La presidenta Sheinbaum ha presentado su Segundo Informe de Gobierno como lo hace cualquier administración: subrayando lo logrado, aun cuando se trate de avances parciales y sin un impacto definido. Hasta ahí, nada distinto de lo que hace cualquier gobierno. Tampoco llama la atención la forma distintiva de comunicarlo: giras por todo el país, anuncios difuminados en redes, promesas que se sienten más de campaña que de rendición de cuentas; y no es casualidad que esto ocurra justo cuando las elecciones intermedias del próximo año ya iniciaron con campañas adelantadas.
El mensaje central es de un Estado que está presente y que funciona: menos homicidios, más programas sociales, viviendas nuevas, más lugares en las universidades, médicos que van casa por casa; y hay datos que respaldan parte de ese relato: entre septiembre de 2024 y julio de 2026 el promedio diario de homicidios habría caído 51%, el programa Salud Casa por Casa promete llegar a millones de personas, y se está construyendo vivienda pensada para quienes menos tienen.
Nada de esto se puede descartar sin más. Si la baja en homicidios se sostiene se puede hablar de un cambio real: familias que gastan menos en protegerse, negocios que operan con más tranquilidad, un entorno más atractivo para invertir. Lo mismo con la vivienda: si el programa se ejecuta bien, puede al menos reducir un déficit que se lleva arrastrando durante años. Y una atención médica más preventiva bien podría traducirse en menos gasto de bolsillo y menos hospitalizaciones que se pudieron evitar.
Pero entre lo que se anuncia, lo que efectivamente sucede y lo que termina llegando a la gente, hay una distancia que conviene no perder de vista. En seguridad, el promedio nacional puede estar ocultando lo que pasa región por región: extorsión que sigue ahí, desapariciones que no bajan al mismo ritmo, una impunidad que sigue siendo alta. Detener criminales o decomisar armas no es lo mismo que impartir justicia de verdad —para eso hacen falta investigaciones que realmente sirvan, sentencias, reparación a las víctimas, justicia que no dañe los bolsillos. El termómetro no debería ser solamente cuántos homicidios hay al día, sino si el Estado está recuperando control sobre territorios y mercados que hoy operan al margen de la ley.
Con la salud pasa algo parecido. Que un médico visite personalmente las casas amplía el acceso, sí, pero no garantiza diagnóstico certero, medicamentos disponibles, atención especializada cuando se necesita, ni el seguimiento que un tratamiento real exige. En educación, las becas universales y los 37 mil nuevos lugares en universidades responden a una demanda que existía y que era urgente atender —eso hay que reconocerlo—, aunque el resultado de fondo se verá en si los estudiantes se quedan, terminan la carrera y luego consiguen empleo. Y en vivienda, la brecha entre lo anunciado, lo contratado, lo iniciado, lo terminado y lo habitado va a decir mucho más que cualquier cifra de arranque. Una casa sin transporte cerca, sin agua, sin seguridad, sin empleo cercano, cumple con una meta en el papel, pero no necesariamente cambia la vida de quien la habita.
Conviene detenerse en algo de fondo: lo que estamos viendo no parece ser exactamente un Estado de bienestar en el sentido clásico, sino algo más cercano a un “populismo de Estado”. No se trata de cuestionar que exista política social —esa legitimidad no está en duda— sino de fijarse en cómo opera: el gobierno centraliza la entrega de beneficios, los personaliza en la figura de la presidenta y convierte cada programa casi en una prueba de lealtad. El ciudadano deja de ser, en los hechos, alguien con derechos que puede exigir a instituciones que funcionan independientemente de quién esté en el poder, y pasa a ser más bien beneficiario de decisiones que bajan desde arriba.
El balance real habrá que construirlo en los próximos meses, pero ya se puede anticipar hacia dónde apunta. El gobierno sí ha ampliado la presencia del Estado en la vida cotidiana de la gente y tiene resultados que mostrar. El asunto es que un Estado más presente no es automáticamente un Estado más capaz. Para que el bienestar se sostenga en el tiempo hacen falta servicios de calidad, instituciones que no dependan de quién gobierna, evaluación independiente, financiamiento que no sea ficticio y costoso, y resultados que no estén atados a la cercanía política con el presidente en turno.
Por eso el verdadero examen del Segundo Informe no va a estar en cuántos anuncios se hagan ni en qué tan grandes sean los porcentajes, sino en la relación entre lo que se logra, con qué capacidades se logra y a qué costo. La pregunta que queda pendiente después del mensaje presidencial es si la baja en violencia realmente se sostiene, si los programas sociales generan autonomía o solo dependencia, si las nuevas viviendas integran a la gente a la ciudad o la dejan aislada y si educación y salud de verdad amplían oportunidades. El informe mostrará, sin duda, un Estado más visible. Lo que todavía está por verse es si también es un Estado más eficaz, más justo, y menos atado a los tiempos electorales.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®