En memoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
En el ejercicio del poder público la tensión está presente de manera permanente. Los cauces para la dinámica del uso de las facultades están sujetos a la observación constante y, a veces, permanente. La dirección y la profundidad de la conducción genera reacciones; de participación, impulso o simple asentimiento, de observación y ausencia de expresión o neutralidad y de resistencia, inconformidad o rechazo. El ejercicio del poder acorde a las formas emanadas de su normativa y en los tiempos para hacerlo trae el beneficio de la estabilidad y, su ausencia, lo contrario.
Los asuntos públicos, por la energía implícita del poder, demandan compostura o transitar por el cauce, la forma y el tiempo propios de lo que atañe a la sociedad y el conglomerado diverso de sus intereses.
En forma reciente, dos situaciones mueven a la preocupación sobre el deterioro mayor de la política nacional y el clima de descomposición innegablemente perceptible. Incluso una, por sus antecedentes y repercusiones, parecería abonar a pasar velozmente y, quizás, por encima, la otra. Sin embargo, la corrupción en la gestión de la Sra. Guadalupe Taddei Zavala como presidente del Consejo General del INE, hecha evidente por Latinus y Reforma, y la confrontación verbal que reconocieron haber tenido el 19 de septiembre último en Ciudad Juárez la gobernadora María Eugenia Campos y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, muestran la ruptura de la armonía mínima deseable para la marcha de la institución encargada de organizar los comicios federales y coadyuvar a los locales, y para las relaciones entre quienes representan las ramas ejecutivas de órdenes de gobierno con tareas propias, pero que se implican y complementan.
En un caso, la descomposición política por la subversión de fines, principios y normas; en otro, la falta de compostura para el ejercicio de los cargos conferidos. Uno y otro síntomas de degradación política no aparecieron de la nada; son la expresión de una gestación observable y prolongada. En ambas cuestiones campea la concepción patrimonial de la función y el poder implícito.
En el INE, se perdió la idea de la responsabilidad de Estado para llevar a cabo su renovación escalonada de integrantes cada tres años, sustrayéndose de la normativa su fin esencial: conformar un órgano colegiado con pluralidad de experiencias y pensamientos, comprometido con la imparcialidad de los actores, la legalidad de los procesos, la transparencia en la gestión y la independencia del poder público para hacer realidad el derecho a sufragar con libertad, igualdad y criterios de equidad en la competencia.
La descomposición en el INE viene de atrás: (i) la diferencia entre quienes integraron el Comité Técnico de Evaluación de 2020 (Heredia, Valadés, Giorgulli, Lovera, Ackerman, Magaloni y Roldán) y los conformados en 2023 y 2026 -con excepciones apreciables- resultó abismal; (ii) el abandono del consenso partidista para la designación de los tres integrantes que corresponden a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en 2023 y 2026; (iii) la transformación del órgano auxiliar en un apéndice del oficialismo con la supresión del INAI y la participación para designar a dos integrantes del Comité; (iv) las designaciones sin perfiles plurales idóneos en la insaculación de 2023 de tres quintetas; y (v) la elección sin diálogo ni acuerdo con las minorías parlamentarias de tres integrantes en este año.
Más grave, aún, la reforma legal de 2024, al discutirse las adecuaciones para la elección judicial, a fin de entregar a la presidencia del Consejo General los nombramientos de titulares de las áreas ejecutivas y técnicas, suprimiéndose la colegialidad previa del acuerdo de ocho de 11 de sus integrantes.
Las denuncias de escándalo por abuso en el ejercicio de atribuciones, conflictos de interés, contrataciones dirigidas y fuente de enriquecimiento sustentado en la ilicitud se gestaron en la determinación del partido del gobierno en capturar y someter al INE a su interés y prioridad: tener y mantener los cargos de elección popular mediante la concesión de ventajas en la competencia, la interpretación de la ley y el discurso de la legitimidad formal del resultado, a pesar de la ausencia de equidad.
Las descomposición es grave. ¿Nadie en el Consejo General, en las tareas de las comisiones u otros grupos de trabajo, alcanzó a percibir posibles irregularidades? ¿Nadie supo de las denuncias en los medios de comunicación? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Quien pudo considerarlo, omitió plantearlo y demandar las investigaciones y el establecimiento, en su caso, de las responsabilidades?
Más allá de la buena voluntad de limpiar la casa de quienes conforman el Consejo General, la credibilidad del INE -ya en descenso, sobre todo, para quienes no simpatizan con Morena y sus aliados- está severamente dañada. No basta la renuncia, el relevo provisional y una nueva designación. Tampoco las renuncias del funcionariado copartícipe y los procesos administrativos y penales que deben desahogarse.
El modelo institucional ha hecho crisis por el deterioro paulatino y el abandono de los principios de la función electoral. Falló la institución, en su órgano superior de dirección. Seguro que ha habido quien deseó resistir y actuar, pero no trascendió. La intención no basta cuando la ilegalidad desborda. Habrá otro momento para revisar el modelo, pero hoy la credibilidad es la cuestión. Si el deceso de la institución se pensó a partir de la pendiente del deterioro, se ha avanzado bastante. ¿A quién conviene? No a la ciudadanía que ejerce su soberanía al sufragar.
Frente a la descomposición en el INE, por la relevancia de la función y el ingrediente de legitimidad de los comicios que conlleva, habrían sus consejeras y consejeros de poner a disposición de la sociedad plural sus cargos y propiciar que en la emergencia -aún en proceso electoral o, más bien, precisamente porque está en juego la credibilidad del mismo- se instaure un espacio de diálogo y entendimiento para la renovación integral. A veces se sirve más dejando el cargo.
El otro síntoma de la descomposición política en México es preocupante. En otros tiempos y formas ha habido conflictos entre los titulares de la presidencia y de un gobierno estatal; Echeverría y Hank González en 1971, Zedillo y Madrazo en 1995, Calderón y Bours en 2009 y Peña y Corral en 2018. Sin embargo, las referencias públicas de las protagonistas del enfrentamiento del mes pasado no tienen precedente. Aunque ocurran, las discusiones privadas airadas de personas públicas con altas responsabilidades no se llevan a la sociedad, tan solo por decoro y la noción de que faltar a la compostura y ejercer poder público mina la confianza en quienes deberían conducirse con serenidad, mesura, respeto mutuo y voluntad elemental de convivencia por la representatividad que se les confirió.
De acuerdo en que puede ser un episodio aislado y no un patrón de conducta y que el enojo mutuo puede explicarse por la gravedad de la materia a debate, pero ello haría más apremiante la necesidad del autodominio.
Mal la forma en la que se produjo el encuentro; mal la divulgación posterior iniciada por la gobernadora Campos; mal que no haya una autocrítica expresa de las protagonistas sobre su conducta y una disculpa pública a la sociedad mexicana, y mal por lo que implica para el diálogo institucional y las tareas que requieren coordinación o, al menos, colaboración propositiva. En política la falta de compostura es una quiebra en la conducta de las personas y síntoma de descomposición.
¿Habrá manera de atender el síntoma en el INE y en las conductas de quienes perdieron la templanza y la prudencia, ambas virtudes para la política?