Hay problemas locales que parecen locales hasta que revelan un problema nacional. Lo que ocurre en el Distrito de Riego 090 “Bajo Río Conchos”, una zona agrícola estratégica de Ojinaga que depende de la presa El Granero, en una de las regiones más áridas del estado, no solo preocupa a sus productores: pone a prueba algo más importante, la capacidad del Estado mexicano para cumplir su palabra.
Esto es especialmente importante en el contexto del creciente interés por el agua en las relaciones entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano afirma que el Tratado de Aguas de 1944 no forma parte de las negociaciones del T-MEC, pero en realidad la gestión de los recursos hídricos es un nuevo tema en la agenda bilateral. La credibilidad de un país no se construye en la mesa de negociaciones; comienza con cumplir su palabra dentro de sus fronteras.
Y esa credibilidad empieza en Chihuahua.
Antes de discutir nuevos compromisos sobre el agua, el Gobierno Federal necesita responder algo muy básico: ¿cuánta agua tiene realmente Chihuahua y qué agua necesita para apoyar a sus productores y comunidades? Esta no es una pregunta menor. Mientras se hacen compromisos a nivel nacional, dentro del estado hay regiones donde el agua ya es escasa. Y si el recurso se está volviendo cada vez más escaso, no se le debe pedir a Chihuahua que confíe en decisiones que no son explicadas ni transparentes.
No es una recomendación cerrar la puerta a la cooperación con Estados Unidos o ignorar las obligaciones internacionales de México. El problema es que, si no se aborda lo que está sucediendo en el estado, no se puede llegar a ningún acuerdo externo. El agua en Chihuahua no es un número en una negociación: abastece cultivos, empleos, familias y comunidades. Así que antes de comprometerse, el Gobierno debe declarar claramente de dónde vendrá, cuánto está disponible y qué consecuencias tendrá para aquellos que ya enfrentan escasez hoy.
El 5 de marzo, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado y los usuarios del Distrito de Riego 090 celebraron una reunión extraordinaria. Se abordó el tema de los peligros para la producción agrícola en la región para resolverlo. No fue una reunión ceremonial ni una promesa política. Fue una mesa institucional donde se hicieron compromisos concretos.
Se acordó establecer grupos de trabajo para abordar los impactos en el plan de riego; incluir al Distrito en el Programa Nacional de Tecnificación; gestionar la adquisición de maquinaria para fortalecer la infraestructura hidroagrícola; desarrollar el proyecto ejecutivo para la restauración del cauce del Río Conchos; y monitorear el uso de aguas subterráneas.
Cinco acuerdos. Cinco compromisos específicos.
El problema es que meses después no hay suficiente información pública para conocer el verdadero avance de estos compromisos. Esta incertidumbre no es generada por los productores; es generada por la ausencia de respuestas.
Esta es una contradicción que no podemos pasar por alto. Si los productores gestionan el agua dada, como señala la propia autoridad, entonces el Gobierno Federal tiene que explicar qué está haciendo para asegurar que el agua sea suficiente y que los acuerdos se estén llevando a cabo. Ahora, hay restricciones, problemas de suministro y promesas que, hasta el día de hoy, no están claras. La responsabilidad pública no puede diluirse.
Porque una cosa es reconocer la responsabilidad que tienen los usuarios en la administración del agua que les corresponde y otra muy distinta es dejar en sus manos un problema que también requiere decisiones, inversión e infraestructura por parte del Estado.
Y esto importa no solamente por la próxima cosecha. Importa porque detrás de cada hectárea hay empleos, familias, cadenas de producción y comunidades enteras cuya economía depende de que exista certeza sobre el agua.
No podemos pedirle al productor que planifique una temporada agrícola si las instituciones no son capaces de darle claridad sobre las condiciones en las que podrá producir. Tampoco podemos pedirles que asuman solos el costo de la escasez mientras los compromisos gubernamentales permanecen sin una explicación pública sobre su cumplimiento.
Pero aquí tampoco se trata de un trato especial para Chihuahua. Lo que se pide es que el Gobierno responda por los acuerdos que hizo. Porque cuando una autoridad se reúne con productores, reconoce un problema y hace una serie de acuerdos, no puede simplemente dejar de lado esa conversación y decir que nunca ocurrió. Un compromiso público no se vuelve menos importante a medida que pasan los meses; por cada día que pasa sin resultados, la obligación de explicar lo que se ha hecho se vuelve mayor.
Y hay algo aún más preocupante. Fue la propia Secretaría de Gobernación la que advirtió en esta reunión que, si no se abordaba el problema, podría surgir un conflicto social en una región fronteriza particularmente sensible. Es decir, el Gobierno Federal era consciente del riesgo. Lo admitió ante los propios productores y las demás autoridades. Así que hoy no basta con decir que el problema se está abordando: debe demostrarse. Cuando una autoridad identifica un riesgo y luego no actúa con la misma urgencia, la distancia entre una advertencia y una crisis puede ser demasiado corta.
Por eso llevé este tema al Senado de la República. No para añadir otra promesa a las que ya existen, sino para preguntar sobre aquellas que aún están pendientes. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué recursos se han asignado? ¿Qué avances se han logrado? ¿Qué fechas se han fijado para lo que aún falta? Son preguntas simples, pero detrás de ellas hay una pregunta fundamental: la responsabilidad de las instituciones hacia las personas a quienes prometieron responder. Y pedir rendición de cuentas no es cuestionar al Gobierno; es recordarle que gobernar también significa ser responsable de los compromisos asumidos.
El agua también tiene memoria
Además, dar seguimiento a estos acuerdos permite evitar que el problema llegue a un punto de mayor tensión. Chihuahua ya vivió con La Boquilla una crisis en la que la falta de información, la percepción de decisiones tomadas desde el centro y la presión sobre el agua terminaron generando un conflicto social de grandes dimensiones. Nadie debería estar interesado en repetir esa historia.
El agua no puede administrarse únicamente cuando aparece una crisis. Se necesita planeación, infraestructura, medición, tecnificación y reglas claras. Y cuando una región enfrenta condiciones de escasez, la obligación de las autoridades es anticiparse al problema, no esperar a que los productores tengan que salir a reclamar una solución.
También por eso es importante que cualquier discusión nacional sobre el agua tenga como punto de partida la realidad de cada cuenca y de cada distrito de riego. No existe una política hídrica responsable si se toman decisiones generales sin conocer las condiciones particulares de las regiones que producen y de las comunidades que dependen de ese recurso.
Cuando México busca transmitir certeza a sus socios comerciales, la mejor manera de empezar no es con discursos, sino cumplir con la palabra. Ningún país fortalece su posición internacional mientras debilita la confianza de quienes producen dentro de su territorio.
Los campos de Chihuahua han demostrado repetidamente su capacidad para soportar la sequía, las restricciones y la incertidumbre. Lo mínimo que merecen es un Gobierno que honre los acuerdos que firma.
Porque defender el agua es también defender la confianza. Y cuando el Gobierno firma compromisos con los productores, cumplirlos no es opcional. Darles seguimiento es también defender los campos de Chihuahua.
La credibilidad, como el agua, no se construye con promesas. Se construye con hechos. Y hoy el Gobierno Federal tiene una oportunidad muy concreta para demostrarlo: cumplir los acuerdos que asumió con los productores del Distrito 090, informar con transparencia qué se ha hecho y garantizar que las decisiones sobre el agua tengan siempre como base la realidad de quienes viven y producen en Chihuahua.
Porque al final, la mejor manera de defender la posición de México hacia afuera es cumplirle primero a México hacia adentro.
El autor es Senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR