Los datos del Latinobarómetro 2026 (1) —estudio diseñado para medir el grado de politización, la cultura política y la percepción democrática de la ciudadanía en América Latina— revelan para México un escenario profundamente alarmante. Apenas 45% de los mexicanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que cerca de 30% declara que le da lo mismo vivir en un régimen democrático o no democrático. Al mismo tiempo, más de 70% manifiesta desconfianza hacia el Congreso y los partidos políticos, y solo 35% cree que se ha avanzado en reducir la corrupción.

Más grave aún es la normalización de una democracia vaciada de sus contrapesos esenciales: el estudio documenta que 46% de los mexicanos considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, 42% sin oposición, 40% sin Congreso e incluso cerca de 28% cree que se podría prescindir de las elecciones.

En comparación regional, México se ubica en el grupo de países con menor respaldo democrático: mientras Argentina alcanza 73% y Uruguay 64% de apoyo a la democracia, México apenas llega a 45%, más cerca de casos críticos como Guatemala (35%) o Brasil (41%). Esta ubicación confirma que la crisis de confianza en las instituciones democráticas  no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia regresiva que coloca al país en la franja más vulnerable de la región.

Al contrastar estos resultados con los que prevalecían apenas en 2023 —cuando el apoyo a la democracia alcanzaba 48%, la preferencia por la indiferencia era menor y la percepción sobre la lucha contra la corrupción era más optimista—, la evidencia revela un retroceso sostenido en la forma en que la sociedad comprende la convivencia pública. El concepto mismo de democracia se ha ido despojando aceleradamente de su contenido garantista y del discurso fundamental de los derechos humanos.

Este fenómeno no ocurre por generación espontánea; responde a una operación retórica promovida desde el oficialismo. En los últimos años se ha apelado de manera permanente a la figura del “ciudadano”, pero operando en los hechos su pronta neutralización. Quienes conformamos la comunidad política hemos sido desplazados paulatinamente de la condición de sujetos activos —poseedores de derechos plenos, exigibles y justiciables— para ser reducidos a la condición de receptores de programas sociales que, en su implementación práctica, se transforman en beneficios condicionados. Bajo esta lógica, la legitimidad pública ya no proviene del cumplimiento de la norma ni de la exigencia legal individual, sino de la concesión del poder. Esta transacción implícita resulta un pésimo negocio social: canjear la exigencia de contrapesos por transferencias monetarias implica un costo incalculable, pues al desmantelar los tribunales y mecanismos independientes que garantizan nuestras libertades, la ciudadanía pierde también la capacidad de defender esos mismos programas cuando el poder decida alterarlos de manera arbitraria.

Esta transferencia de la decisión hacia la colectividad se observa con claridad en la vida cotidiana y en las lógicas de relación con la administración pública. La capacidad del ciudadano para exigir de forma individualizada, autónoma y con sustento en la legalidad un comportamiento determinado a las autoridades ha sido debilitada. En su lugar, la interacción pública se ha canalizado a través de estructuras intermedias —como los consejos vecinales, los comités escolares o las asambleas comunitarias de programas sociales— que, bajo la fachada de la participación social, imponen sobre la exigencia individual una línea prediseñada que define de manera general “la necesidad común”. Lejos de representar un avance democrático, este esquema constituye una auténtica regresión histórica: destruye las formas más evolucionadas de gobernanza, contraloría social autónoma y rendición de cuentas construidas en las últimas décadas, reinstaurando el viejo corporativismo autoritario bajo nuevos rostros y lenguajes.

Al acostumbrar al individuo a que su voz y sus derechos solo valen si se subordinan a la asamblea o al comité, la estrategia discursiva que estigmatiza el disenso y la diferencia logra disminuir la capacidad crítica de la sociedad. Ser ciudadano exige el reconocimiento explícito del pluralismo, la defensa del libre debate y la existencia de límites claros al ejercicio del poder público. Cuando el sujeto de derechos se diluye en la colectividad y sustituye la exigencia legal por la adhesión o la gratitud, el ejercicio ciudadano se restringe.

Para comprender la gravedad de esta erosión, es indispensable recordar que la democracia opera como un constructo tridimensional. No es únicamente un procedimiento electoral ni un arreglo institucional distante; abarca simultáneamente tres dimensiones fundamentales:

  • Como modo de vida, la democracia se sustenta en la cultura cotidiana del respeto a la diversidad, el reconocimiento de la individualidad, la tolerancia al disenso y la exigencia autónoma de derechos frente a la autoridad.
  • Como sistema político, la democracia exige reglas claras, contrapesos efectivos, pluralismo ideológico y la existencia indispensable de partidos y elecciones competitivas que encaucen la contienda por el poder.
  • Como forma de gobierno, la democracia se materializa en la sujeción estricta de las autoridades al marco constitucional, impidiendo la arbitrariedad, la concentración del mando y el debilitamiento de los órganos de control.

Ahí radica la trampa fundamental del proyecto actual. Cuando la democracia se vacía como modo de vida —sustituyendo el disenso por la subordinación a la asamblea corporativa— y se desmantela como sistema político —convenciendo a la sociedad de que la oposición, los partidos, el Congreso y las elecciones son prescindibles—, la forma de gobierno degenera inevitablemente en el autoritarismo.

Democracia y ciudadanía son conceptos indisociables: la primera se desmorona cuando la segunda se deconstruye y se despoja de su capacidad de exigencia autónoma. La verdadera tragedia no es solo que el poder busque concentrarse —sometiendo al federalismo, al Congreso y al Poder Judicial—, sino que como sociedad hayamos comenzado a validar la idea de que puede existir una democracia sin ciudadanía, o de que es posible ejercer la ciudadanía al margen de la democracia. Al aceptar que el régimen puede prescindir de la oposición, del equilibrio de poderes y de las garantías individuales, no ganamos un “pueblo al mando”; simplemente entregamos las llaves de nuestra propia libertad.

Notas:

  1. Corporación Latinobarómetro. 2026. Informe Latinobarómetro 2026. Santiago de Chile. https://www.latinobarometro.org/news/informe-latinobarometro-2026