TOQUE CRÍTICO Comunidades en defensa del agua/III Martín Esparza Flores Uno de los mayores problemas que enfrentan las comunidades y grupos étnicos en el territorio nacional tiene que ver con el despojo de sus recursos hídricos; lo mismo en Veracruz que en Sonora y en otras regiones, arbitrarios proyectos, tanto privados como oficiales, Seguir Leyendo
Los torcidos argumentos jurídicos de las autoridades intentan pasar por alto dos decretos presidenciales que establecieron la protección de dichas áreas.
Los informes recabados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en todo el territorio nacional, deben llevar a una evaluación de sus políticas públicas a todas las instancias de gobierno.
Debemos despertar ante una avasallante realidad que amenaza con arrebatarnos el país al ponerlo en manos de las insaciables trasnacionales.
Presentados como el modelo de generación de energía eléctrica limpia y protectora de la ecología, los parques eólicos, alentados por la CFE en el pasado sexenio, bajo el modelo de productores independientes, son en realidad la causa de graves conflictos sociales en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde los despojos en contra de comunidades indígenas operados con la anuencia y complicidad de los gobiernos federal, estatal y municipal, han puesto en peligro su supervivencia al destruir no sólo su ancestral patrimonio biocultural sino sus propios medios de subsistencia como el cultivo de la tierra, obligándolos a un forzado desplazamiento.
Una familia necesita emplear 189.75 pesos al día para adquirir los productos de la canasta básica.
Y ni qué decir de modernizar el sector mediante la fibra óptica que ya se concesionó y puso en manos de empresas privadas.
Ha perdido toda noción de la labor de un ombudsman.
En tanto el gobierno federal no asuma su responsabilidad por buscar una solución de fondo no únicamente al conflicto laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sino al problema que vienen enfrentando los usuarios de energía eléctrica de las 16 delegaciones del Distrito Federal y estados circunvecinos, atendidos por la extinta Luz y Fuerza del Centro hasta antes del 11 de octubre del 2009, ambos problemas sociales subsistirán colocando al nuevo gobierno ante la disyuntiva de mantener con vida un problema heredado por la administración panista que le antecedió, o resolverlo con un evidente objetivo de beneficio social.
Fuera de la Presidencia de la República y sin el manto protector del poder público, los panistas se están mostrando a todo el país, como lo que son y siempre fueron: auténticos delincuentes.
La reforma ha incidido en la pérdida de alrededor de tres millones y medio de empleos de base.
El discurso cómplice de las autoridades sólo encubre la avaricia de empresarios sin escrúpulos.
Las cifras entregadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información, a un medio informativo, relacionadas al creciente robo de energía en la zona centro del país, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hiciera cargo de la prestación del servicio, tras el ilegítimo decreto de extinción de Luz y Fuerza (LyF), en octubre del 2009
Una acción concertada, un golpe asestado contra los electricistas sin mediar razonamientos legales y menos administrativos.
Hoy en día, sus escasas recomendaciones ninguna instancia de gobierno las acata y menos las respeta.
Enrique Peña Nieto se comprometió en reiteradas ocasiones a bajar las tarifas eléctricas tanto en el consumo doméstico como industrial.
El SME va a derribar en los foros internacionales el muro de la intransigencia que agobia al país.
El ruinoso estado en que los gobiernos panistas dejaron al sector eléctrico del país —incluida la extinción de Luz y Fuerza— empieza a provocarle verdaderos cortos circuitos a la nueva administración que aún sin digerir el tamaño de la tragedia
Y si en Cananea su suelo se tiñó de rojo, en Río Blanco, la represión hizo correr auténticos ríos de sangre.
Al paso de la caravana por distintos puntos, abundaron las denuncias de trabajadores y ciudadanos.