El Entendimiento Bicentenario, acuerdo suscrito entre México y Estados Unidos sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras sustituye la Iniciativa Mérida de 2008. El nuevo Plan, aunque con mejoras, resulta insuficiente de raíz por ser abordado de forma aislado en el marco de una relación comercial que no se traduce en una integración económica entre México y Estados Unidos.
El plan de Entendimiento Bicentenario es un acuerdo bilateral que busca reducir la violencia y los asesinatos mediante el combate al narcotráfico en ambos países. El acuerdo en el ámbito político es relevante porque termina con un año de distanciamiento en la cooperación bilateral en seguridad, cuyo clímax fue la detención en Estados Unidos del ex Secretario de la Defensa de México, el agotamiento de la Iniciativa Mérida después de 13 años funcionando y la reconfiguración de la delincuencia organizada en México.
En el ámbito social, la situación de inseguridad y violencia en México se ha agravado consistentemente. En 2015, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 64,792 delitos por homicidio, narcomenudeo y secuestro en México; en 2020 ascendieron a 120,845 siendo el año más violento.
La inseguridad es un lastre económico para las empresas y la seguridad patrimonial de las personas siendo un freno importante para el crecimiento. En el año 2011, cifras del INEGI, señalaron que 2 millones de empresas fueron afectadas por la inseguridad, en 2019 la cifra ascendió a 2.6 millones. En cuanto al costo del delito, entre 2011 y 2019 el gasto promedio ejercido por empresa pasó de 56.7 a 85.3 miles de pesos en promedio anuales.
Ante este contexto, este nuevo acuerdo persigue tres objetivos: 1) proteger a las personas a través de reforzar la salud pública, apoyar a las comunidades y reducir los homicidios y delitos; 2) prevenir los delitos trasfronterizos mediante asegurar el transporte y el comercio, reducir el tráfico de armas, desmantelar las organizaciones delictivas y reducir el tráfico y trata de personas; y 3) perseguir a las redes criminales al desmantelar el financiamiento de actividades ilegales, reforzar los cuerpos de seguridad e incrementar la cooperación bilateral.
En este sentido, este plan presume ser más efectivo que su antecesor, la iniciativa Mérida, por centrarse en la raíz del problema distinguiéndose en una estrategia más holística e integral; es decir, si bien el primero buscó desactivar a los líderes de los carteles mexicanos, este último pretende brindar apoyo en salud pública, seguridad nacional y reforzamiento de las armadas nacionales. No obstante, aunque este plan puede ser el más importante en su cometido en décadas, el error persiste en atenderlo de forma aislada.
La histórica relación entre México y Estados Unidos se ha estrechado aún más con la firma del TLCAN, siendo instrumento protagónico de las relaciones comerciales e inclusive paradigma transformador de nuestra económica al punto de integrarnos al ciclo económico de Estados Unidos. Sin embargo, ese objetivo principal opacó la intención de trascenderlo a una mayor integración regional compuesto por políticas de seguridad, políticas públicas, esquemas de regulación y el libre tránsito de personas.
La renovación del TMEC se centró en mantener un acuerdo comercial de eliminación arancelaria que se renovará en materia regional dejando de lado la agenda de políticas públicas, migratorias y sociales que buscasen una mayor integración. La celebración de acuerdos como el Entendimiento Bicentenario que no incluye los montos de financiación o que detalla en las estrategias, son el resultado de relegar la agenda política en nuestra relación bilateral.
La economía de las drogas en México genera problemas complejos por las condiciones sociales y económicas en que ocurre, particularmente por los altos niveles de desigualdad que existen en el país. Es aquí en donde la militarización y el trabajo de inteligencia encuentran sus límites y se convierten en medidas inefectivas e insuficientes.
El Entendimiento se sustenta por tres compromisos transversales: proteger los derechos humanos y promover la prosperidad, intercambiar información y centrarse en datos y resultados. Sin embargo, la garantía de la seguridad fronteriza no puede acotarse solo a un plan, sino que requiere de la armonización institucional entre México y Estados Unidos, la definición de vehículos legales y jurídicos, y desde luego, centrase en las personas. En síntesis, de una mayor integración en las relaciones entre México y Estados Unidos.
Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®