Lo ocurrido con Rubén Rocha Moya no fue un episodio administrativo más. Después de 112 días de licencia, el gobernador de Sinaloa regresó al cargo y, apenas 34 horas después, solicitó nuevamente licencia en medio del distanciamiento de Morena y el rechazo público de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue una crisis política de enorme magnitud. Rocha regresó al poder en medio de una crisis de seguridad y gobernanza y tuvo que renunciar nuevamente cuando el mismo movimiento al que pertenece se distanció.
La pregunta ya no es quién hizo posible su regreso. Es cómo un gobernador pudo regresar al poder y pedir licencia en cuestión de horas, y qué dice eso sobre la capacidad real de las instituciones de Sinaloa para ejercer el poder.
Alrededor de ese regreso, hubo rumores sobre quién podría haber intervenido para hacerlo posible. Entre ellos estaba la posibilidad de que se tomara una decisión desde el más alto nivel de poder político con consecuencias directas para Sinaloa y el país.
No corresponde convertir esos rumores en hechos sin evidencia. Pero vale la pena preguntar: ¿siguen funcionando los poderes de Sinaloa con la capacidad, autonomía y legitimidad para cumplir el papel que les encomienda la Constitución? Y si los poderes de Sinaloa han dejado de cumplir su función, la discusión inevitable es si ha llegado el momento de su desaparición.
El regreso de Rocha no puede analizarse como un episodio aislado. Ocurre en un estado donde la seguridad, la gobernabilidad y la capacidad de las autoridades para controlar la situación han sido cuestionadas durante mucho tiempo. Cuando una crisis así se prolonga, ya no es suficiente preguntar al gobernador qué hizo o dejó de hacer. El problema es institucional.
Sinaloa puede tener gobernador, Congreso y Poder Judicial, pero su existencia formal no garantiza que funcionen con la autonomía, autoridad y capacidad necesarias para gobernar, hacer cumplir la ley, proteger a la población y responder por sus decisiones.
Y hay una exigencia todavía más elemental: las instituciones deben demostrar con hechos que su autoridad no está condicionada por el crimen organizado ni por intereses partidistas. El oficialismo no puede tratar este deslinde como un asunto secundario: ante cualquier evidencia de captura o subordinación institucional, la obligación es investigar, aclarar y establecer responsabilidades.
Eso es lo que está en cuestión.
El episodio tampoco fue acompañado de una explicación política proporcional a su gravedad. Sheinbaum dijo que no estaba al tanto de la decisión de Rocha de regresar y no la consideró apropiada. Más tarde, el gobernador solicitó licencia.
Por el momento, se intentó crear una narrativa de normalidad, como si el regreso de Rocha fuera solo una decisión personal y política.
La normalidad institucional no se decreta. Se demuestra cuando las decisiones son claras, hay responsables identificables, las instituciones actúan de manera independiente y los ciudadanos saben quién gobierna y quién rinde cuentas.
Cuando fallan los poderes
No estamos hablando de la desaparición de poderes como en pedir la destitución de un gobierno incómodo o convertir una figura constitucional verdaderamente extraordinaria en una herramienta de venganza partidista. Significa preguntar qué sucede cuando el poder del Estado deja de hacer lo que se suponía que debía hacer.
¿La crisis de gobierno se convierte en crisis de poderes?
Sinaloa nos obliga a hacernos esa pregunta. Si el gobernador está en el centro de una crisis de seguridad y gobernanza, hay dudas sobre su regreso, y las instituciones no explican quién tomó las decisiones ni ofrecen certezas sobre el rumbo del estado, ya no estamos hablando de un problema político personal. Estamos hablando de la verdadera capacidad del Estado para gobernarse a sí mismo y mantener un límite claro contra el crimen organizado y cualquier poder político que busque influir en él.
Cuando ese límite es incierto, la formalidad institucional puede permanecer intacta mientras la realidad se desmorona. Eso no es lo que podemos permitir que suceda en Sinaloa.
La dimensión internacional
El caso adquiere una dimensión delicada debido al interés de Estados Unidos en Rocha Moya y muchos otros en Sinaloa, especialmente cuando se trata de seguridad y crimen organizado. Esto no prueba la intervención de EE.UU. ni la responsabilidad de aquellos que son señalados, pero nos lleva a preguntar: ¿qué saben las autoridades mexicanas sobre ellos y sobre la situación del estado?
Si hay investigaciones o información relevante, el Gobierno Federal debe explicar qué sabe, qué está haciendo y cómo asegura que las instituciones no estén influenciadas por el crimen organizado. No se trata de reemplazar pruebas con sospechas, sino de exigir una separación institucional clara e inequívoca.
La desaparición de poderes
Por lo tanto, la desaparición de poderes debe presentarse como una posibilidad constitucional dramática, no como un eslogan o una venganza política.
Si hay evidencia inequívoca de que los poderes de Sinaloa han dejado de funcionar, entonces la demanda es disolver el estado y establecer una estructura de gobierno que funcione con el pueblo.
No se trata de un vacío de poder o de entregar el estado a otro grupo político. La solución es establecer las condiciones para que Sinaloa vuelva a tener instituciones que puedan gobernar, ser seguras y responder a la población.
Debe incluir un gobierno de transición ciudadano, integrado por perfiles intachables y con una misión específica:
– Pacificar el estado
– Restablecer el orden institucional
– Generar condiciones de seguridad y certeza
– Preparar una nueva elección democrática
La transición no puede ser otra forma de mantener el poder o de distribuir los cargos entre intereses. Debe ser temporal, limitada y transparente.
Si las instituciones han fallado, no tiene sentido resolver la crisis reproduciendo las condiciones que la provocaron.
La hora de decidir
Todavía no conocemos todos los elementos del caso Rocha. Hay hechos que necesitan ser aclarados, responsabilidades que deben ser determinadas y decisiones que deben ser explicadas.
Pero la discusión ya no puede limitarse a quién ordenó el regreso de Rocha, qué sabía el Gobierno Federal o qué quiere o sabe Estados Unidos. Esas preguntas son parte de un problema mayor.
La cuestión es si los poderes de Sinaloa continúan funcionando con la autonomía, capacidad y legitimidad necesarias para cumplir con su responsabilidad constitucional. Si es así, deberán demostrarlo en la acción. Si no pueden hacerlo, mantenerlos funcionando en el papel solo prolongará la crisis.
Lo que le pasó a Rocha hace difícil considerar el problema como una serie de casos aislados. Hay una crisis de seguridad, dudas sobre decisiones fundamentales, preguntas sobre las acciones de las autoridades y una demanda cada vez más urgente de una clara separación del crimen organizado y los poderes políticos.
Si los poderes del estado ya no pueden garantizar autoridad, seguridad y autonomía, la desaparición de poderes deja de ser un eslogan y se convierte en una posibilidad que necesita ser discutida seriamente.
Y después de eso no puede venir otra componenda. Debe haber una transición liderada por ciudadanos, limitada y transparente que pacifique Sinaloa, reconstruya sus instituciones y devuelva a la gente de Sinaloa la decisión sobre su futuro.
Porque lo que es verdaderamente peligroso no es discutir la desaparición de poderes. Lo peligroso es que todavía existan en papel mientras otros poderes (criminales o políticos) juegan con la autoridad del estado en la práctica.
La hora de los poderes ha llegado.
El autor es senador por Chihuahua y Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal.
@MarioVzqzR