.

El andamiaje que sostiene una provechosa interrelación entre justicia, regulación y crecimiento es la certidumbre. Cuando la política se muestra con posible discrecionalidad, la economía paga el costo en forma de desconfianza, menor inversión y expectativas más débiles. La estabilidad institucional no es una figura abstracta, sino una condición material para crecer; por ello, existe una muy importante tarea en la acción gubernamental en su conjunto, de garantizar imparcialidad y que las acciones y el discurso generen certidumbre para los agentes económicos nacionales y extranjeros.

El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®.