Desde que el gobierno peñista inició su intervención en el conflictivo Michoacán, se supo que la tarea sería ardua, que el avance para devolver la tranquilidad a la entidad no sería constante, que habría obstáculos, pero que no podía dejarse a la entidad derivar hacia la total ingobernabilidad.
La pérdida de la Presidencia dejó al priismo sin la piedra fundamental que les daba cohesión.
Alegan que la detención de Guzmán Loera no soluciona el problema del narcotráfico, ni la de la violencia de las bandas criminales.
La actividad de las empresas multinacionales debe ser regulada estrictamente, para evitarse las penosas experiencias de otras naciones.
Ese discurso no sería igual en labios del senador Cordero que en labios del expresidente Calderón.
Al incorporarse a la discusión personajes como René Bejarano, sólo lleva la discusión a niveles fársicos.
Sólo el simplismo ideológico más ramplón ha criticado el acercamiento del presidente Peña Nieto a Cuba.
Esta confrontación panista ha escalado la violencia declarativa y, de seguir el curso actual, será la mayor amenaza a la unidad partidista.
Durante muchos meses la opinión ilustrada y la opinión publicada le han exigido al gobierno federal resolver el grave problema de seguridad que aflige a Michoacán.
Pretenden arrogarse una representatividad que no tienen, porque nadie las eligió, porque ni siquiera han tenido que luchar por el voto de los ciudadanos.
Terminada la lucha armada de la Revolución, los sucesivos gobiernos pusieron en marcha innumerables cambios sociales, económicos y políticos.
Hace un año, en Palacio Nacional el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, hizo un anuncio que desconcertó a quienes, desde la presidencial toma de posesión habían apostado a la incapacidad del nuevo gobierno para restañar las heridas que dejan las luchas por la Presidencia, especialmente cuando son tan enconadas como fue la de 2012.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista queretano Ricardo Anaya calificó como histórica la labor legislativa de la Legislatura que terminó el 15 de diciembre.
Si el año arranca con agresivas inversiones en vivienda e infraestructura, en pocas semanas se dejará sentir el fluir de los recursos.
Uno también tiene el derecho de hacer precisiones históricas, no ejercicios de activismo ideológico.
Cada uno de los partidos de oposición ha colocado al PRI entre dos fuegos.
Más temprano que tarde la paciencia gubernamental se agotará. Ojalá y cuando actúen las autoridades no sea demasiado tarde.
Se quejan de imposición, sin pensar que simplemente perdieron en la aritmética parlamentaria.
La tarea de los diputados y senadores es conciliar y reconciliar los intereses tan diversos y contradictorios que coexisten en la sociedad mexicana.
Debe prevalecer la voluntad para negociar, bajo la premisa de que negociar no es ceder.