En enero de 2015, mientras un grupo de restauradores abría calas en el atrio de la Catedral de Chihuahua para medir la humedad del subsuelo, la tierra devolvió vértebras, falanges y fragmentos de cadera. La arquitecta a cargo de la obra lo resumió sin énfasis, «el sitio que ahora ocupa la Catedral se usó como panteón». La frase, dicha al pie de una zanja, contiene el libro entero. Bajo la plaza que hoy cruzan feligreses y turistas yace una ciudad más numerosa que la de arriba, y Reidezel Mendoza Soriano ha tenido el acierto, y la paciencia, de ponerle nombre, cifras y cronología.
En su libro Cementerios de antaño. Una historia de la muerte en Chihuahua (1709-1920) recorre doscientos once años, de la fundación del Real de San Francisco de Cuéllar en 1709 a la clausura definitiva de los panteones decimonónicos en 1920. Es una historia de la muerte en el sentido pleno que la expresión adquirió desde que Philippe Ariès enseñó a los historiadores a mirar el cementerio como se mira un archivo. Mendoza lo sabe y lo dice sin cortesías de cátedra. Ariès es su interlocutor constante, el que explica por qué el entierro ad sanctos reunía a los muertos junto a los altares, por qué el atrio fue durante siglos un espacio público donde los huesos asomaban sin escándalo y cómo surgió, en cierto momento, el «sentimiento nuevo» de querer saber dónde exactamente reposa el ser querido. Pero el libro no se limita a ilustrar al maestro francés con ejemplos locales. Lo pone a prueba en un territorio de frontera minera, con epidemias de tabardillo y viruela, con apaches en el camino y con una Iglesia que necesitaba el dinero de las sepulturas para levantar su templo.
Lo que Ariès hizo con testamentos, epitafios y monumentos funerarios, Mendoza lo hace con una base documental que rara vez se ve reunida en la historiografía regional. Los libros de entierros de la parroquia, que arrancan en 1709 con el sepelio de Diego de Acosta, permiten contar, y los números impresionan. Entre 1738 y 1802 se sepultaron 6,066 cuerpos bajo el coro de la actual Catedral. Entre 1763 y 1764, cuando la epidemia cuadruplicó los entierros, en dos años se enterraron 706 personas dentro del templo y 511 en el cementerio anexo. La Catedral guarda en su interior los restos de unas 10,290 personas y, bajo el camposanto anexo que se arrasó a fines del siglo XIX, descansan los de alrededor de 18,826 más. Detrás de cada cifra hay un registro que dice quién era, cuánto pagó y dónde quedó. Hay entierros de «cruz alta» a veinticinco o treinta y un pesos, de «cruz baja» a cantidades menores y de «limosna» para quienes se hundían en la fosa común del atrio. El libro devuelve así la desigualdad de la Nueva Vizcaya en su forma más rotunda, la distancia en varas entre el cuerpo y el altar.
Hasta aquí, sin embargo, se trata de un trabajo de archivo, excelente pero reconocible. Lo que lo vuelve singular es la decisión metodológica de no dejar que el papel tenga la última palabra. Mendoza, que realizó buena parte de las entrevistas y del trabajo de campo junto con Paola Juárez, buscó a quienes tienen los huesos en las manos. En el laboratorio de osteología de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, los antropólogos físicos Gerardo Valenzuela Jiménez y Yessica Yahaira Ibáñez Guaderrama analizaron los restos recuperados del presbiterio catedralicio, y el libro incorpora sus resultados con una honestidad que los historiadores no siempre se permiten. El mal estado de conservación solo dejó estimar el sexo en dos cráneos y seis coxales, y la edad en tres cráneos, de entre 39 y 51 años, y en los coxales, de entre 52 y 73. El conjunto corresponde a un mínimo de doce personas, mayoritariamente mujeres. Un cráneo con rasgos europeos, resguardado en esa misma escuela, lleva a Mendoza a plantear que podría tratarse de la marquesa de Torre Campo, sepultada en el presbiterio en 1745, aunque se cuida de afirmarlo y escribe únicamente que no puede descartarse. Es la prudencia de quien sabe que una hipótesis bien formulada vale más que una certeza fabricada.
A la antropología física se suma la arqueología, que aparece no como adorno sino como contrapeso. El libro sigue las excavaciones del arqueólogo Alberto Peña Rodríguez, quien en 2017 documentó en el presbiterio huesos fragmentados, sin asociación anatómica, entre cincuenta centímetros y dos metros de profundidad, y concluyó que hubo «reuso de las fosas». También recoge los sondeos de Arturo Guevara Sánchez sobre los pisos antiguos de la calle frente al templo, donde apareció la cabeza de un fémur humano, y la observación del antropólogo Jorge Carrera Robles, delegado del INAH, sobre los hallazgos del atrio. A ellos se añaden las calas de 1988 que el arquitecto Gastón Fourzán recordó en entrevista, con sus envoltorios diminutos y sus fragmentos de guaje, y que permitieron rastrear el desaparecido Pozo de las Ánimas, el osario donde los huesos secos se trasladaban cuando las tumbas se saturaban. El archivo dice que se enterraba bajo el coro, y el hueso revuelto confirma que las fosas se reabrían y reutilizaban. También los documentos afirman que existió un osario, y la cruz tallada en el muro y la escalera de caracol tapiada con adobe le dan lugar. Ninguna fuente basta por sí sola, y el libro funciona porque las pone a conversar.
De esa conversación surge una historia social de la salvación. Mendoza muestra cómo los cofrades, a cambio de una cuota, aseguraban misas y sepultura, cómo los más devotos pedían ser amortajados con el hábito de San Francisco para acortar su estancia en el Purgatorio, y cómo un vecino acaudalado como el general José de Orio y Zubiate dejó dispuestas cuatro mil misas por su alma. Cita al obispo Lorenzana, que imaginaba a los sucesores asombrados de que los fieles soportaran sepulturas abiertas y un templo lleno de hedor, y a los ilustrados que reprochaban a la Iglesia cobrar por los cuerpos. Sigue el desplazamiento hacia los camposantos extramuros, empujado por los Borbones, la fiebre de 1837 y el miedo al aire corrupto, y registra con cuidado que la costumbre no cedió de inmediato, porque para la mentalidad barroca era inconcebible separarse del amparo de los difuntos.
El libro cuida también el idioma de su objeto. Antes de entrar en materia distingue entre camposanto, el terreno consagrado por la Iglesia para los fieles, cementerio, del griego «lugar para dormir», y panteón, el templo de todos los dioses que acabó nombrando el lugar de los hombres ilustres. La precisión es netamente académica hasta que se advierte que cada palabra corresponde a una época y a una idea de quién merece reposar dónde. Esa misma atención explica que Mendoza haya reconstruido, con oficio de genealogista, quiénes eran los muertos. Los apellidos de la élite que aparecen en la Regla en 1919 y 1920, los Creel, los Terrazas, los Muñoz, son la prueba de que el cementerio clausurado seguía siendo, para las familias principales, el lugar de su linaje, y de que las autoridades cedían a esa presión una y otra vez. En esa insistencia, que ninguna ordenanza sanitaria logró vencer, se lee mejor que en cualquier tratado el peso de la costumbre sobre la ley.
El capítulo sobre el panteón de la Regla, hacia el final, es la mejor prueba de la tesis. Inaugurado en 1850 y clausurado, reabierto y vuelto a clausurar entre 1885 y 1913 sin que nadie lograra detener los entierros, el cementerio recibió unos cuatro mil cuerpos y también, en 1914, el mausoleo que Francisco Villa mandó levantar a costa de lotes expropiados, con una cripta contigua para sus jefes. Los dueños litigaron, la tumba quedó vacía y el guerrillero fue asesinado en 1923 sin poder ocuparla. Más tarde, entre 1958 y 1964, el cementerio fue demolido para convertirse en el Parque Revolución, inaugurado en 1965, mientras vecinos y empleados municipales saqueaban cantera y mármol. Nunca se supo cuántos restos se exhumaron, y algunos cálculos que Mendoza recoge hablan de entre el setenta y el noventa por ciento aún bajo el pavimento. La escena final es ejemplar. Quienes defendieron el panteón en 1945 invocaron, sin saberlo, la tesis de Ariès, el culto a los muertos como «elemento constitutivo del orden humano», y perdieron ante un consejo de planeación que quería un parque.
Esta lectura de largo plazo es quizá el mayor mérito del libro. La política borbónica, el higienismo ilustrado, las leyes liberales de secularización y, más tarde, las medidas sanitarias de la Revolución no aparecen como capítulos sucesivos sino como capas de un mismo proceso por el que la muerte dejó de ser un asunto de la Iglesia para volverse materia del Estado. Cada capa deja su huella en la ciudad, en el trazo de las calles, en el sitio de las plazas, en el nombre de los parques. Quien camina hoy por el centro de Chihuahua pisa, sin saberlo, esa estratigrafía, y el libro funciona como el mapa que faltaba.
Hay que decirlo sin rodeos. Cementerios de antaño es la clase de libro que la historiografía mexicana de la muerte necesitaba y que Chihuahua tardó en tener. Reúne rigor documental, imaginación metodológica, buena escritura y una generosa disposición a dejar que otras disciplinas corrijan al historiador. Sus fotografías de libros de entierros y calas, sus planos de la Catedral y sus listas de sacerdotes sepultados en el presbiterio le dan, además, una materialidad que el lector agradece. Ariès, que trabajó con el patrimonio de Occidente y no con un real minero en el semidesierto, habría reconocido en estas páginas su propio procedimiento, la paciencia seriada de quien cuenta los muertos para entender a los vivos. Si hubiera venido a Chihuahua, habría llegado, como Mendoza, a la conclusión con que cierra el libro, que los cementerios son «un archivo a cielo abierto donde la historia se guarda silenciosa, esperando ser leída». Aquí alguien por fin la leyó, con los documentos en una mano y los huesos en la otra.
El autor estudió arqueología en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y es periodista en Chihuahua. Cubre temas socioculturales, política, violencia y derechos humanos. Es autor de HÜZÜN y sus investigaciones exploran la religiosidad popular, la muerte y los santos heréticos, profanos y populares.