La violación de la Constitución
Pese a que el 8 de septiembre de 2021 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le exigió al Poder Legislativo que antes de concluir el período ordinario de la LXV Legislatura a más tardar el 15 de diciembre de ese año tendría que elaborar una nueva “Ley General de Comunicación Social” que subsanara suficientemente las obligaciones relativas a la distribución de la publicidad gubernamental establecidas en el artículo 3° transitorio de la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión de 2014 que afectaban el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la información; el Congreso de la Unión no cumplió con su obligación constitucional. De esta forma, no obstante que el Congreso tuvo tres meses para regular jurídicamente esta realidad después de la orden contundente de la Suprema Corte, decidió desestimar la resolución formulada por dicha instancia convirtiéndose en un poder republicano omiso y rebelde para cumplir con sus obligaciones con los ciudadanos.
Tal grave suceso comunicativos fue desapercibido por la casi totalidad de la opinión pública nacional e internacional por dos razones: primero, debido a que la mayoría de los medios de comunicación omitieron comentar esta situación para no entrar en conflicto con el régimen vigente. Segundo porque los eventos religiosos y del descanso de fin de año 2021 movieron la atención hacia el festejo de la peregrinación del “Día de la Virgen de Guadalupe”, las posadas, la Navidad, el fin de Año, las vacaciones y la llegada de los “Reyes Magos”. Así, se nublaron las consecuencias que produjo este comportamiento irresponsable del Congreso de la Unión permitiendo que se prolongara el modelo toxico de administración de la publicidad oficial.
Las Consecuencias
Dicha actitud del Poder Legislativo ocasionó, entre otras, las siguientes diez consecuencias sobre el funcionamiento del modelo de comunicación nacional y el proceso de construcción de la opinión pública que se ejerce cotidianamente en el país:
1.- El Congreso vulneró el orden del derecho establecido pues no acató el mandato contundente expresado por la Suprema Corte que le exigió la creación urgente de una nueva “Ley de General de Comunicación” que normara el ejercicio de la publicidad gubernamental.
2.- Se conservó un estado inconstitucional que favoreció la censura sutil del gobierno hacia las líneas informativas de los medios de comunicación, especialmente privado-comerciales, mediante el otorgamiento de “premios” a las políticas editoriales de los canales de información que lo apoyan, y “castigos” políticos a los que lo critican.
3.- La falta de voluntad política del Congreso de la Unión arremetió contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México, pues igual que en las últimas décadas, se continuó manejando de forma discrecional y opaca la distribución de la publicidad gubernamental impactado negativamente sobre el ejercicio de las garantías comunicativas.
4.- Se mantuvo la misma relación desigual existente a lo largo de los primeros tres años de gobierno del lopezobradorismo entre el Estado y los medios de comunicación pues se conservaron los dañinos vicios de la “Ley Chayote”. Esto es, no se modificó la tradicional vinculación entre medios y gobierno ya que se prosiguió recompensando a los mismos canales “subordinados” y se sancionó a los medios “desobedientes” que son críticos del sistema.
5.- Se dañó la estructura de la democracia, pues se permitió que prevaleciera un pequeño grupo de medios de difusión “consentidos” por el régimen que difundían una imagen favorable de éste y se marginó a un sector relevante de canales detractores y a una mayoría de “medios pigmeos” que no adulaban la dinámica del sistema, sino que también lo enjuiciaban.
6.- Afectará la imparcialidad de los procesos electorales, ya que permitirá la manipulación de las dinámicas de los comicios al autorizar que se apoyen a algunos candidatos, partidos o instituciones al permitir que la propaganda se pueda calificar como información noticiosa y no como publicidad política.
7.- Se fomentó la concentración comunicativa dañando la pluralidad informativa que es fundamental para la existencia de la opinión pública diversa que es fundamento estructural de la democracia. Debido a la ausencia de un marco regulatorio que anulara la discrecionalidad y discriminación en la asignación de la pauta de publicidad oficial a los medios, además de los viejos “ganones” del otorgamiento de esta, se sumaron los nuevos “premiados” manteniendo intocada la concentración del gasto y la selectividad opaca.
8.- Se fomentó que un pequeño grupo de medios dominantes continuaran definiendo las tendencias de la opinión pública en el país al otorgarles más financiamiento y se marginó la existencia de una información más plural y alternativa al no apoyar en la misma proporción a los canales de difusión pequeños o marginales como los comunitarios, indígenas, culturales o universitarios. De esta forma, se permitió que un núcleo de comunicación privilegiado fuera la que definiera con mayor incidencia la orientación de la opinión pública nacional reforzando la prevalencia de un discurso único, centralizado, en detrimento de la pluralidad informativa.
9.- Este abandono legislativo generó una deformación del derecho a la información y la libertad de expresión, pues ante la ausencia de reglas bien definidas y frente a la necesidad de recibir financiamiento gubernamental, los medios practicaron una “dinámica de autocensura” para no entrar en colisión con el régimen gobernante y evitar perder las relevantes ayudas económicas que otorga el gobierno por concepto de propaganda oficial. Esto permitió alimentar desde la programación de los medios una versión “recortada”, “ajustada”, “manipulada” o “funcional” de la cruda realidad nacional para proteger la imagen gubernamental, cultivando una libertad de información, sesgada, miope o parcial, con objeto de merecer los apoyos financieros estatales, vía el otorgamiento de publicidad oficial.
10.- Además de las presiones que impuso dicho suceso sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, también incrementó los conflictos para la sobrevivencia de las empresas de comunicación, pues al no existir canones transparentes para la distribución de la publicidad gubernamental quedó amenazada la subsistencia financiera de diversos medios, especialmente de los contestatarios contra el sistema morenista.
Las preguntas
Ante dicha omisión normativa sobre la publicidad gubernamental por parte de la partidocracia dominante surgió, entre otras, las siguientes cuatro preguntas: ¿Qué pasará con el Congreso ante el incumplimiento del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de los legisladores? ¿Cuáles deberán ser las penas que tendrá que pagar el Poder Legislativo frente a dicho desacato? ¿Qué consecuencias educativas deja para la sociedad el pésimo ejemplo de irresponsabilidad cometido por el Congreso de la Unión? ¿Con que autoridad o legitimidad los legisladores pueden exigirles a los ciudadanos que paguen sus impuestos, sean honestos, cumplan con sus obligaciones institucionales, limiten el individualismo, se conduzcan con valores éticos, etc.; si la partidocracia dio un enorme ejemplo oficial de despotismo, desdén y autoritarismo hacia la sentencia de la Corte que simplemente resguardaba el “orden del derecho” comunicativo en el país?
Todo ello reflejó que en el terreno de la comunicación la narrativa del actual gobierno de la “Cuarta Transformación” en el sentido que “no somos iguales”, se derrumbó en pedazos, pues dicho comportamiento legislativo negligente constató que la clase política, particularmente morenista, “sí son iguales” a las anteriores administraciones gubernamentales fuertemente criticadas, ya que se conservaron -aunque en menor proporción-, los mismos vicios del antiguo régimen para manipular políticamente el otorgamiento de la propaganda gubernamental a los medios de información colectivos. De esta forma, lo que se constató fue que lo sustancial para el nuevo gobierno de la “Esperanza del Cambio” no era fortalecer el derecho a la información y las garantías comunicativas de los ciudadanos, sino lo central giraba alrededor de vigorizar la hegemonía ideológica del régimen de la Cuarta Transformación a costa de continuar manipulando discrecionalmente el reparto de la propaganda gubernamental.
El oportunismo contradictorio del Congreso: ¡Realizar la justicia en los bueyes de mí vecino!
Lo más paradójico dentro de este asombroso panorama fue que mientras MORENA, y sus aliados como principal fuerza política en el Congreso de la Unión, no respetaron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reglamentar la publicidad oficial; simultáneamente exigieron con todo rigor jurídico que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí respetara la sentencia de la Corte sobre la realización de la consulta nacional acerca de la “Revocación del Mandato Presidencial” en abril de 2022. Así, después que la Corte le diera un fuerte revés al INE al dictaminar que era improcedente su demanda de suspender la “Revocación del Mandato” por carecer de suficientes fondos económicos para ejecutarlo eficientemente, los ministros resolvieron que si debía realizar tal plebiscito; MORENA celebró ampliamente dicha resolución y exigió que se cumpliera meticulosamente el veredicto.
Ante dicho complejo escenario el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos el 17 de diciembre de 2021 un acuerdo mediante el cual se aceptó posponer temporalmente la ejecución de la Consulta, argumentando que con el dinero que tiene el órgano electoral, simple y sencillamente no se puede organizar un ejercicio eficiente de revocación de mandato como lo señala la Ley.
Frente a tal decisión del INE, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional contra este Instituto, pues la suspensión del proceso de revocación constituía el incumplimiento de un mandato legal y a la vez configuraba un fraude a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al evadir su cumplimiento. De igual forma, llevando al extremo dicha reclamación MORENA y sus aliados exigieron juicio político contra los Consejeros del INE que se opusieron a la realización de ese plebiscito, para lo cual presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a las probables responsabilidades administrativas y penales, originadas por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, al suspender los derechos políticos de los mexicanos amparados en el artículo 29, en lugar de asegurarlos. Dicha demanda fue respaldada por diez y siete gobernadores de MORENA en la República Mexicana, además de los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (PES), y San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (PVEM).
De igual forma, tal controversia constitucional fue apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, por una parte, expresó que “el INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta la institución, que no puede ser ese un motivo o una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia”. Por otra parte, calificó la pretensión del INE de intentar posponer el proceso como “chicanadas, tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros, pero el fondo ya está resuelto, qué era lo que nos importaba”.
En este sentido, fue enormemente sorprendente que en este ríspido contexto político-legislativo existieron muchas protestas muy potentes de AMLO/MORENA y sus aliados para exigir el respeto al veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de la “Revocación del Mandato Presidencial”, y no existió ninguna condena o exigencia de respeto de los partidos y del Poder Ejecutivo para cumplir con la deliberación expresa de la Corte sobre la urgente necesidad de normar la propaganda gubernamental.
En síntesis, fue asombrosa la incongruencia legislativa practicada por MORENA y sus aliados al exigir enérgicamente, por una parte, que al mismo tiempo que se cumpliera la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la realización de “Revocación del Mandato”; simultáneamente, por otra parte, la misma clase política anulara el mandato de la idéntica Corte de la Nación sobre la reglamentación de la publicidad oficial: ¡Realizar la justicia en los bueyes de mí vecino, pero no en los míos!
El costo político de la irresponsabilidad legislativa
Dicha relevante irresponsabilidad deliberada del Poder Legislativo por la inejecución de la sentencia del Poder Judicial podría derivar en la destitución y consignación penal de los presidentes de ambas Cámaras, pues se convirtió en un acto intensional de rebeldía político-institucional contra la naturaleza medular del Estado republicano, fundamento histórico de la nación mexicana.
Todo ello confirmó la unilateralidad y desvergüenza de la partidocracia y de las fuerzas hegemónicas morenistas prevalecientes dentro del mismo, pues cuando se trata de defender los derechos comunicativos de los ciudadanos son omisos, irresponsables y cínicos; y cuando desea reforzar sus intereses grupusculares actúan con gran premura enérgica con la Constitución en la mano exigiendo que se cumpla la Ley.
En un país que se autocalifica de civilizado, democrático y que pretende conducirse por el “orden del derecho” y no por los impulsos de la prepotencia, el capricho o del oportunismo, tal reprobable acción premeditada debe tener consecuencias jurídicas severas. De lo contrario, se alimentaría en el país la pedagogía masiva de aceptar oficialmente el autoritarismo, la impudicia, el abuso y la antidemocracia institucional, elementos que minan el corazón de la Constitución Política Mexicana y del pacto histórico republicano de la nación.
¿Qué hacer?
Por consiguiente, ante este preocupante escenario es indispensable que el Congreso de la Unión rinda cuentas a la sociedad respecto al desconocimiento de la sentencia de la Corte. La ciudadanía tiene derecho a conocer los argumentos de este grave desacato legislativo que desestimó una resolución del máximo tribunal del país, manteniendo un clima de inconstitucionalidad que favorece la censura sutil y la irregularidad comunicativa. Es imprescindible que el Poder Legislativo no posponga más de los siete años ya transcurridos la vigencia de esta herencia antidemocrática y se comprometa con sus responsabilidades legislativas básicas hacia la sociedad, convocando a un conjunto de diferentes voces especializadas para conformar un nuevo marco jurídico sobre el destino de la propaganda gubernamental que reúna los más altos estándares internacionales en materia de libertad de expresión y publicidad oficial.