Telecracia vs. democracia/XIV y última parte
Javier Esteinou Madrid
El conjunto de irregularidades que se presentaron en las últimas elecciones federales del país no delimitadas por los marcos jurídicos electorales legales pudieron colocar como ilegítimos los resultados de los procesos de sucesión gubernamental intermedios en México, creando un vacío político sumamente grave entre el antiguo sistema político que concluía su mandato y el nuevo grupo político que intentó ocupar los cargos de representación popular de manera “genuina” y “pacífica” en la sociedad. Dichas circunstancias vulnerables crearon una coyuntura política muy delicada que pudo generar una grave inestabilidad y caos social que podría haber desembocado en la violencia colectiva y en otras manifestaciones de anarquía ciudadana, como sucedió con los resultados de las elecciones presidenciales de julio del 2006 en el país.
En este sentido, el proceso de construcción de la democracia en México se ubicó ante un severo peligro al no cubrir los partidos políticos estos vacíos jurídicos que dejó la reforma electoral, pues se comprobó, por una parte, que la voracidad mediática no tiene límite, ya que está dispuesta a provocar el colapso social, si este se convierte en un negocio muy rentable para las empresas monopólicas de la radiodifusión nacional.
Y, por otra, que el Estado mexicano llegó a una etapa fallida de tanta debilidad en su capacidad rectora donde ya no puede doblegar a los poderes fácticos de la comunicación electrónica bajo los principios medulares de la Constitución Política Mexicana.
Por ello, ante la concentración mayúscula de poder que han alcanzado los consorcios electrónicos de difusión y telecomunicaciones privadas, se requiere ejecutar diversas acciones de cambio en los niveles jurídico, comunicativo, formación de conciencia, fiscalización, participación ciudadana, regulación del poder mediático, y defensa del espacio de Internet que posibiliten el rescate de la verdadera acción política, con su correspondiente comunicación política, y eviten que continúe avanzando el patrón de la telepolítica mediática unilateral, con su respectiva tendencia a la inestabilidad del sistema electoral, de la gobernabilidad nacional y de la paz social en el país. Con este fin es necesario realizar, entre otras, las siguientes cinco acciones:
1.- Es impostergable que la sociedad civil exija al Congreso de la Unión la aprobación de una nueva ley de medios y de telecomunicaciones que modifique la actual relación desproporcionada que existe entre monopolios informativos, Estado y sociedad; introduciendo un nuevo pacto plural y democrático entre estos actores.
2.- Los partidos políticos y los legisladores deben considerar que las concesiones de radio y televisión son un bien público de la nación que no deben estar sujetas al desafío de los concesionarios o de las fracciones políticas.
3.- Ante los debates presidenciales, el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación deben garantizar democráticamente la realización de los futuros procesos electorales, asegurando que éstos sean transmitidos en cadena nacional a todo el país y no por coberturas comerciales privadas restringidas. En este aspecto, es conveniente considerar que la Secretaría de Gobernación puede y debe aplicar el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que la faculta para ordenar que todas las estaciones de radio y televisión de la república se encadenen para asuntos de trascendencia nacional.
4.- El boicot al primer debate entre los candidatos a la presidencia de la república dejó en claro la necesidad impostergable de crear una verdadera red nacional de medios públicos que implementen un proyecto ciudadano de comunicación que permita atender los principales necesidades comunicativas y de desarrollo global de la población.
5.- Este capítulo de la historia de la comunicación mexicana confirmó que la sociedad mexicana se encuentra ante un Estado cada vez más débil que no tiene capacidad de defender sus derechos comunicativos, sino que protege los intereses del poder mediático oligopólico.
Es por ello que en este marco de transición histórica de un tipo de sociedad autoritaria a otra más democrática, con el fin de fortalecer los Sentimientos Comunicativos de la Nación, hoy más que nunca es necesario rescatar los fundamentos de la filosofía humanística aplicada a los procesos de información y cultura, que plantea que las técnicas de la comunicación deben estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las técnicas de la comunicación.
Dentro de dichas coordenadas de transformación nacional, ahora le corresponde a la clase política mexicana demostrar históricamente que ese conocimiento crítico que se ha creado y acumulado en las universidades, en los centros de investigación y en las organizaciones ciudadanas del país será aprovechado para resolver las grandes necesidades de desarrollo comunicativo.
El reforzamiento de esta última vía prepotente sólo acrecentará de manera más acelerada la profunda crisis política de representatividad y de credibilidad que ya arrastran los partidos políticos y el gobierno, acentuando las contradicciones de la gobernabilidad pacífica nacional. Con ello, el sector político mexicano comprobará que no aprendió nada de los movimientos emancipadores de la Independencia y la Revolución de los últimos 200 años; y será corresponsable de que la resolución de los conflictos de la agenda nacional se canalicen por las vías violentas del “México Bronco” y no por las alternativas pacíficas que se construyeron con la frágil democracia que tenemos desde principios del siglo XXI en el país.
Por tal motivo, la sociedad mexicana y los poderes públicos de la república, especialmente el Congreso de la Unión, hoy poseen las herramientas materiales y políticas suficientes que les permiten decidir por la disyuntiva histórica de aceptar caminar en los próximos años hacia un proyecto de sociedad regido por la cabeza mediática autoritaria de los oligopolios comunicativos privados que se han formado en nuestro país y los partidos políticos despóticos o deciden avanzar hacia un proyecto de sociedad dirigido por la rectoría de un moderno Estado Nación Comunicativo.