La oposición o resistencia que se presenta en determinadas comunidades de Guerrero frente a los operativos del Ejército, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales no puede ser interpretada de manera homogénea como una expresión de respaldo al crimen organizado. El fenómeno responde a un entramado de coerción, miedo, intereses económicos, control territorial, desconfianza institucional, mecanismos de cooptación y, en algunos casos, participación comunitaria genuina en defensa de intereses locales.

Desde una perspectiva de seguridad pública, el principal riesgo analítico consiste en asumir que toda movilización, bloqueo o rechazo a las fuerzas de seguridad constituye evidencia directa de una “base social” criminal. En territorios sometidos a violencia prolongada, una misma comunidad puede contener simultáneamente víctimas, personas coaccionadas, actores que obtienen beneficios del orden criminal y sectores que participan voluntariamente en acciones de resistencia.

Uno de los factores que permite explicar la resistencia comunitaria es la capacidad de los grupos delictivos para ejercer control social mediante amenazas y represalias. Junto a ello, la incapacidad manifiesta de los tres niveles de gobierno de garantizar seguridad o al menos vigilancia en las áreas rurales.

En las zonas donde una organización criminal mantiene presencia permanente, la población enfrenta una asimetría fundamental: las fuerzas de seguridad pueden realizar un operativo durante horas o días, mientras que el actor criminal permanece en el territorio después de que el despliegue institucional concluye.

Esta diferencia genera un incentivo de supervivencia. Para una familia, comerciante, transportista o autoridad comunitaria, colaborar con una movilización puede representar una forma de reducir el riesgo inmediato de represalias.

La coerción puede adoptar diferentes modalidades como las amenazas directas contra habitantes o familiares; presiones para participar en bloqueos o concentraciones; retención o intimidación de autoridades comunitarias; Cobro de multas o sanciones a quienes se nieguen a participar; presiones sobre comerciantes y transportistas; restricciones de movilidad; control de servicios o actividades económicas; amenazas de violencia contra quienes colaboren con las autoridades.

Por ello, la participación visible de habitantes en un bloqueo no necesariamente equivale a adhesión ideológica o identificación con el grupo criminal. Puede constituir una conducta.

La relación entre las organizaciones criminales y las comunidades tampoco debe reducirse exclusivamente al miedo.

En determinados territorios puede existir una combinación de coacción y beneficios materiales, mediante la cual el actor criminal obtiene cooperación de determinados sectores a cambio de recursos, protección, empleo, acceso preferencial a actividades económicas, apoyo para obras o solución de necesidades que las instituciones públicas no han atendido oportunamente.

Este mecanismo resulta particularmente relevante en regiones con altos niveles de marginación y una presencia estatal históricamente irregular.

La cooptación puede generar una relación de dependencia en la que algunos habitantes obtienen beneficios reales del orden impuesto por el grupo, mientras otros participan por miedo y un tercer grupo se mantiene al margen o se opone.

Por ello, resulta más preciso hablar de “redes sociales diferenciadas de cooperación, dependencia y coerción” que de una base social homogénea.

La entrega de recursos o beneficios, cuando está documentada, debe analizarse como un mecanismo de construcción de legitimidad local y no automáticamente como evidencia de respaldo generalizado de toda la comunidad.

El caso de Los Ardillos constituye un ejemplo relevante de esta dinámica.

La organización mantiene una presencia histórica en municipios de la región Centro y Montaña Baja. En mayo de 2026, autoridades federales identificaron públicamente a Los Ardillos y Los Tlacos como los grupos criminales vinculados al conflicto registrado en comunidades de Chilapa.

La violencia registrada durante mayo también muestra que la relación entre el grupo y las comunidades no puede caracterizarse simplemente como una alianza social.

Diversos reportes documentaron ataques contra comunidades indígenas de la Montaña Baja, incluyendo Tula, Xicotlán, Coatzingo y Alcozacán. El Congreso Nacional Indígena y organizaciones comunitarias denunciaron ataques con armas de grueso calibre y drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de artefactos explosivos.

El Gobierno federal desplegó posteriormente 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de medios aéreos y servicios médicos, después de varios días de bloqueos, enfrentamientos y desplazamientos. G Gobierno de México

La dimensión del desplazamiento es particularmente importante porque demuestra que en determinadas comunidades existe una confrontación abierta entre organizaciones criminales y sectores de la población organizada.

En comunidades vinculadas al CIPOG-EZ y a policías comunitarias, la oposición a determinados actores criminales tiene características diferentes a las de una movilización inducida por éstos.

Reportes de 2026 documentaron una prolongada confrontación entre Los Ardillos y sectores de comunidades indígenas de la Montaña Baja. También se registraron desplazamientos y ataques que afectaron a habitantes de Tula, Xicotlán y otras localidades.

Por ello, sería metodológicamente incorrecto interpretar toda movilización comunitaria como una extensión de los intereses de Los Ardillos. En algunos casos, la organización comunitaria puede constituir precisamente un mecanismo de resistencia frente al control criminal.

Esta distinción es fundamental: una comunidad puede rechazar un operativo porque está siendo presionada por un grupo criminal, pero otra puede rechazarlo porque desconfía de las instituciones, porque defiende sus mecanismos tradicionales de seguridad o porque considera insuficiente la estrategia gubernamental. Las conductas externas pueden ser similares aunque las motivaciones sean completamente diferentes.

Calificar de manera indiscriminada las protestas o bloqueos comunitarios como “apoyo al crimen organizado” puede producir un diagnóstico equivocado del entorno operacional.

El desafío para el Estado consiste en romper la capacidad de los grupos criminales para convertir el miedo en obediencia, sin criminalizar a comunidades enteras y sin confundir a las víctimas de la coerción con los operadores que instrumentalizan las estructuras comunitarias.