Hacia otro Sistema Nacional de Investigadores/I-VI
Javier Esteinou Madrid
Contrariamente a las posiciones oficialistas que explican reiteradamente que el Sistema Nacional de Investigadores surgió en el país con la expedición del decreto presidencial el 6 de diciembre del 1983 en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, como un proyecto integral planificado de largo plazo del Estado mexicano para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, desde un ángulo crítico se observa que la verdadera razón que le dio vida en plena crisis del Estado benefactor de los años 80, fue la necesidad coyuntural de la clase política del momento para encontrar un mecanismo que contribuyera a solucionar una parte del problema financiero de la educación superior en el país.
De esta forma, el exsubsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Jorge Flores Valdés, fundador del Sistema Nacional de Investigadores, reconoce que en 1983 “un día por la noche me llamó a mi casa el maestro Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación Pública, y que le dijo: «¡Oiga, está aquí conmigo Salvador Malo —que era su asesor— y me está proponiendo un sistema de investigadores nacionales! ¿Usted sabe lo que es eso?». Le dije: «¡claro que sé!», y me expresó: «¿Qué le parece?». «Pues mire —le dije—, dadas las condiciones de salario y dadas las condiciones laborales de los profesores de tiempo completo, en particular en las universidades y en las grandes instituciones, yo creo que sería indispensable porque se nos van a escapar, va a haber una fuga sobre todo interna de investigadores». «¡Ah, bueno —dijo Reyes Heroles—, pues yo mañana tengo una reunión con el presidente Miguel de la Madrid. Entonces, júntese por la mañana con Malo y escriban la propuesta y yo se la presento al Presidente». Al día siguiente nos reunimos y preparamos el proyecto y se lo entregamos al maestro Reyes Heroles. Le pareció bien y a la 1 p.m. se le presentó al Presidente y a la 1:15 p.m. ya estaba aprobado. Así fue. Lo que no había sucedido durante 10 años ocurrió en menos de 24 horas”[1].
En esta forma, “ese fue el origen del Sistema. Surgió de manera un poco casual, no se debe a una política académica o científica del gobierno mexicano, aunque se trató de enmarcar dentro del Programa Nacional de Educación Superior. Emergió de la misma manera como surgen en México muchas cosas, por casualidad: llegó un conjunto de personas apropiadas en un momento apropiado y hubo voluntad política de establecerlo”[2].
Así, su gestación no respondió a la implementación de una política científica del Estado mexicano concebida con visión de largo aliento para impulsar la expansión de la ciencia en la nación; sino fue una mera solución política coyuntural muy rentable que implementó el gobierno en turno para resolver de manera superficial la crisis de depauperización salarial académica que estalló en la etapa de colapso del patrón de acumulación de capital nacional en los años 80.
En este sentido, no incrementó los ingresos universitarios de forma permanente, ni uniforme, ni integrada al salario base, ni con prestaciones laborales definitivas; sino sólo introdujo un mecanismo meritocrático y elitista para otorgar provisionalmente incrementos económicos a través de la productividad en el ámbito científico que demostraran los universitarios interesados en obtener dichos apoyos financieros concedidos por el gobierno en turno.
Así, paradójicamente el Sistema no se creó como la organización de un proyecto científico estructural del Estado, cuya misión fuera fortalecer estratégicamente, a largo plazo, el progreso de la ciencia y la tecnología en el país; sino nació coyunturalmente como un programa parche para solucionar provisionalmente el fuerte conflicto económico-laboral que enfrentaba el viejo Estado benefactor inmerso en una severa crisis sistémica.
De esta forma, el Estado evitó resolver mediante la creación de una política pública de fuerte impulso científico-técnica, dejándola operar históricamente como una simple válvula de escape meritocrática para enfrentar someramente el problema de la exigencia recurrente de incremento salarial de los académicos.
Mediante ello, se introdujo una directriz salarial paralela a la formalmente laboral con el fin de complementar el ingreso universitario a través de un mecanismo de pago a destajo intelectual basado en la relación de “si demuestras producir mucha investigación, ganas mucho; si produces poca investigación, ganas poco”; y no en la creación de una política pública de generación de los conocimientos fundamentales que requiere tener el modelo de desarrollo del país para resolver sus grandes contradicciones de crecimiento.
En este sentido, la fundación del Sistema correspondió a la aplicación de una simple solución provisional “a la mexicana”, para evitar la prolongación de la crisis académica de los profesores universitarios y el desabasto mental de cerebros especializados formados en la nación, mediante la entrega de estímulos económicos gradualizados según fueran las virtudes académicas que documentara cada investigador nacional al evaluar periódicamente su productividad intelectual.
Pese a su origen “benefactor” de dicha institución en los 80, ésta se expandió con un promedio de crecimiento del 10% anual, ocasionando que a la fecha ya existan aproximadamente 20 mil investigadores nacionales en el país, de los cuales la mayor parte se encuentran concentrados en el DF (UNAM, UAM-X, Politécnico y Colegio de México) y los principales centros industriales del país.
jesteinou@gmail.com
[1] Flores Valdés, Jorge, “Los orígenes del Sistema Nacional de Investigadores”; Salvador Vega y León, coordinador, en: Sistema Nacional de Investigadores. Retos y perspectivas de la ciencia en México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 2012, p. 12.
2 Ibid., p. 14.