I. Introducción

El análisis del orden jurídico nacional exige una separación entre la retórica de la justificación política y la constatación empírica contrastada con la dogmática constitucional. La reforma judicial del 15-09-2024 lejos de consolidar un sistema de garantías significó una mutación estructural cuyos efectos no pretenden una justicia asequible, pronta o expedita; por el contrario, desmanteló la función jurisdiccional. Bajo la consigna de democratizar al poder, la reforma alteró la esencia misma del juzgador, sustituyendo la estabilidad y permanencia, la independencia y la racionalidad técnica por la volatilidad electoral, la mercadotecnia política y la popularidad, lo cual ha llevado a una precarización institucional sin precedentes.

La sustitución del sistema de designación por vía del concurso de oposición -fincado en el mérito y la carrera judicial-, para someter el cargo al sufragio popular; introduce una variable en los incentivos de la decisión judicial. En un Estado constitucional de derecho, la legitimidad del juzgador es fundamentalmente técnica y contra mayoritaria; su razón de ser radica en la tutela imparcial de los derechos y las libertades frente a las presiones coyunturales. Al condicionar el ingreso o permanencia al beneplácito de las mayorías, el sistema empuja al juzgador a preferir la popularidad o la alineación con el poder político en turno antes que la emisión de un fallo constitucionalmente correcto pero impopular. El derecho como garantía cede su lugar a la oportunidad política de la decisión.

Presenciamos una  degradación que permea a todos los órganos jurisdiccionales del país; el caso  de la SCJN merece una mención especial: la falta de protocolo y cortesía, además de la pérdida de sobriedad en las sesiones públicas son la constante: un caso reciente es la modificación intempestiva del sentido del voto a último momento, no como resultado del  análisis o de la maduración dogmática durante la discusión colegiada, sino como un acto de simple oposición frente al sentido de la mayoría, este lapsus desnuda la calidad y el rigor en la impartición de la justica. Cuando la deliberación del tribunal supremo se despoja de su labor interpretativa para subordinarse a la confrontación de facciones, la sentencia deja de ser el producto de un razonamiento jurídico riguroso para convertirse en una disputa política.

La estabilidad de un sistema jurídico depende de la coherencia y rigor de la norma suprema. Cuando el legislador introduce modificaciones al texto constitucional, la técnica legislativa deja de ser un requerimiento abstracto para convertirse en la condición mínima de la certeza jurídica. La reforma que nos ocupa, la llamada reforma judicial, estuvo marcada por una precipitación que dio origen a la crisis en la impartición de justicia; quedó en evidencia la improvisación técnica, incompatible con la naturaleza de un código supremo. Un caso: mandatos contradictorios entre preceptos de idéntica jerarquía. Mientras que el artículo 94 (reformado el 15-09-24) introdujo un esquema de renovación de la Presidencia de la Corte bienal en función de la votación obtenida en la elección popular, el artículo 97 del propio texto constitucional conservó la disposición que fija el periodo de dicha Presidencia en cuatro años. Esta contradicción entre el artículo 94 y el artículo 97 constituye una antinomia stricto sensu entre dos preceptos vigentes que ordenan plazos y regímenes incompatibles para el mismo cargo. Esta vulneración a la unidad del texto constitucional proyecta un efecto destructivo sobre el principio de seguridad jurídica; la coexistencia de dos mandatos contradictorios en la cúspide del Poder Judicial traslada la inestabilidad y el vicio de origen hacia la instrumentación del sistema de justicia.

 

II. La imparcialidad como principio rector

La función jurisdiccional carece de legitimidad si se desvincula de los principios más elementales:  independencia e imparcialidad. Lejos de constituir un formulismo, la imparcialidad —en sus vertientes subjetiva y objetiva— es el cimiento insustituible sobre el cual se edifica el debido proceso y la credibilidad en los fallos. La primera impone la exigencia de que el juzgador se encuentre libre de cualquier prejuicio o interés particular respecto de las partes o del objeto del litigio; por su parte, la vertiente objetiva, demanda que el órgano jurisdiccional ofrezca las garantías suficientes para desterrar cualquier duda razonable o apariencia de parcialidad derivada de su vinculación estructural con los poderes fácticos o políticos.

El “nuevo modelo” subvierte este presupuesto al someter el acceso y la permanencia a la lógica del clientelismo y la contienda electoral. Cuando el juez se ve obligado a construir una base de apoyo político o a sintonizar su criterio con las expectativas de las fuerzas que impulsaron su postulación, la neutralidad que le exige el cargo se fractura. En este escenario, la exigencia de distancia entre poderes se diluye, convirtiendo a los tribunales en un escenario donde las decisiones responden a cálculos de oportunidad política antes que a la subsunción rigurosa de los hechos a la norma.

Al aniquilar la carrera judicial como mecanismo de acceso y permanencia; se desplazó la formación progresiva, el rigor metodológico y el mérito profesional, abriendo paso a la improvisación y al ejercicio de la función jurisdiccional bajo el tamiz de filias, fobias y subjetividades de los juzgadores. la insolvencia técnica se hizo una patología a la vista en la nueva conformación de muchos de los órganos jurisdiccionales en México

En este sentido, el régimen de impedimentos y excusas se vuelve indispensable en lo que respecta a la defensa de la constitución; la obligación legal de abstenerse de conocer, intervenir o votar en un asunto cuando existen vínculos de interés o parentesco constituye un imperativo de orden público que no admite ponderaciones de conveniencia. Este quiebre del estándar se proyectó recientemente en la SCJN, donde la intervención y votación de una integrante del Pleno en asuntos que involucran al organismo descentralizado de la administración pública federal -encabezado por su hermano- evidenció cómo la inobservancia del régimen de impedimentos debilita las garantías de imparcialidad objetiva. Si la constricción normativa cede ante la proximidad con el poder público, la justicia constitucional se vacía de contenido.

Este vacío dogmático se manifiesta en el desconocimiento de las reglas elementales que rigen la vida procesal colegiada de un tribunal, sirva para ejemplificar un asunto en el que quien funge como instructor ha desnaturalizado la función del proyecto de resolución, concibiéndolo erróneamente como un acto de propiedad intelectual o un manifiesto autoral privado; esta distorsión de la función del instructor evidencia una práctica autoritaria e insostenible: La renuencia o negativa explícita para incorporar en la sentencia los votos concurrentes formulados por sus pares, escudándose en que tales posturas “no son parte de su proyecto.”  Solo muestra una incomprensión absoluta de la naturaleza de la colegiación y del acto de juzgar. El proyecto de resolución no pertenece a un individuo; constituye únicamente un insumo preliminar sometido a la deliberación, contraste y votación de la totalidad de sus integrantes. La sentencia —en tanto unidad procesal indivisible que engloba el criterio de la mayoría y los razonamientos disidentes o aclaratorios— es el producto institucional del órgano colegiado. Negarse a integrar los votos por una resistencia de vanidad autoral o ignorancia adjetiva no solo atenta contra el deber procesal de exhaustividad, sino que destruye las bases mínimas del método deliberativo.

 

III. 1 El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) como extra-instancia inhibitoria y la anulación de la independencia de juzgar

No solo se  desnaturalizó la función jurisdiccional mediante la erosión y degradación de los mecanismos de acceso y permanencia; además se instrumentan acciones punitivas y coactivas; lo anterior se materializa con la creación del TDJ; desde el discurso, este órgano es concebido para el  control ético-administrativo, en los hechos se configura como una extra instancia  que subvierte el principio de independencia judicial consagrado en el artículo 17 de la Constitución, al arrogarse facultades que materializan una revisión de facto sobre el fondo de las decisiones jurisdiccionales.

Bajo la premisa de vigilar la conducta de los operadores de justicia, en la práctica este órgano opera como un tribunal de casación o de apelación paralela. Al examinar una queja o revisar el desempeño de un juzgador, el TDJ no se limita a constatar la regularidad o la probidad administrativa, sino que incursiona en el análisis jurídico del criterio emitido en la sentencia, sancionando al titular cuando su interpretación diverge de las directrices políticas o de las presiones de coyuntura. Al transformar el error judicial en una falta disciplinaria susceptible de castigo se vulnera la independencia judicial. Esta modalidad de intervención provoca un efecto inhibitorio de tipo dominó en el ánimo de todo el personal judicial. Ante la amenaza constante de que sus fallos sean examinados bajo el pretexto de la disciplina, el juzgador se repliega y adopta un criterio de estricta supervivencia: prefiere la complacencia interpretativa y el alineamiento con los intereses del poder antes que sostener una resolución técnicamente rigurosa pero disonante a poder político; el TDJ es el ariete que doblega la autonomía del juzgador, reduciendo la independencia judicial a una cláusula de estilo vacía de contenido.

El asedio a la función jurisdiccional no se agota en la coacción que ejerce el TDJ, se articula con el OAJ; bajo pretexto de la profesionalización se pretende instrumentar una política de evaluación del desempeño al personal judicial que atenta contra la estabilidad laboral y los derechos adquiridos, reemplazando el mérito por la subordinación forzada y materializando una asimetría punitiva entre la cúpula electa y la base técnica.

 

2. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) y la precarización del personal técnico por validación temporal

Por un lado, se reserva para jueces y magistrados electos un estándar condescendiente; el sistema prevé cursos de capacitación con plazos de gracia de seis a doce meses como paso previo a cualquier responsabilidad. Los mecanismos de evaluación ex post operan como simulaciones de control; Por otro lado, la reforma descarga toda la responsabilidad sobre el personal de apoyo —secretarios de estudio y cuenta, proyectistas y oficiales judiciales— quienes deberán someterse de forma periódica a evaluaciones del desempeño para obtener una constancia de aptitud o cédula de validación técnica temporal, dos años para calificaciones elevadas y apenas un año para evaluaciones bajas.

Esta postura punitiva quedó en evidencia con la emisión del Acuerdo General 025/2026 del OAJ, el cual pretendió establecer los criterios de evaluación del desempeño del personal basando la calificación en la discrecionalidad y el criterio del superior jerárquico. Dicho acuerdo coloca al personal técnico en vulnerabilidad estructural. Se genera así un contrasentido insostenible: pues ubica al juzgador electo como evaluador del personal de carrera. En consecuencia, la evaluación pierde su naturaleza profesionalizante para convertirse en un instrumento de alineación.

La pretensión de someter la permanencia del personal técnico a la ponderación del juzgador desató un descontento generalizado y protestas inmediatas de los trabajadores, lo que obligó al propio órgano a firmar junto al sindicato un acuerdo por el que se modifica el acuerdo para expedir el Acuerdo 027/2026, por virtud del cual deja sin efectos el acuerdo 025-2026. A pesar de la reconsideración forzada por las circunstancias, el episodio dejó al descubierto cómo los instrumentos de evaluación, concebidos al amparo de la reforma pretenden constituirse como mecanismos de subordinación política que desmantelan la carrera judicial al condicionar la permanencia en el cargo a refrendos de vigencia restringida

De este modo, el OAJ cierra la tenaza represiva del sistema: el TDJ paraliza la independencia del juzgador mediante el terrorismo sancionador, mientras el OAJ somete al equipo técnico a través de la precariedad laboral y el acoso sistemático.

 

V. El desmantelamiento de la carrera judicial local

Esta reforma alcanza a los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas; en algunos casos se introdujo la prohibición de la reelección, importando una categoría de la representación política y del derecho electoral. Esta traslación conceptual constituye una aberración dogmática. La no reelección fue concebida para limitar la concentración del poder político y evitar la perpetuación en cargos de elección popular de carácter legislativo o ejecutivo. Aplicar esta limitación a los operadores jurisdiccionales locales desnaturaliza la esencia misma de la función judicial, la cual no descansa en la alternancia ideológica, sino en la continuidad, la imparcialidad y la independencia garantizadas a través de la inamovilidad.  Al someter al juzgador a una caducidad temporal estricta, el legislador local transgrede los principios que deben observarse en la función jurisdiccional.

La inamovilidad servía como el motor de la profesionalización técnica del operador jurídico. Al clausurar la permanencia e imponer la renovación forzada, la reforma liquida el valor del mérito acumulado. El servidor público de carrera carece ahora de estímulos para invertir en su formación técnica, pues el horizonte de permanencia no depende del rigor de sus proyectos ni del dominio de la materia, sino de la finalización ineludible de su periodo. Este esquema provoca la erosión acelerada de la memoria institucional de los tribunales. La judicatura local se aparta de su función técnica y se convierte en un órgano de tránsito.  Cada vez que hay renovación del poder se reinventa la aplicación de la ley a costa de la seguridad jurídica de los justiciables.

Prohibir la reelección para jueces significa condenar al poder judicial local a una rotación estéril, sincronizada con los calendarios del ejecutivo y legislativo. En cada periodo constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia presenciarán el arribo masivo de contingentes de juzgadores electos sin trayectoria judicial, sin formación procesal rigurosa y sin incentivos para especializarse. Esta rotación forzada puede provocar situaciones específicas: El juzgador que sabe que su encargo expira sin posibilidad de continuidad técnica no tiene incentivos para actuar como contrapeso frente a los poderes locales. Por el contrario, su cálculo de supervivencia o de inserción laboral posterior lo empuja a alinearse con la coyuntura política dominante durante su breve ejercicio; lo anterior sin considerar que la curva de aprendizaje del personal improvisado genera un costo directo para el justiciable. El retardo falta de técnica y la inestabilidad de los criterios convierten a la justicia de primera instancia y de apelación local en un espacio de absoluta incertidumbre jurídica.

 

VI. Conclusiones

La reforma lejos de constituir un cauce que acerca al ciudadano a la impartición de justicia, consuma el desmantelamiento de la independencia judicial, sustituyéndola por un modelo de subordinación política y precarización, donde lo importante es promover la imagen. Al desnaturalizar el rol del juez; aunado al acoso sistemático al personal auxiliar y a la destrucción de la carrera judicial; la justicia deja de ser el contrapeso frente a los abusos del poder para transformarse en un aparato de convalidación, al tiempo que deja al descubierto la falsedad del discurso de democratización. Con ello, el estado constitucional de derecho cede su lugar a un modelo de discrecionalidad e incertidumbre jurídica, donde la garantía de imparcialidad se extingue y los derechos de los justiciables quedan supeditados a la arbitrariedad del poder político.