El verdadero problema es que en esta elección todo fue definido por ese aparato. Desde la narrativa oficial hasta las boletas prácticamente prellenadas —los famosos “acordeones”— lo que presenciamos fue una operación política, no un ejercicio de soberanía popular.
No digo esto como una concesión, sino para subrayar que este modelo ya está en la Constitución y que, de aquí a 2027, será el mecanismo para designar a quienes impartan justicia en todo el país. Por eso, si no participamos, otros decidirán por nosotras y nosotros.
Lo que está en juego no es solo la integración de estos órganos, sino la posibilidad de que los nuevos titulares cuenten con legitimidad democrática y, sobre todo, con capacidad técnica y autonomía suficiente para ejercer su encargo.
Desde que se dio luz verde a este proceso inédito, se nos dijo que sería una oportunidad para abrir el Poder Judicial a la ciudadanía, para acercar la justicia a la gente, para lograr construir un poder judicial más humano y sensible…
Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas de circuito, y jueces y juezas de distrito competirán en una contienda electoral sin precedentes. Se trata de 60 días de campaña, sin financiamiento público y bajo reglas particulares.
En México, la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidados es evidente y los datos lo confirman. En promedio, cada una de nosotras dedica 2,139 horas al año a estas labores, mientras que los hombres apenas alcanzan 735 horas.
Así, la conmemoración del 108 aniversario de nuestro texto constitucional ha quedado marcada por un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país: la exclusión deliberada del Poder Judicial.
El conflicto alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial decidió acatar una suspensión otorgada en un juicio de amparo, lo que implicó detener el proceso…
La falta de regulación en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) ha abierto la puerta a estas prácticas, poniendo en duda la equidad del proceso…
Sus palabras fueron claras, contundentes y pertinentes: la eliminación de la carrera judicial y la politización de la justicia no son caminos hacia el fortalecimiento de la democracia, sino pasos hacia su erosión.
scribo estas líneas a escasos cuatro días de que cierre el registro ante los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
La CIDH, como órgano principal del sistema interamericano, tiene un mandato de monitoreo y promoción de derechos humanos en los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En su proyecto, el ministro González Alcántara plantea invalidar tres elementos esenciales de la reforma judicial: la elección popular de jueces y magistrados federales y locales; la figura de los llamados “jueces sin rostro”…
El riesgo es evidente: las reformas constitucionales, al quedar blindadas, podrían incluso permitir la reelección presidencial o la abolición del federalismo sin que exista medio legal alguno para revertirlas.
Esta brecha muestra que, aunque la presencia femenina ha aumentado en la estructura judicial, persisten barreras invisibles que limitan el acceso de las mujeres a posiciones de mayor jerarquía, reproduciendo un sistema desigual.
Pero la duda surge, ¿de verdad llegamos todas? Durante mucho tiempo se ha señalado que la presencia de mujeres en posiciones de poder no garantiza automáticamente un cambio en la distribución del poder…
Es escalofriante pensar que nos encontramos precisamente de cara a esa Cuarta Constitución, la Constitución de la 4T, una constitución militarista, sin contrapesos, con un hiperpresidencialismo, centralista…
Uno de los aspectos más preocupantes es el incumplimiento de las suspensiones concedidas por diversos jueces de distrito durante el proceso de aprobación de la reforma, es decir, durante el proceso de reformas constitucionales…
Todo esto ocurrió en los plazos, tiempos y modos que habían sido anunciados desde hace más de tres meses, pues el presidente López Obrador quiere dar un último grito desde Palacio Nacional que incluya “viva la justicia del pueblo”.
Esta reforma, presentada bajo el pretexto de democratizar y hacer más eficiente el sistema judicial, plantea, en realidad, riesgos significativos para la independencia judicial y la profesionalización de la judicatura.
