¿De qué sirve garantizar el acceso a la educación si el sistema educativo no logra asegurar que los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y competencias indispensables para transformar su realidad?

Esta interrogante expone una contradicción fundamental de la política educativa mexicana: el reconocimiento del derecho a la educación no siempre se traduce en oportunidades efectivas de aprendizaje. Ampliar la cobertura escolar constituye un avance social indiscutible, pero su verdadero alcance depende de que los estudiantes adquieran herramientas para comprender su entorno, ejercer sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. El desafío no radica únicamente en cuántos alumnos ingresan a las escuelas, sino en qué aprenden y en qué condiciones. Confundir escolarización con aprendizaje permite presentar avances administrativos como si fueran resultados sustantivos de política pública.

Los resultados de PISA 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre de 2026, revelan la magnitud del problema. En México, solamente el 30 % de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, mientras que el 50 % lo consiguió tanto en lectura como en ciencias. Estas proporciones se encuentran considerablemente por debajo de los promedios de la OCDE, situados en 65 %, 69 % y 74 %, respectivamente. Aunque ninguna evaluación internacional explica por sí sola la complejidad del sistema educativo, estos resultados obligan a examinar la eficacia de las políticas gubernamentales para garantizar aprendizajes fundamentales.

Una política pública no puede justificarse únicamente por sus objetivos declarados, los presupuestos ejercidos o el número de beneficiarios registrados. Su eficacia debe valorarse mediante resultados verificables y su contribución a la reducción de las desigualdades. Durante décadas, las reformas educativas mexicanas han respondido a distintas concepciones pedagógicas y prioridades gubernamentales. Cada administración modifica planes de estudio, redefine programas y anuncia transformaciones estructurales. Sin embargo, la persistencia de los rezagos plantea una pregunta ineludible: ¿existen mecanismos institucionales suficientes para determinar qué políticas funcionan, cuáles fracasan y por qué?

La educación no debería quedar subordinada a los ciclos políticos. México necesita una estrategia de Estado sustentada en diagnósticos rigurosos, objetivos medibles y compromisos presupuestales de largo plazo. Sin estos elementos, las reformas corren el riesgo de convertirse en renovaciones discursivas cuyos resultados permanecen insuficientemente documentados.

La Nueva Escuela Mexicana plantea principios relevantes de inclusión, participación comunitaria y formación humanista. Reconocer su importancia no implica renunciar a una evaluación rigurosa de su implementación. La pertinencia de cualquier modelo educativo debe acreditarse mediante evidencias sobre los aprendizajes, las prácticas docentes y los resultados obtenidos en distintos contextos sociales y territoriales.

La primera responsabilidad gubernamental consiste en conocer con precisión aquello que pretende transformar. Para ello, resulta indispensable establecer un sistema nacional de evaluación diagnóstica, técnicamente independiente, que permita identificar periódicamente los avances y rezagos en lectura, matemáticas, ciencias y pensamiento crítico. Este sistema debería combinar instrumentos comparables a escala nacional con evaluaciones formativas en las escuelas, sin convertir sus resultados en mecanismos automáticos de sanción al magisterio; sin embargo, diagnosticar sin corregir constituiría otra forma de simulación institucional. Cada evaluación debe acompañarse de planes de mejora, responsables identificables, recursos asignados y plazos de cumplimiento. Las autoridades federales y estatales tendrían que publicar informes anuales que permitan conocer los avances, las dificultades persistentes y las decisiones adoptadas para atenderlas.

La rendición de cuentas no consiste solamente en divulgar cifras, sino en explicar la relación entre las decisiones gubernamentales, los recursos públicos y los resultados educativos.

Esta exigencia adquiere especial relevancia frente a la desigualdad. Dos estudiantes pueden ejercer formalmente el mismo derecho y, sin embargo, enfrentar condiciones radicalmente distintas. La pobreza, las deficiencias de infraestructura, las barreras lingüísticas y las disparidades territoriales limitan las oportunidades de aprendizaje. Por ello, la distribución presupuestal debe responder a criterios transparentes de vulnerabilidad y rezago, con prioridad para las comunidades escolares que enfrentan mayores desventajas.

La equidad educativa no se alcanza mediante la distribución uniforme de recursos entre realidades desiguales, sino mediante apoyos proporcionales a las necesidades. Las becas escolares representan instrumentos valiosos para favorecer la permanencia y aliviar las presiones económicas familiares, pero sus efectos sobre el aprendizaje no deben darse por supuestos. Es necesario evaluar sus resultados y complementarlas con tutorías, acompañamiento académico y programas de recuperación de conocimientos.

Especial atención requieren los estudiantes que avanzan de grado sin dominar aprendizajes esenciales. La promoción escolar no debería confundirse con el progreso educativo. Detectar oportunamente las dificultades y proporcionar apoyos específicos permitiría evitar que los rezagos acumulados se conviertan en factores de exclusión.

Ninguna de estas medidas será sostenible sin fortalecer al magisterio. Exigir mejores resultados mientras persisten carencias de formación, materiales y condiciones laborales constituye una contradicción institucional. La profesionalización docente debe responder a las necesidades reales de las aulas e incluir acompañamiento especializado y evaluación de la utilidad de los programas formativos; asimismo, la coordinación entre Federación, entidades federativas y comunidades escolares requiere atribuciones y responsabilidades claramente definidas. Cuando las obligaciones institucionales se dispersan, resulta difícil determinar quién debe responder por la falta de recursos, el incumplimiento de metas o la ineficacia de las intervenciones.

La transparencia debe permitir que las familias y la sociedad conozcan los compromisos gubernamentales, supervisen su cumplimiento y exijan explicaciones. No se trata de multiplicar procedimientos burocráticos, sino de establecer mecanismos efectivos de supervisión, corrección y responsabilidad institucional. Con todo, sería equivocado reducir la calidad educativa a indicadores de desempeño o a las exigencias del mercado laboral. La educación también debe cultivar autonomía intelectual, sensibilidad ética, conciencia histórica y participación democrática. Una sociedad necesita personas preparadas para desempeñarse profesionalmente, pero también capaces de cuestionar las injusticias y contribuir a la transformación de sus instituciones.

Esta dimensión adquiere mayor importancia ante la expansión de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos. Incorporar herramientas digitales a las escuelas tendrá un alcance limitado si los estudiantes carecen de las capacidades necesarias para interpretar información, construir argumentos, evaluar evidencias y distinguir el conocimiento de la manipulación.

México necesita transitar de una política centrada principalmente en proporcionar servicios educativos hacia otra comprometida con garantizar las condiciones necesarias para aprender. Esto exige continuidad institucional, evaluación independiente, financiamiento equitativo, fortalecimiento docente y rendición pública de resultados.

El verdadero cumplimiento del derecho a la educación no se demuestra solamente con escuelas abiertas, estudiantes inscritos o certificados expedidos, sino con oportunidades efectivas para desarrollar capacidades y superar desigualdades.

Cuando el Estado garantiza el acceso a las aulas, pero no ofrece condiciones suficientes para alcanzar aprendizajes fundamentales, el ejercicio del derecho a la educación queda limitado y la promesa de movilidad social se debilita.

La pregunta decisiva, entonces, no es únicamente cuántos estudiantes tienen un lugar en la escuela, sino cuántos encuentran en ella las herramientas necesarias para construir un futuro diferente.

Porque educar no significa simplemente abrir las puertas de una escuela, sino asumir la responsabilidad pública de convertir el conocimiento en libertad, dignidad y posibilidad de transformación social.

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