La Corte se convirtió en tribunal constitucional en sentido pleno, dejando atrás su carácter predominantemente político e incluso irrelevante y abriendo la puerta a que sus sentencias moldearan el sistema jurídico.
De entrada, la nueva comisión está diseñada como un órgano subordinado directamente a la titular del Poder Ejecutivo. No se trata de un comité plural, representativo ni deliberativo.
El resultado no solo es la deformación del nuevo Poder Judicial de la Federación, sino una nueva grieta en los ya de por si erosionados cimientos democráticos de nuestro país.
En ese contexto, la reciente sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que obliga a una ciudadana sin cargo público a pedir disculpas durante 30 días por haber opinado sobre una diputada federal, no solo resulta desproporcionada; es una distorsión perversa de la figura jurídica que busca proteger a las mujeres en política.
Con estas reformas, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no solo ha logrado imponer su voluntad legislativa gracias a la mayoría parlamentaria, sino que ha consolidado una forma de gobernar donde el poder legislativo deja de ser independiente y autónomo…
Detrás de esa operación (que fue ampliamente documentada en redes y medios digitales) se denunciaron actos que podrían configurar coacción del voto, uso de recursos públicos, propaganda indebida en periodo de veda, y una afectación directa al principio de equidad en contienda.
El anuncio de esta reforma llega en un momento políticamente estratégico: con una mayoría legislativa amplísima, una presidenta con altísimos niveles de aprobación y un aparato de comunicación robusto.
Se vendió como una oportunidad de “democratizar la justicia”, pero en realidad fue una operación diseñada meticulosamente desde el poder para tomar el control del último contrapeso institucional: los tribunales.
La elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 no fue una fiesta democrática, sino un episodio complejo, confuso y profundamente cuestionado. Desde este mismo espacio se ha sostenido con claridad
El verdadero problema es que en esta elección todo fue definido por ese aparato. Desde la narrativa oficial hasta las boletas prácticamente prellenadas —los famosos “acordeones”— lo que presenciamos fue una operación política, no un ejercicio de soberanía popular.
No digo esto como una concesión, sino para subrayar que este modelo ya está en la Constitución y que, de aquí a 2027, será el mecanismo para designar a quienes impartan justicia en todo el país. Por eso, si no participamos, otros decidirán por nosotras y nosotros.
Lo que está en juego no es solo la integración de estos órganos, sino la posibilidad de que los nuevos titulares cuenten con legitimidad democrática y, sobre todo, con capacidad técnica y autonomía suficiente para ejercer su encargo.
Desde que se dio luz verde a este proceso inédito, se nos dijo que sería una oportunidad para abrir el Poder Judicial a la ciudadanía, para acercar la justicia a la gente, para lograr construir un poder judicial más humano y sensible…
Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas de circuito, y jueces y juezas de distrito competirán en una contienda electoral sin precedentes. Se trata de 60 días de campaña, sin financiamiento público y bajo reglas particulares.
En México, la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidados es evidente y los datos lo confirman. En promedio, cada una de nosotras dedica 2,139 horas al año a estas labores, mientras que los hombres apenas alcanzan 735 horas.
Así, la conmemoración del 108 aniversario de nuestro texto constitucional ha quedado marcada por un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país: la exclusión deliberada del Poder Judicial.
El conflicto alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió acatar una suspensión otorgada en un juicio de amparo, lo que implicó detener el proceso…
La falta de regulación en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) ha abierto la puerta a estas prácticas, poniendo en duda la equidad del proceso…
Sus palabras fueron claras, contundentes y pertinentes: la eliminación de la carrera judicial y la politización de la justicia no son caminos hacia el fortalecimiento de la democracia, sino pasos hacia su erosión.
scribo estas líneas a escasos cuatro días de que cierre el registro ante los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
