La reciente renuncia de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) logró desplazar de la atención pública un hecho de una gravedad inadmisible: el desencuentro entre la presidenta de la República y la gobernadora de Chihuahua. Que una mandataria estatal se atreviera a divulgar una conversación privada —un precedente tan inédito como impropio en la relación entre poderes— y que la titular del Ejecutivo federal decidiera prolongar el intercambio en un plano de confrontación directa retrata el nivel de nuestra coyuntura. A ello se suma el degradante espectáculo en el Poder Legislativo, convertido en escenario de un performance tan barato como vulgar —con el lanzamiento de líquidos que simulaban agua sucia— y coronado por la agresión física directa entre legisladores; cuando estos últimos sustituyen el debate parlamentario por la hostilidad circense, degradan la representación popular y normalizan la violencia como vía legítima para dirimir sus diferencias, observamos un síntoma inequívoco de que los poderes públicos que conforman al Estado ya no merecen el mínimo cuidado, decoro o respeto. En ambos casos se incurre en una falta de mesura y decoro republicano.
El verdadero peligro radica en que esa misma erosión del poder encuentra su reflejo más grave al interior del propio árbitro electoral, donde el escándalo de nepotismo, tráfico de influencias, redes de corrupción y conflictos de interés de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, terminó por hacer insostenible el cargo y abrió una vacante de proporciones inéditas.
Lejos de ser un mero relevo administrativo, la dificultad del Consejo General para conciliar una presidencia provisional revela una fractura profunda. El trasfondo del conflicto no es puramente burocrático; es el resultado de la reforma legislativa del 14 de octubre de 2024, la cual confirió a la presidencia del Consejo facultades de carácter unipersonal —como la designación directa de directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas (artículo 45, numeral 1, inciso p) de la LGIPE)— sin requerir el consenso del Pleno, contrarias a la naturaleza colegiada y plural que debe regir al árbitro electoral.
Ante este escenario, los consejeros en funciones han hecho un llamado e insinuado formalmente al Congreso de la Unión para que reflexione sobre la conveniencia de revertir dichos “superpoderes” y restablecer el contrapeso de la colegialidad. Sin embargo, esta inquietud choca de frente con el candado constitucional de la veda electoral (artículo 105). El Congreso se encuentra normativamente maniatado para realizar reformas legales de fondo en materia electoral con procesos organizativos en curso, dejando cualquier intento de modificación al vapor expuesto a una inconstitucionalidad segura ante la Suprema Corte.
Frente a este callejón donde el derecho estricto se agota, la viabilidad institucional no radica en una reforma legal extemporánea, sino en una solución política y de autoorganización: un acuerdo de autolimitación y autorregulación interna. El presidente provisional que sea designado por el Consejo General —como condición política para destrabar el consenso de sus pares— tendría que asumir el compromiso explícito de someter voluntariamente el ejercicio de esas facultades unipersonales al voto y parecer del Pleno. Este compromiso no debe quedar en una promesa de buena voluntad, sino blindarse mediante un acuerdo político transversal: la advertencia explícita de que, ante cualquier intento de imposición centralista, el Pleno responderá con el vacío institucional y la parálisis operativa del Consejo, despojando de facto al titular de cualquier margen de maniobra. Aunque el texto de la ley le reconozca formalmente dichas atribuciones al titular, en la praxis la gobernabilidad no descansa en un decreto, sino en la fuerza del cuerpo colegiado. Si en el futuro la persona que ocupe la titularidad de la presidencia del Consejo General del INE pretendiera invocar la ley a rajatabla para imponer decisiones contra el propio Consejo, sus decisiones carecerían de legitimidad de origen y consenso, e incendiaría la institución desde el primer día.
Por ello, más allá de los arreglos reglamentarios y del pragmatismo funcional, la estabilidad de la República exige una depuración ética indispensable. Permitir que las estructuras técnicas del instituto —el corazón operativo que garantiza el Padrón, fiscaliza los recursos y organiza los comicios— queden bajo el control de lealtades faccionarias equivale a hipotecar los procesos venideros y vaciar de contenido la democracia. Lo que ocurre en el INE es también el reflejo de cómo la autoridad electoral terminó expuesta a señalamientos de nepotismo, conflictos de interés y presiones de grupo. La certeza y la imparcialidad no se garantizan solo en la ley; se sostienen en la conducta de quienes integran las instituciones. Hoy, el mínimo ético para devolverle la credibilidad al INE pasa por un acto de congruencia indispensable: que aquellos mandos y consejeros cuyo nombramiento obedeció a la cuota o al amparo de la gestión saliente den un paso al costado. Sin un Consejo autónomo, libre de sospechas y sin cauces republicanos sólidos, cualquier ejercicio democrático futuro corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana hasta el punto de su destrucción.