La principal propuesta sobre el tema se esperaba del demócrata Joe Biden, pero su silencio ha resultado cómplice: no tiene una propuesta alternativa a la existente de asumir el control del tráfico y los recursos financieros de la droga.
La respuesta de México a las presiones de los EE. UU. (en 1985) fue ceder a los EE. UU. la supervisión de las oficinas antinarcóticos de México, disolver la Federal de Seguridad, crear el CISEN bajo los cánones estadunidenses de inteligencia.
La principal presión que ha resistido la estrategia presidencial ha sido la de los que proponen ofensivas contra capos y cárteles como una forma de desarticular el poder criminal.
En realidad, el conflicto radica en la centralización de la estrategia y de la comunicación en el presidente de la república, con todos los beneficios y problemas que ello implica.
La consolidación de cárteles, que explica el aumento en la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública en situación de crisis de la seguridad interior.
El problema del crimen organizado no es de seguridad pública, sino de seguridad interior en tanto que atentan contra la estabilidad y partes territoriales de la soberanía del Estado y rompen la gobernabilidad democrática.
La seguridad interior es la obligación del Estado para garantizar el funcionamiento económico, democrático y social de la república ante los embates de la delincuencia.
Las fuerzas armadas fueron desplegadas por el gobierno panista de Calderón, mantenidas por el gobierno priísta de Peña Nieto y refrendadas por el gobierno morenista de López Obrador.
En los hechos, el poder armado de los grupos criminales lucha con el Estado para desplazarlo de su presencia en zonas criminales de influencia: Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.
Si bien la vieja estrategia pasiva de gobiernos mexicanos de acomodarse a posteriori de las elecciones había dado resultados, México perdió espacios de definición estratégica de intereses propios y regionales.
Luego de abrir uno de los temas centrales de todo gobierno de alternancia, el presidente López Obrador lo cerró al día siguiente y el tema salió de la agenda de discusiones nacionales.
La única pax narca que vale ocurre cuando todos los grupos pactan la paz; sin embargo, siempre queda latente el síndrome del alacrán y el sapo, porque el primero pica a quien le salva la vida porque es su naturaleza.
La figura personal de El Marro fue dinamizada por los medios, luego de algunas acciones espectaculares en carros-bomba y en amenazas en video contra autoridades.
Los puntos máximos alcanzados en la nueva estrategia se agotaron en la creación de la Guardia Nacional y en el inicio de la nueva formación de policías locales. Sin embargo, crear una nueva policía local requeriría muchos más recursos de los pocos disponibles.
La presencia económica e institucional del Estado forma, de aplicarse de manera integral, una estrategia. Pero hasta ahora el Estado apenas ha podido derramar algunos subsidios salariales a jóvenes en zonas criminales.
El problema de la estrategia de seguridad radica en la existencia de una doble dirección: la del gabinete de seguridad –Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina y Fiscalía– y la inflexible del presidente de la república, no siempre ambas marchando al mismo ritmo.
No es una buena noticia, pero daría indicios de que la propuesta de “abrazos, no balazos” no pudo lograr su cometido de disminuir la violencia criminal.
El mensaje criminal fue inmediato: calles conocidas, jefe policiaco barrido a balazos, desinterés por los arrestos de responsables y de manera presunta la responsabilidad acreditada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las reglas de participación de las fuerzas armadas en seguridad son más claras, con reglamentos en cuando a preminencia de tribunales civiles, vigilancia de derechos humanos y ley sobre el uso de la fuerza.
Al final de cuentas, los delincuentes afectan a los ciudadanos en sus vidas y bienes, pero en realidad atentan contra la autoridad del Estado.
