Sin reservas ni reformas de fondo, las pensiones estrechan el margen fiscal y desplazan recursos que el país necesita para invertir en su futuro.

Los sistemas de pensiones del mundo enfrentan un problema de financiamiento de origen demográfico: la OCDE calcula que en sus miembros habrá 52 personas de 65 años o más por cada 100 en edad de trabajar en 2050, frente a 33 en 2025. México no es la excepción, ya que, según CONAPO, la población de 60 años o más pasará de 17.8 millones en 2026 a 35.4 millones en 2050. Lo distintivo de la situación mexicana es que este reto se enfrenta sin las reservas técnicas indispensables para afrontar los requerimientos de recursos para sostener la carga financiera que implica.

Bajo la Ley del Seguro Social de 1973, las reservas técnicas debían respaldar las pensiones en curso de pago. Empero, durante décadas se destinaron a otros usos, algunos defendibles, como hospitales y clínicas y no se repusieron. En 1995, los diagnósticos y cálculos actuariales advertían que sostener ese sistema exigiría elevar la cuota contributiva de 8.5% a 23.3% del salario hacia 2020. La reforma de 1997 que creó las AFORES dejó la carga de la transición en manos del Estado; desde entonces el IMSS excluye las pensiones derivadas de la Ley 73 de su valuación actuarial por ser un pasivo del gobierno federal.

El resultado es una carga onerosa. En 2025 el IMSS recibió del gobierno federal 783,346 millones de pesos para pensiones en curso de pago, principalmente de este régimen. Los Criterios Generales de Política Económica 2027 ubican el pasivo pensionario nacional, de los dos esquemas, en 13.2 billones de pesos, 3.3 de ellos del IMSS, que incluye el régimen de jubilaciones de sus trabajadores y los de la Ley 73, el costo de estos últimos se paga cada año con el presupuesto federal, no con un fondo.

Las recientes modificaciones que restringen la Modalidad 40 y limitan el salario de inscripción al último registrado más una UMA. Con ello se busca frenar abusos que la ASF documentó (salarios cinco veces superiores, en promedio, al último del régimen obligatorio), pero no crea reservas y se desconoce con certeza su costo e impactos.

Tampoco la Ley de 1997 está resuelta. Las Afores administran 8.96 billones de pesos, pero para muchos jubilados las pensiones resultan insuficientes. Junto con el aumento gradual de las aportaciones patronales (2023-2030), en 2024 se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Según el IMSS, entre julio de 2024 y mayo de 2026 se benefició a 7,224 personas, cuya pensión pasó de 52.5% a 96.1% de su último salario. Si bien a nivel personal es un beneficio, la SHCP estimó en 130 mil millones de pesos el costo de este esquema a diez años y anticipó que el grueso de las pensiones de la Ley 97 comenzaría a pagarse desde 2027.  Esto adicionará una carga más pesada para las finanzas públicas.

Además del sistema contributivo, existe un esquema paralelo y no excluyente de pensiones en forma de apoyos sociales. El proyecto de Presupuesto de 2027 asigna 543,498 millones de pesos a las pensiones para adultos mayores, 59,356 a Mujeres Bienestar y 37,436 a personas con discapacidad, montos que se adicionan a lo asignado para el pago de las contributivas (1.84 billones), lo que suma 2.48 billones para el próximo año. El problema es de prioridades, no de ideología. En 2027, las pensiones y jubilaciones contributivas costarán casi 1.8 veces la inversión física (1.84 frente a 1.03 billones).

Al no reponer las reservas necesarias, el Estado destina más recursos a cumplir compromisos pasados que a construir capacidades futuras y pierde margen justo cuando más lo necesita. El riesgo no es una quiebra inmediata, sino una factura que cada año ocupa más espacio presupuestal e incrementa la deuda. El SHRFSP pasó de 10.6 billones de pesos en 2018 a 20.06 billones al cierre de 2026, casi el doble en pesos corrientes; Hacienda lo estima en 21.66 billones en 2027.

Sin crecimiento suficiente, con deuda costosa, fondos de contingencia parcialmente repuestos y sin un plan para crear reservas técnicas, esta bomba de tiempo que, si bien no estallará de golpe, la situación será insostenible. Las pensiones en curso se pagarán hasta el último pensionado, pero su fondeo desplazará la inversión en salud, educación, agua, seguridad e infraestructura necesarias para el futuro.

El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®

 

Fe de erratas:

En el número 3927, en el texto de nuestro colaborador Julio Alejandro Millán titulado La trampa de una política recaudatoria que debilita la economía, en las páginas 26 y 27, se publicó el entresacado “Al pueblo se le decía que con un par de zapatos bastaban , en cambio a sus hijos no se les exigió una vida austera y mucho menos para los amigos de sus vástagos quienes pasaron de vender azulejos a ser los nuevos ricos de este país”, cuando debió decir “El gobierno recauda poco para sus necesidades y lo hace de forma concentrada: la carga recae sobre un padrón cautivo de contribuyentes formales, mientras la informalidad y la elusión erosionan la base”. Ofrecemos una disculpa a nuestro colaborador y a nuestros lectores.