Cada 15 de septiembre México celebra una independencia que ha superado grandes desafíos: nadie cuestiona la soberanía política del país. La pregunta incómoda es otra: ¿qué tan independiente es, en los hechos, su economía? No se trata de la falacia de la autosuficiencia energética o alimentaria —un déficit ya asumido y discutido ampliamente—, sino de algo más delicado: las palancas que hoy sostienen el crecimiento y la salud financiera del país están, en gran medida, fuera del control soberano.
En los últimos trimestres, el sector externo ha sido el principal sostén del crecimiento económico del país. Mientras la inversión privada nacional se mantiene cautelosa —a la espera de mayor certidumbre— y el consumo interno se contiene a pesar de una aparente mejoría en los ingresos, las exportaciones han evitado que la economía caiga en una recesión más profunda. Hasta aquí, no hay nada negativo: un comercio exterior dinámico es una fortaleza, no un defecto. El matiz aparece cuando se observa de qué está hecho ese motor.
El valor agregado nacional en las exportaciones manufactureras ronda apenas 48% del total: casi la mitad de lo que el país vende al exterior corresponde, en realidad, a insumos importados que solo se ensamblan aquí. A eso se suma que la inversión extranjera directa, si bien no se ha ido, se ha vuelto más prudente que expansiva: el capital ya instalado sostiene operaciones existentes, pero el nuevo no llega en la magnitud necesaria para crear más empleo ni para transferir tecnología de manera significativa. El problema no es que México dependa del comercio exterior —eso es normal en cualquier economía abierta—, sino que ese pilar está perdiendo el cobijo de un T-MEC que está en revisión y ya no será el mismo. El motor que sostiene el crecimiento actual depende de una negociación trilateral en la que México participa, pero no decide con verdadera capacidad soberana.
Algo parecido ocurre con el fenómeno de las remesas, que no tiene una interpretación intuitiva. En los últimos años se han establecido récords anuales de envíos llegando a registrar 60 mil millones de dólares. Sin embargo, este auge es más producto de la necesidad de enviar más dinero para apoyar el gasto de los hogares y la pérdida de poder adquisitivo, que el que haya más migrantes trabajando ni mejores condiciones para ellos. En estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Chiapas, donde las remesas representan entre 12% y 16% del PIB estatal, ese ingreso no es un apoyo extra para el bienestar: es el soporte de una economía regional que se ha vuelto dependiente de la migración y de las decisiones migratorias que se toman en Washington, no en México; de hecho, el número de remitentes ha venido cayendo por el endurecimiento de los controles.
En donde también se ha venido perdiendo soberanía es en las finanzas públicas. La deuda pública que se ha duplicado, resta libertad de acción a las decisiones de la administración gubernamental. El indicador más amplio de la deuda —el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público— alcanzaría 21.6 billones de pesos al cierre de 2027, el nivel más alto desde que hay registro, equivalente a poco más de la mitad del PIB. Lo relevante no es solo el monto, sino su costo: pagar los intereses de esa deuda le cuesta hoy al erario más de lo que gasta en salud y en educación pública. México conserva su grado de inversión (si bien en los últimos escalones) y buena parte de esa deuda está en pesos y a tasa fija, lo cual reduce riesgos cambiarios. Pero cada peso adicional que se destina a pagar intereses es un peso menos disponible para hacer política pública sin llamar la atención de las calificadoras y de los mercados internacionales: el margen de maniobra del país se ha ido estrechando.
A esto se suma lo que ya sabíamos: México importa entre 70% y 75% del gas natural que consume y más de la mitad de su gasolina, y produce menos de la mitad del maíz y menos de un tercio del trigo que necesita. No es la novedad de este análisis, es el piso sobre el que se construyen los demás problemas.
La independencia que se conmemora cada septiembre es política y simbólica, y en eso no hay nada que agregar. La que falta construir es la que se mide en el valor agregado de lo que exportamos, en si las familias mexicanas dependen de la política migratoria de otro país para llegar a fin de mes, y en cuántos pesos de cada presupuesto se van a pagar deuda en lugar de invertirse en algo productivo. México no perdió su soberanía económica en una guerra ni en un tratado impuesto: lo está haciendo con decisiones propias y por una distorsionada política económica.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®
