Esta semana vi Palacio, la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia de Colombia por la guerrilla del M-19, en noviembre de 1985, y la respuesta militar que dejó centenas de muertos, desaparecidos y preguntas sin respuesta y que todavía duelen. Terminé de verla indignada, aunque también, con algo de esperanza, aunque esto parezca contradictorio. Al verla no podía dejar de pensar en México.
Hay escenas que resultan demasiado familiares, militares que creen que defender al Estado les permite pasar por encima de las personas y violentar derechos; autoridades civiles que renuncian a cumplir con sus funciones; funcionarios públicos empeñados en sostener una versión oficial, aunque los hechos la desmientan; familias que van de una oficina a otra buscando a alguien que salió vivo y nunca volvió. Y, detrás de todo, un cálculo perverso ¡que el tiempo pase, que las respuestas no lleguen y que el cansancio venza a las familias de las víctimas!
Desde luego que no debemos confundir responsabilidades. La toma del Palacio fue una acción criminal del M-19, que convirtió en rehenes a magistrados, trabajadores y visitantes. Pero la violencia de la guerrilla no autorizaba al Ejército a actuar sin límites. Durante la retoma hubo graves violaciones a los derechos humanos. Personas vistas con vida bajo custodia estatal desaparecieron; hubo torturas y años de encubrimientos. El Estado debía proteger a quienes estaban dentro. No podía convertirse también en su verdugo durante y después de la toma.
Lo que más me impresionó no fue solamente la atrocidad. Fue la fortaleza de quienes se negaron a aceptar la mentira. Familiares, periodistas, abogados y funcionarios que insistieron en preguntar, aun frente a amenazas, indiferencia, opacidad y cerrazón. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por desapariciones forzadas y otras violaciones relacionadas con aquellos hechos. No devolvió a los ausentes ni borró el sufrimiento, pero la sentencia sirvió para fisurar el muro de impunidad.
En México también tenemos nuestros palacios de justicia incendiados. No siempre por las llamas, sino por la corrupción, la complicidad, el miedo y la creciente subordinación de las instituciones a los intereses del poder. Tenemos expedientes que parecen escritos para no llegar a ninguna parte. Tenemos autoridades que anuncian investigaciones con solemnidad y después administran el silencio. Ejemplos, lamentablemente nos sobran. Tlatlaya nos recordó hasta dónde puede llegar el abuso militar y el intento de disfrazar ejecuciones como un enfrentamiento. Ayotzinapa exhibió la intervención y las omisiones de distintas autoridades, además de la fabricación de una “verdad histórica” destinada a cerrar el caso antes de esclarecerlo. Los cientos de madres buscadoras, con palas y fotografías, recorren terrenos que el Estado tendría que investigar. Muchas se juegan la vida mientras las instituciones que deberían protegerlas les exigen paciencia e incluso las tratan como el enemigo.
Lo más grave es que, lejos de corregir las condiciones que han posibilitado posibles tantos abusos, las hemos fortalecido. Lo más grave ha sido la creciente militarización del país. El uso de las Fuerzas Armadas hace años que dejó de presentarse como una salida excepcional. Hoy las Fuerzas Armadas intervienen de manera permanente en tareas de seguridad pública y han ampliado su presencia en ámbitos civiles. Se les han entregado recursos, funciones y espacios de decisión sin que la rendición de cuentas haya crecido en la misma proporción.
Y con esto no quiero decir que debamos desconocer el trabajo de militares que cumplen honestamente con sus obligaciones. Sino que estamos obligados a exigir que quienes portan armas y ejercen la fuerza del Estado respondan ante la ley. El mando civil no es un adorno, sino una condición de la democracia. Y la experiencia colombiana muestra el costo de permitir que la lógica militar sustituya a la justicia.
En México sin duda existen razones legítimas para cuestionar a quienes imparten justicia. Se habla de corrupción, nepotismo, opacidad, privilegios y una justicia inaccesible para millones de personas. Negarlo sería absurdo. Precisamente por eso resultaba indispensable una reforma seria, capaz de fortalecer la carrera judicial, mejorar la calidad de las resoluciones de las personas juzgadoras y acercar los tribunales a quienes más los necesitan. Sin embargo, nuestros gobernantes eligieron otro camino. Prefirieron convertir la integración de los órganos jurisdiccionales en una contienda electoral, con nuevos riesgos de captura política y sin resolver las fallas que impiden a las víctimas obtener justicia.
Hoy, tenemos por ejemplo una Nueva Suprema Corte, pero no por ello tenemos una mejor justicia. A poco más de un año de la reforma judicial ha quedado claro que elegir a las personas juzgadoras por voto popular no sirve para dar respuesta a los reclamos de justicia en nuestro país. Elegir mediante voto popular a las personas juzgadoras no se traduce en que efectivamente se investiguen los casos de desaparición de personas, o se identifiquen los millones de cuerpos ubicados en fosas clandestinas. Tampoco corrige fiscalías incompetentes, y lo que es peor, no garantiza que se emitan sentencias de forma independiente. Lo hemos repetido una y mil veces, la legitimidad de un tribunal no se mide sólo por la forma en que llegan sus integrantes, sino por lo que hacen cuando deben decidir contra el gobierno, contra intereses poderosos o contra la opinión mayoritaria.
Me preocupa que cualquier defensa de la independencia judicial sea descalificada como defensa de privilegios. Es una trampa. Se puede, y se debe, exigir una justicia sin corrupción y, al mismo tiempo, rechazar que los jueces deban su cargo o su permanencia a la simpatía del poder. Sin independencia, el derecho deja de proteger al ciudadano y empieza a servir a quien gobierna.
Por eso volví a pensar en el paralelismo del caso colombiano y el nuestro. NO porque en Colombia se haya derrotado definitivamente la impunidad. Sin duda en ese país, las heridas del conflicto armado, del narcotráfico, de la guerrilla y del paramilitarismo siguen abiertas; muchas víctimas continúan esperando respuestas. Pero ese país ha construido caminos institucionales para buscar la verdad, investigar responsabilidades y reconocer a quienes fueron ignorados durante décadas. Sus experiencias de justicia transicional, búsqueda de desaparecidos y esclarecimiento muestran que incluso una historia atravesada por la violencia puede empezar a contarse de otra manera.
Recuperar la justicia exige fiscalías que investiguen sin instrucciones políticas; policías que sepan reunir pruebas en lugar de fabricar culpables; servicios forenses con recursos y coordinación suficientes para identificar a los desaparecidos; protección real para testigos, periodistas y personas buscadoras. Exige abrir archivos, seguir las cadenas de mando, sancionar a quienes encubren y garantizar que ningún uniforme, cargo o cercanía con el gobierno otorgue inmunidad. También exige algo cada vez más escaso, coherencia. No podemos reclamar castigo cuando el responsable pertenece al partido contrario y guardar silencio cuando es uno de los nuestros. No podemos defender los derechos humanos sólo si la víctima comparte nuestras ideas. Ni llamar justicia a una resolución que nos favorece y conspiración a la que nos incomoda. Los principios valen precisamente cuando obligan a reconocer lo que preferiríamos no ver.
Pienso en las personas que aparecen en la historia de Palacio y en tantas que conocemos en México. Quienes conservaron documentos, tocaron puertas, denunciaron y volvieron a denunciar. Quienes murieron sin saber qué había ocurrido. Quienes todavía buscan. Gracias a su persistencia, verdades que parecían sepultadas pudieron salir a la luz. Esa resistencia civil tiene un valor inmenso, pero no debería ser necesaria para obligar al Estado a hacer su trabajo.
México cuenta con colectivos, organizaciones de derechos humanos, periodistas, académicos, abogadas y abogados, y también servidores públicos que no han renunciado a su deber. No faltan personas comprometidas. Falta que su esfuerzo deje de ser una batalla solitaria y se convierta en una exigencia nacional sostenida, capaz de atravesar partidos, sexenios y diferencias ideológicas.
Recuperar la justicia no significa regresar al pasado. Sería un error romantizar instituciones que tantas veces abandonaron a las víctimas. Significa construir las que debimos tener desde hace mucho: instituciones que investiguen al poderoso, escuchen al vulnerable, reconozcan sus errores y reparen el daño. Instituciones que no necesiten autorización política para cumplir la ley.
Después de ver Palacio me quedó una convicción. Si Colombia, pese a la guerrilla, los narcos, el paramilitarismo y décadas de violencia, ha logrado abrir caminos (imperfectos, difíciles, pero reales) hacia la verdad y la justicia, México también puede y debe hacerlo.
No espero que quienes hoy concentran el poder decidan, por generosidad, someterse a controles. Eso tendremos que exigirlo. Porque cada desaparición sin esclarecer, cada expediente enterrado y cada abuso cometido en total impunidad nos aleja más del país que decimos tener y de la democracia que supuestamente queremos ejemplificar. La justicia no se recupera con propaganda ni con elecciones de jueces. Se recupera cuando la ley vuelve a ser un límite para el poder y una garantía para las personas. ¿Hasta cuándo?
