Joaquín Pérez Sánchez
De cara al entorno que rodea el nuevo proceso de diálogo en Colombia, todo parece indicar que en esta ocasión sí existe voluntad política para llegar a un acuerdo que finalice el enfrentamiento armado interno de casi cincuenta años. Sin olvidar los fracasos anteriores, se debe dar una oportunidad a la paz.
El pasado 27 de agosto en La Habana, Cuba, representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), suscribieron un Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Como garantes de estas pláticas “exploratorias”, estuvieron los gobiernos de Cuba y Noruega.
El país escandinavo será la primera sede para el diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua de América Latina, proceso que se iniciará el próximo 5 de octubre en Oslo, para después trasladarse a Cuba.
Las partes acordaron discutir ininterrumpidamente una agenda de seis puntos: Política de desarrollo agrario integral; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas e implementación, verificación y refrendación. Todos ellos incluyen apartados que, por supuesto, engloban las causas del origen del conflicto, así como la eventual desmovilización e incorporación de los insurgentes al entorno político nacional.
En esta ocasión, las partes no se comprometieron a ningún “cese al fuego”, ni a “despeje de territorio”. En este sentido, como en otros procesos de paz regionales, se espera que el cese al fuego sea producto de las pláticas en la mesa, lo cual significa que el proceso será largo y tendrá muchos escollos.
Para algunos analistas el gobierno de Juan Manuel Santos, aprovecha la debilidad militar de la guerrilla que durante los últimos diez años ha sido diezmada, buscando su aniquilamiento. Sin embargo, el ejército no ha logrado su objetivo y el costo de la guerra ha sido muy alto.
En materia de derechos humanos, Colombia sigue siendo uno de los países que más los viola, donde más se asesinan dirigentes sindicales, populares, periodistas y representantes de la sociedad civil. Además, el costo monetario de la guerra ha sido insultante y en tiempos de crisis como los que ahora se viven, difícilmente puede seguir el mismo camino, máxime cuando el principal aliado, político y económico del régimen colombiano (Estados Unidos), hace agua en las finanzas.
Por eso es que, desde el gobierno estadounidense, hasta la Iglesia Católica, apoyan este nuevo esfuerzo por encontrar una solución negociada a la guerra, pero también una plataforma política que reconfigure el escenario colombiano.
El proceso no será fácil, cuenta con muchos enemigos, uno de los cuales es el ex presidente Álvaro Uribe, quien, incluso, ahora reniega del presidente Santos, su antiguo subordinado. Sin embargo, la lectura política de Santos fue acertada, aceptó el diálogo y las encuestas reflejan que más del 78 por ciento de la población apoya la negociación que silencie las armas, porcentaje que sin duda, le daría la reelección al actual mandatario.