En ambos casos, los policías pudieron reprender de palabra a los infractores, enseñarles el reglamento donde dice que deben usarlos y, como parte de la acción pública, obsequiarles uno para usarlo por obligación.
La Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana está haciendo verdaderos malabares presupuestales para cubrir todas sus necesidades y tiene enormes pasivos que sabe que no va a lograr cubrir por una economía pública en encogimiento.
La decisión oficial anunciada en el decreto del lunes 11 de mayo para enviar a militares a apoyo a la seguridad tampoco se preocupó por aclarar las responsabilidades constitucionales.
El presidente de la república tiene la falsa percepción de que los agentes de inteligencia son espías al servicio de viejos políticos y ha preferido dejar a ciegas al Estado con la disminución de funciones del CNI.
La participación militar no es nueva, se basa en las fracciones VI y VII constitucionales que permite al presidente movilizar al ejército en nombre de la seguridad interior y apoyarán a la Guardia Nacional.
El gobierno del presidente López Obrador anunció seis decisiones clave para fortalecer el escudo de seguridad nacional en la soberanía y en la seguridad interior ante la expansión de bandas del crimen organizado/desorganizado.
En documentos legales de cumplimiento estricto se señalan las funciones del Estado para mantener la seguridad, la soberanía y el bienestar, pero que no se están cumpliendo.
El dato mayor se localiza en la acción social –por llamarle de algún modo– de los cárteles del narcotráfico de distribuir despensas en zonas de población humilde en donde operaran con tranquilidad.
La movilización de la VI flota militar por el lado del Atlántico y de la Guardia Costera por el Pacífico quieren colocar una pinza sobre la zona que va del sur de México donde pasan migrantes y droga hasta Colombia y Venezuela.
La estrategia de seguridad del gobierno actual es la de no perseguir capos y crear condiciones para una tregua de la violencia, aunque sigan los arrestos por circunstancias inevitables.
La ofensiva contra este capo se inició casi sobre los tiempos políticos de inicio de la pandemia de coronavirus y dejó ver las intenciones estadunidenses de meterse en la seguridad mexicana.
La seguridad nacional es la estabilidad interna del Estado mexicano y de la gobernabilidad democrática, atendiendo los desequilibrios sociales que impidan el objetivo de paz interna.
El problema mayor de la inseguridad está en otro lado: la sustitución del Estado por organizaciones delictivas que desplazan a la autoridad y venden seguridad a los ciudadanos y empresarios.
A trece años de distancia, esa Ley es ignorada por las autoridades, se aplica con remilgos y la Secretaría de Gobernación no cumple con su función de construir un entramado jurídico para proteger a las mujeres.
Sea lo que sea, el nuevo gobierno de diciembre de 2018 tuvo la gran oportunidad de dar un golpe de timón. Y si bien avanzó mucho en estructura operativa, la grave deficiencia sigue siendo la aplicación de las leyes.
En la boda de El Padrino conviven políticos, funcionarios, jueces, abogados, sectores sociales no criminales. Las bodas son espacios de socialización: ¿para qué tener dinero si no se puede usar ni exhibir?
La estrategia puede seguir siendo la misma; objetivos de estabilidad, construcción de la paz y desarticulación pacífica de grupos delictivos. Pero algo se tiene que hacer con zonas detectadas como campos de guerra entre grupos.
Detrás de las cifras consolidadas se oculta, con pocos medios y analistas haciendo el esfuerzo de descifrar los mensajes, un panorama estatal y municipal que debiera conducir a una realineación de los objetivos.
El contenido de esta gran reforma debe cruzarse con dos hechos tensionados: un año de estrategia nacional de seguridad y los saldos persistentes de delitos y homicidios.
Lo de Torreón fue producto de una sociedad enferma, sin valores, de medios sin límites en la difusión de la información de seguridad, de las autoridades que fracasan en todo.
