De la mano de la soberbia del pragmatismo derivado de la capacidad desarrollada para hacer descansar la gestión gubernamental en la propaganda, misma que carece de sustento en resultados objetivos convincentes, la encargada de la presidencia de la República ha hecho su mejor esfuerzo por ocultar el sol con un dedo: la insaculación de la Sra. Guadalupe Taddei Zavala en la quinteta para la presidencia del Consejo General del INE el 31 de marzo de 2023, se dio sin la participación-intervención definitiva del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y el régimen al cual responde.

Aún para las personas desmemoriadas que atienden cotidianamente los asuntos públicos, hubo demasiados componentes para dejar de reconocer la esencia del procedimiento: Morena y sus aliados carecían de las dos terceras partes para decidir; la conformación del Comité Técnico de Evaluación, con solo dos personas independientes (Azuela y López Ayllón); las quintetas integradas por mayoría de personas sin características de autonomía frente al poder, particularmente la planteada para la presidencia, y la determinación de ir a la insaculación. Entró en la quinteta porque la conocían y la avalaron.

Ya en el cargo, con una mayoría cercana a los intereses del régimen en el Consejo, la resolución más relevante para el gobierno, su partido y sus aliados fue abandonar los fines de las bases para la asignación de las diputaciones de representación proporcional para conferir al régimen la mayoría calificada en San Lázaro, recompensada con la reforma legal para otorgar a la presidencia del INE los nombramientos en las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, hasta entonces materia del acuerdo amplio en el propio Consejo.

Si la Sra. Taddei incurrió en alguna falta o error político con respecto al régimen, sus tiempos, sus prioridades y, sobre todo, su exigencia de lealtad al vértice, quizás nunca lo sepamos con certeza, pero las evidencias de hechos de corrupción que la implican en forma burda y muy incriminatoria hizo holgadamente sencillo obtener su renuncia, en la cual lo más hueco es la afirmación del “deber cumplido”. Deberán hacerse las investigaciones y llevarse sus resultados ante las autoridades de la justicia administrativa y la penal. Ya veremos.

Sin embargo, la trayectoria del discurso que se pronuncia en la conferencia matutina del gobierno federal y se promueve para que sea reproducido por toda voz oficial es preocupante para la forma democrática por las intenciones que se perciben:

(i) la distracción con los infundios en torno a las gestiones de quienes presidieron el organismo electoral entre 1996 y 2023, y la solicitud de procesos de fiscalización en torno a Cuentas Públicas aprobadas y, en su caso, observaciones atendidas;

(ii) el uso de las instituciones de control interno, de fiscalización superior y de investigación penal para buscar intimidar y perseguir a quienes ejercen sus libertades de pensamiento, expresión, trabajo y asociación luego, de haber presidido el IFE (José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés) o el INE (Lorenzo Córdova); y

(iii) la escalada del escándalo Taddei para minar y debilitar a la institución responsable de la organización y desarrollo de las elecciones, a fin de pasar de la captura (2023), luego reforzada (2026), a la sujeción formal de la función electoral en la esfera gubernamental.

En el púlpito de Palacio Nacional no ha habido una pizca de autocrítica, de reconocimiento de una decisión equivocada o de valoración de Estado sobre el papel que corresponde a quien tiene confiada su jefatura para colocarse por encima del interés partidista.

Al contrario, el impulso autoritario ha imperado: soslayar la simulación cotidiana sobre la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía General de la República no para solicitar actuaciones con base en denuncias, sino para impartir instrucciones; lanzar insinuaciones en contra de la honorabilidad personal y la honestidad acreditada en el ejercicio público de quienes han servido a México al encabezar la institución electoral de la ciudadanía participante, y propiciar mayores dificultades para el funcionamiento del INE, como la disminución presupuestal y la renuncia al diálogo y el acuerdo para no elegir a quien habría de cubrir la vacante en la presidencia del Instituto.

Es la vara para mantener y profundizar la captura. Hay otra para lo que atañe al interés político propio. En la edición del quincuagésimo aniversario de la revista Proceso, se publican dos reportajes que atañen al ámbito de la presidencia de la República: la participación de Jesús Ramírez Cuevas, otrora titular del área de comunicación social con el ex presidente López y, ahora, titular de la coordinación de asesores de la presidencia de la República, y la contratación de servicios profesionales para generar líneas y contenidos de propaganda a favor del régimen y en contra de adversarios políticos.

Cuando Latinus dio a conocer hace más de seis meses algunos indicios de la corrupción en la presidencia del INE, nada se hizo para indagar por los conductos facultados y actuar. ¿Será acaso un antecedente para no tropezar con piedras similares? También veremos.

En la pieza de Santiago Igartúa Scherer se documentan presuntos conflictos de interés y tráfico de influencias de Ramírez Cuevas en las decisiones de gasto público (84 millones de pesos) para la producción con sobreprecio de la serie “Los años heridos” sobre la llamada Guerra Sucia del siglo pasado en contra de expresiones políticas disidentes.

Y en el artículo de Camila Ayala, Aldo Canedo, Dalila Escobar y Rodrigo Hernández se da cuenta del entramado de empresas y personas en ellas participantes para concebir, elaborar y difundir los mensajes de propaganda gubernamental hacia los distintos segmentos de la población. Dos preguntas: ¿ese gasto se adecua al objeto de la publicidad gubernamental del artículo 134 constitucional? ¿El monto erogado por el gobierno federal cumple algún propósito adicional a buscar sostener la aprobación de la gestión en marcha?

Se clama por indagar el pasado para impulsar un debate innecesario e inútil y se ignoran los límites establecidos con objeto de evitar el abuso de los cargos. Comportamientos típicos de quien se asume por encima de la ley. La vena autoritaria.