México se prepara para honrar a sus muertos. Entre cempasúchil, veladoras y ofrendas, la tradición recuerda que nadie desaparece por completo mientras alguien conserve su nombre. Pero en el México de 2026 esa convicción convive con una paradoja que las ceremonias oficiales no pueden ocultar: las autoridades exaltan la memoria como emblema nacional mientras miles de familias siguen exigiendo que el Estado encuentre a sus seres queridos. La contradicción no está en la fiesta, sino en el ejercicio del poder. 

El Día de Muertos no nació en una oficina de turismo. Es resultado de prácticas comunitarias, saberes transmitidos y expresiones regionales que han resistido transformaciones sociales durante generaciones. La UNESCO inscribió en 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Reconoció una tradición viva, no una marca comercial disponible para cualquier campaña gubernamental. 

El problema comienza cuando las instituciones confunden difusión con salvaguardia. Un desfile multitudinario puede atraer visitantes y beneficiar a comercios, pero ni su audiencia ni su derrama económica prueban que la tradición se fortalezca. Una comunidad puede recibir turistas y, simultáneamente, perder acceso a sus espacios, ver encarecidos sus insumos o quedar desplazada de las decisiones. Convertir la cultura en espectáculo no es necesariamente destruirla; presentarlo como política patrimonial suficiente, sí constituye una renuncia a gobernar. 

La pregunta es presupuestal: ¿cuánto se destina a producir el evento y cuánto a sostener a quienes hacen posible la celebración? El Presupuesto de Egresos de 2026 asignó más de quince mil millones de pesos al ramo federal de Cultura, pero la cifra global no informa qué proporción alcanza a los portadores de estas prácticas. Sin presupuestos desagregados, contratos accesibles y evaluaciones de impacto, el éxito se mide en fotografías, no en derechos. 

Esa opacidad también distribuye desigualmente los beneficios. La promoción turística puede enriquecer a operadores, intermediarios y grandes negocios, mientras artesanos, floricultores, músicos y familias cargan con costos de transporte, limpieza, seguridad y ocupación del espacio público. No se trata de enfrentar al visitante con la comunidad, sino de exigir reglas para que el desarrollo local no termine convertido en extracción cultural. Los municipios deberían publicar ingresos, gastos y beneficiarios, establecer límites de capacidad y garantizar espacios de comercialización directa. 

Hay otra falla más profunda; el Estado suele tratar a las comunidades como proveedoras de identidad y no como sujetos con poder de decisión. Si una celebración indígena adquiere relevancia internacional, corresponde consultar a sus autoridades y representantes legítimos, respetar sus tiempos rituales y acordar cómo usar imágenes, símbolos y espacios. La salvaguardia requiere continuidad intergeneracional, transmisión lingüística y protección ambiental; no únicamente una agenda de actividades entre octubre y noviembre. 

Sin embargo, la deuda pública más grave no es cultural. En numerosas casas falta una fotografía porque no existe certeza sobre el destino de una hija, un padre o un hermano. Para esas familias, hablar de ausencia no es una metáfora literaria; es una investigación pendiente, una muestra genética sin confrontar, una fosa sin procesar o un expediente sin respuestas. La tradición convoca a quienes murieron; la desaparición impide siquiera saber qué ocurrió. Confundir ambas experiencias sería una falta de respeto. 

También sería equivocado insinuar que organizar una festividad causa la crisis de desapariciones, o que cancelar un desfile financiaría automáticamente una política forense eficaz. El reproche es más serio; un gobierno que invoca la dignidad de los muertos debe demostrar, en sus decisiones ordinarias, que protege el derecho de los vivos a la verdad, la búsqueda y la justicia. La legitimidad de un homenaje oficial se mide también fuera de la plaza donde se inaugura. 

La reforma legal de julio de 2025 fortaleció instrumentos de búsqueda, localización e identificación; en febrero de 2026 se publicó el protocolo de la Alerta Nacional de Búsqueda. Son pasos institucionales que merecen evaluación, no aplausos automáticos ni descalificaciones reflejas. En octubre, Gobernación informó avances en localización de personas. Precisamente porque existen normas y reportes, la obligación es verificar cuántos casos se esclarecen, en qué plazos, mediante qué procedimientos y con qué acompañamiento a las víctimas. 

El reto exige capacidades concretas; fiscalías que investiguen sin retrasos, servicios periciales con personal suficiente, laboratorios capaces de procesar indicios, bases de información interoperables y controles independientes sobre sus resultados. La coordinación federal y estatal no puede reducirse a convenios. Cada autoridad necesita responsabilidades identificables, metas públicas y recursos comprobables. Si falla una alerta, una identificación o una cadena de custodia, debe saberse dónde ocurrió la omisión y quién responde por ella. 

La política de memoria cultural y la política de búsqueda no deben mezclarse administrativamente ni competir por el mismo presupuesto. Tienen finalidades distintas y requieren instituciones especializadas. Pero sí deben compartir una ética de gobierno; participación de las personas afectadas, evidencia pública y rendición de cuentas. En un caso, los portadores de la tradición; en el otro, las familias y colectivos de búsqueda. Ninguno puede quedar relegado a elemento decorativo de una ceremonia. 

La respuesta responsable tendría dos compromisos verificables. Primero, planes locales de salvaguardia con financiamiento plurianual, decisiones comunitarias vinculantes, medición de beneficios económicos y protección de cementerios y espacios rituales. Segundo, informes periódicos e independientes sobre búsqueda e identificación: expedientes atendidos, tiempos de respuesta, restos identificados, notificaciones dignas y obstáculos pendientes. No bastan indicadores de actividad; importan los resultados para las personas. 

La memoria que México celebra es valiosa justamente porque no pertenece al gobierno de turno. Sobrevivió antes de sus campañas y deberá perdurar después de sus discursos. Por eso merece algo mejor que ser utilizada como escenografía del poder. Y quienes buscan a sus desaparecidos merecen algo infinitamente más importante que una expresión de solidaridad; instituciones que trabajen y respondan. 

El próximo altar monumental podrá ser hermoso. Pero la pregunta decisiva seguirá fuera de la fotografía oficial: ¿qué hizo el Estado, durante el resto del año, para proteger a quienes conservan la tradición y encontrar a quienes todavía faltan? Un país que sabe honrar a sus muertos también debe aprender a rendir cuentas a sus vivos. 

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