La deuda de una política educativa que mide la asistencia, pero no siempre sus resultados.
Si pudiéramos observar a los estudiantes veinte años después de abandonar la escuela, ¿qué características demostrarían que el sistema educativo realmente cumplió su misión? No bastaría conocer sus títulos, ingresos o posiciones profesionales. Tendríamos que preguntarnos si aprendieron a razonar con independencia, resolver problemas, cumplir responsabilidades, respetar diferencias y participar constructivamente en la sociedad. Esta interrogante plantea una cuestión fundamental para México: ¿estamos evaluando lo que verdaderamente importa o solamente administrando aquello que resulta más fácil contabilizar?
Durante décadas, los gobiernos han presentado como evidencia de progreso educativo la ampliación de la cobertura, las becas otorgadas, los planteles construidos y el crecimiento de la matrícula. Son avances necesarios, pero insuficientes. Confundir estos indicadores con el éxito educativo equivale a considerar que un hospital cumple su misión porque atiende numerosos pacientes, independientemente de los resultados de sus tratamientos. El problema no consiste en medir, sino en determinar qué medimos, con qué propósito y qué responsabilidades asumimos frente a los resultados.
La evaluación PISA 2022 reveló que solamente el 53 por ciento de los estudiantes mexicanos evaluados alcanzó el nivel básico de competencia lectora, frente al 74 por ciento promedio de la OCDE. Esto significa que casi la mitad enfrenta dificultades para comprender textos de complejidad moderada. No es una deficiencia secundaria; comprender lo que se lee resulta indispensable para adquirir conocimientos, interpretar información pública, ejercer derechos y participar responsablemente en la vida democrática. Estas dificultades no surgieron durante una sola administración. Son consecuencia de problemas acumulados, desigualdades persistentes y políticas cuya continuidad depende frecuentemente de decisiones sexenales. Sin embargo, reconocer su origen histórico no debe convertirse en una justificación para eludir responsabilidades presentes.
La Nueva Escuela Mexicana propone una formación humanista, comunitaria e integral. Sus principios reconocen que educar significa mucho más que transmitir conocimientos instrumentales. Pero existe una contradicción que merece examinarse: una política pública no demuestra su eficacia por la nobleza de sus propósitos, sino por su capacidad para convertirlos en resultados verificables.
Promover el pensamiento crítico exige docentes preparados para enseñar a argumentar. Fomentar la convivencia demanda escuelas seguras y reglas consistentes. Defender la igualdad requiere apoyos diferenciados para quienes enfrentan mayores desventajas. Y formar ciudadanos autónomos supone garantizar conocimientos fundamentales; sin estas condiciones, la educación integral corre el riesgo de permanecer como una aspiración discursiva.
El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 contempla objetivos relacionados con cobertura, permanencia, formación docente e infraestructura. Sin embargo, permanece una pregunta decisiva: ¿cómo garantizar que esas acciones produzcan mejoras sostenidas en los aprendizajes y cómo conocer públicamente sus resultados? La política educativa no puede limitarse a registrar actividades gubernamentales. Debe demostrar qué problemas resuelve, cuáles persisten y por qué determinadas intervenciones merecen mantenerse, corregirse o abandonarse. Aquí aparece otra debilidad institucional; cada administración busca imprimir identidad propia a sus reformas, mientras los procesos educativos requieren décadas para consolidarse. Se invierte considerable esfuerzo en anunciar transformaciones, pero no siempre el necesario en evaluar sus consecuencias y preservar aquello que funciona. Una generación escolar no debería quedar subordinada al calendario político; por ello resulta indispensable recuperar un principio frecuentemente distorsionado: evaluar no significa castigar. Una evaluación rigurosa debe identificar rezagos, orientar recursos y mejorar la enseñanza. Utilizarla para sancionar indiscriminadamente sería injusto; renunciar a ella por sus posibles abusos sería irresponsable.
México necesita un sistema de evaluación técnicamente independiente, transparente y permanente, capaz de medir aprendizajes fundamentales, identificar desigualdades regionales y verificar los resultados de las intervenciones educativas. Sus diagnósticos deben traducirse en apoyos pedagógicos concretos, no en clasificaciones que castiguen a las escuelas socialmente desfavorecidas. También resulta necesario fortalecer la formación continua del magisterio mediante acompañamiento en el aula, actualización disciplinaria y evaluación de las estrategias pedagógicas. Reconocer la importancia del docente exige proporcionarle herramientas efectivas, no solamente atribuirle responsabilidades crecientes.
Una tercera prioridad consiste en vincular la asignación presupuestaria con necesidades comprobadas y resultados verificables. Las escuelas con mayores rezagos requieren recursos adicionales, programas de recuperación de aprendizajes y seguimiento institucional. La equidad no significa distribuir idénticos apoyos, sino responder responsablemente a desigualdades diferentes. Las becas pueden evitar el abandono escolar, pero no sustituyen una enseñanza de calidad. Construir planteles amplía oportunidades, aunque su existencia no garantiza conocimientos. Acceso, permanencia y aprendizaje deben constituir objetivos complementarios, nunca conquistas intercambiables. Existe, además, una dimensión insuficientemente explorada: ¿qué ocurre con los estudiantes después de egresar? ¿Conservan la capacidad de aprender? ¿Distinguen información confiable de manipulación? ¿Resuelven desacuerdos sin recurrir a la violencia? ¿Participan en sus comunidades? ¿Han desarrollado hábitos de responsabilidad, cooperación e integridad? Estas preguntas podrían orientar estudios longitudinales que, mediante participación voluntaria, protección de datos y metodologías rigurosas, examinen las capacidades desarrolladas durante la vida adulta.
Naturalmente, ninguna escuela determina por sí sola el destino de una persona. La familia, las condiciones económicas, el entorno social y las oportunidades laborales influyen decisivamente. Precisamente por eso se requieren investigaciones capaces de distinguir esas variables y evitar atribuciones simplistas. No se propone convertir la educación en una fábrica de indicadores ni reducirla a las exigencias del mercado laboral. Una sociedad necesita trabajadores competentes, pero también ciudadanos capaces de comprender las consecuencias de sus decisiones. La productividad importa; la integridad también. El conocimiento técnico es indispensable; el juicio moral no puede considerarse accesorio.
Estas capacidades se construyen cotidianamente mediante lectura exigente, pensamiento razonado, disciplina, autoridad pedagógica legítima y respeto por la dignidad ajena. La escuela enseña ciudadanía no solamente cuando explica la democracia, sino cuando practica la justicia, reconoce el mérito y exige responsabilidad. De ahí surge una exigencia fundamental: construir una política educativa de Estado, sustentada en compromisos verificables, evaluación independiente, fortalecimiento docente, financiamiento equitativo y rendición pública de cuentas. Sus objetivos esenciales deben trascender las alternancias gubernamentales.
Veinte años después, el resultado de la educación no estará exclusivamente en el empleo que desempeña un antiguo alumno ni en el salario que recibe. Estará también en su capacidad para ejercer la libertad, cumplir su palabra, enfrentar dificultades, respetar diferencias y contribuir al bienestar colectivo. No corresponde exigir a la escuela que resuelva todos los problemas nacionales. Pero sí corresponde exigir al Estado que garantice las condiciones necesarias para que cada estudiante adquiera conocimientos sólidos y desarrolle capacidades duraderas.
Porque una política educativa no debería juzgarse solamente por las generaciones que consigue graduar, sino por las oportunidades que realmente les proporciona para vivir con autonomía, responsabilidad y dignidad.
Y esa evaluación, inevitablemente, comienza mucho antes de que transcurran veinte años.
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