En política, el enemigo más letal no siempre está enfrente: a veces comparte el mismo proyecto. Gobernar con autoridad republicana exige, antes que cualquier otra cosa, orden, disciplina y una línea de mando indiscutible. Sin embargo, en la compleja arquitectura del poder contemporáneo, el gobierno de México enfrenta un desgaste peculiar y paradójico: sus flancos más peligrosos no se abren por la presión de una oposición que empuja y gana espacios, sino por las acciones erráticas, arrogantes o facciosas de quienes, presuntamente, forman parte del mismo movimiento.
Cuando el exceso de protagonismo, los caprichos del clan y las lealtades mal entendidas dinamitan la estrategia del gobierno central, el impacto no lo pagan los operadores insubordinados, sino la Presidencia de la República. Es la viva estampa de ese viejo adagio popular que sintetiza la peor pesadilla de cualquier gobernante: “no me ayudes, compadre”.
El capricho geopolítico del clan y la trampa de la soberanía
El episodio reciente protagonizado por un personaje al que se le conoce por dos cosas: por ser hijo de un expresidente y por prácticas relacionadas al nepotismo, al desatar una ruidosa confrontación con la diplomacia estadounidense —utilizando la cancelación de su visa como pretexto para enviar una misiva en la que exigía la remoción de funcionarios extranjeros— ilustra a la perfección esta dinámica.
Relegado a la penumbra de la operación local tras ser apartado de los grandes escaparates federales, el personaje en cuestión experimentó una urgencia vital por recuperar el reflector a cualquier costo. En el fondo, este desplante transpira una arrogancia megalómana: la pretensión de magnificar un diferendo estrictamente personal para convertirlo, por arte de magia, en un conflicto del Estado mexicano.
El cálculo fue tan evidente como pernicioso; al hacerlo, arrastró artificialmente al gobierno federal a una trinchera ajena, obligándolo a lidiar con un diferendo que pone al Estado mexicano en extrema vulnerabilidad. Recurrir al nacionalismo de ocasión para blindar intereses de grupo o personales no es un acto de rebeldía política; es una irresponsabilidad de alcances mayúsculos que compromete directamente la investidura presidencial.
La insubordinación silenciosa y la fachada de unidad rota
Por si fuera poco, la reacción en cadena de los mandatarios estatales —quienes apresuradamente salieron a respaldar al autodenominado “heredero”, al que yo añadiría el calificativo de indisciplinado— me recordó aquel dicho de un expresidente: “Si un hijo hace algo indebido, hay que llamarle la atención, hay que regañarlo. Eso es lo que corresponde, porque si no se corrige en la casa, después se convierte en un problema mayor en la sociedad”.
Lejos de proyectar un bloque monolítico y cohesionado, este respaldo corporativo evidenció la existencia de una “doble ventanilla”. Los gobernadores que priorizan la complacencia de grupo por encima de la congruencia institucional le mandan un mensaje alarmante a la República: la obediencia no siempre rinde tributo al Estado, sino a los cotos de poder tradicional y familiar. Con ello, la labor del gobierno se entorpece, la agenda pública es ocupada por el ruido interno y la presidenta se ve obligada a cargar con el desgaste institucional de disputas que no abonan a la estabilidad del país.
El fuego cruzado
Como si la presión externa y el desaseo político interno fueran insuficientes, el aparato gubernamental también padece de un celo inoportuno desde sus propias oficinas. La intentona para confeccionar listas de comunicadores bajo el pretexto revestido del supuesto “derecho de las audiencias” es la radiografía perfecta de un fuego cruzado. En su afán por ensanchar el control de la narrativa, utilizan herramientas que activan todas las alertas democráticas. Regalarles a los críticos los argumentos idóneos para hablar de censura, justo cuando la administración necesita proyectar solidez y apertura frente a las tensiones externas, es una forma de sabotaje que contradice cualquier lógica de contención política.
La asfixia autoinfligida
Cuando la ocurrencia se disfraza de astucia y el interés personal se impone sobre la razón de Estado, el resultado es una asfixia autoinfligida que mina la capacidad de conducción. La administración central no solo tiene que lidiar con frentes externos y la natural complejidad del ejercicio del poder, sino que carga con el deterioro sistemático que le infligen sus propios cuadros.
Un gobierno que no logra disciplinar a sus operadores ante una provocación sectaria ni frenar los excesos de sus colaboradores o correligionarios corre el riesgo de abdicar de su autoridad. Al final, los desplantes de soberanía fingida, las listas y los respaldos corporativos fuera de lugar hacen visibles las grietas de un sistema que urge de sobriedad y estricto apego institucional. El verdadero desafío de la Señora Sheinbaum no está en Washington ni en la oposición: está en los embates internos que amenazan con consumir su mandato.