Las recientes lluvias torrenciales volvieron a exhibir una de las principales vulnerabilidades estructurales de Acapulco: una ciudad altamente expuesta a fenómenos hidrometeorológicos, con infraestructura urbana que en distintos puntos no tiene capacidad suficiente para conducir y desalojar los escurrimientos. La inundación de la avenida Costera Miguel Alemán no debe analizarse únicamente como consecuencia de una precipitación extraordinaria. Debe entenderse como el resultado de la interacción entre un fenómeno natural, condiciones preexistentes de vulnerabilidad y decisiones de planeación, construcción y mantenimiento de infraestructura.

La lluvia constituye la amenaza; el desastre, sin embargo, se construye cuando esa amenaza encuentra una ciudad vulnerable.

Durante los episodios recientes, la Costera Miguel Alemán, la avenida Cuauhtémoc y diversas vialidades de la zona urbana registraron importantes acumulaciones de agua, con vehículos varados, afectaciones a negocios, interrupciones a la movilidad y riesgos para peatones y automovilistas. En el caso de la zona Dorada, la inundación del 12 de julio afectó el tramo comprendido entre la glorieta de La Diana y Costera 125 y obligó al cierre temporal de la vialidad.

El problema, por tanto, no puede reducirse a contabilizar cuánta lluvia cayó ni a determinar cuántas toneladas de basura fueron arrastradas por las corrientes. Lo relevante es que por qué una precipitación intensa encuentra una infraestructura incapaz de conducir el agua de manera segura y por qué existen puntos que vuelven a inundarse de manera recurrente.

La basura es un factor de riesgo, pero no explica por sí sola el desastre. La explicación oficial que atribuye las inundaciones fundamentalmente a los residuos sólidos arrastrados por las corrientes corre el riesgo de confundir una causa inmediata con las condiciones que permiten que esa causa produzca daños.

En otras palabras, el residuo que tapa una coladera puede ser el detonante inmediato, pero la magnitud de la inundación depende también de la capacidad y redundancia del sistema hidráulico.

Culpar exclusivamente a la basura desplaza la discusión desde la capacidad institucional para administrar el riesgo hacia la conducta individual de los ciudadanos. Y eso resulta insuficiente para una ciudad que, por su ubicación geográfica, topografía, urbanización y exposición al mar, necesita una política permanente de prevención y reducción de riesgos.

El caso de la calle Juan de la Cosa, en el acceso a Playa El Morro, resulta particularmente relevante porque se trata precisamente de una intervención destinada a atender un problema relacionado con el agua y la protección de la zona costera.

La obra fue presentada como una intervención de remediación y preservación y contempla infraestructura para conducir los escurrimientos hacia el mar. Sin embargo, durante las lluvias de julio la zona volvió a inundarse. La propia autoridad municipal reconoció que una obstrucción en la desembocadura impidió el desfogue y provocó el anegamiento temporal de la vialidad. Posteriormente, el Ayuntamiento anunció modificaciones al sistema, entre ellas la incorporación de dos tubos adicionales para aumentar su capacidad de descarga.

Aquí aparece una contradicción que merece ser examinada desde la perspectiva de la gestión del riesgo: una infraestructura construida para reducir inundaciones terminó requiriendo ajustes precisamente después de registrarse una inundación en el sitio intervenido.

Esto no significa, sin un peritaje técnico, que pueda atribuirse toda la inundación exclusivamente a la obra. Sí significa que existen elementos suficientes para cuestionar si el proyecto fue concebido con una evaluación integral de las condiciones hidráulicas, topográficas, costeras y operativas del sitio.

La propia información periodística documenta que la obra, iniciada en diciembre de 2025, permanecía inconclusa meses después y que su inversión supera los 26 millones de pesos. La obra estuvo a cargo de la empresa constructora Cruz Grande S.A. de C.V.

Más preocupante aún es lo señalado por el director de Obras Públicas ante regidores: el municipio no habría elaborado el proyecto integral, sino que recibió documentación de Zofemat y procedió a ejecutar lo que le fue entregado. La misma autoridad planteó posteriormente ampliar las superficies de captación e incorporar dos tubos adicionales.

Desde una perspectiva de administración pública, resulta inconcebible que la autoridad responsable de ejecutar una obra que pretende reducir un riesgo hacerlo sin contar previamente con un proyecto integral que permita determinar su capacidad hidráulica, condiciones topográficas, funcionamiento y mantenimiento.

Uno de los errores más frecuentes en la política urbana consiste en asumir que construir infraestructura equivale automáticamente a reducir el riesgo.

Para Acapulco, las inundaciones tienen una dimensión económica que frecuentemente queda fuera del discurso de emergencia.

Cada episodio de anegamiento implica costos directos para las familias y empresas: daños a vehículos, mercancías, mobiliario, instalaciones y viviendas. Pero existen también costos indirectos mucho mayores: interrupciones del tránsito, pérdida de horas laborales, cancelaciones, reducción de ventas, afectaciones a restaurantes y hoteles, deterioro de la imagen turística y mayores gastos públicos destinados a limpieza, reparación y atención de emergencias.

En una economía fuertemente vinculada al turismo, una vialidad como la Costera Miguel Alemán no es simplemente una calle. Es una infraestructura económica estratégica.

El puerto ha experimentado huracanes, lluvias extraordinarias, inundaciones, deslaves y daños severos. Otis y John demostraron el enorme costo económico y social que puede tener la combinación de fenómenos naturales extremos y vulnerabilidades urbanas.

Por ello, la protección civil no debería comenzar cuando el agua ya está dentro de los negocios o cuando los vehículos ya quedaron varados en la Costera.

La responsabilidad gubernamental tampoco termina con retirar el agua o desbloquear un desfogue en menos de una hora. Resolver una emergencia es necesario, pero prevenir que el mismo punto vuelva a fallar es la verdadera medida de eficacia institucional.