Un hondo impacto social causó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de sus páginas se evidencia que la indagatoria de la Procuraduría General de la República acusa inconsistencias, falencias, omisiones y manipulaciones.
En el mensaje presidencial emitido el 2 de septiembre desde Palacio Nacional se consignó que durante el año pasado se registraron sucesos que generaron molestia e indignación en la sociedad, como los ocurridos en Iguala. Lo que no se dijo es que el maremágnum de protestas nacionales e internacionales se debió, entre otras razones, al hecho de que la barbarie de que fueron objeto los estudiantes de Ayotzinapa evidenció que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada, tal como lo advirtió meses antes el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y que el territorio nacional está literalmente plagado de fosas clandestinas, lo que se corrobora con el hallazgo en un rancho de Nuevo León de los restos de cuando menos 31 personas.
Los desaparecidos son un tema de especial trascendencia dentro de la agenda del sistema internacional de protección de los derechos humanos y es por ello que: I) el 18 de diciembre de 1982 la asamblea general de la ONU aprobó por aclamación la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, II) el 20 de diciembre de 2006 dicho órgano también expidió la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su quinto informe en relación con el trágico caso de los normalistas de Ayotzinapa, del cual se deducen importantes observaciones a las que me referiré en esta entrega.
En la carta de instrucciones enviada en 1946 por el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Spruille Braden, al embajador norteamericano en México, se consignó: “Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. Debe parecer que la iniciativa proviene del Gobierno de México y éste tiene que insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra concesión”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer pública su preocupación en torno a los crímenes cometidos por militares en Calera, Zacatecas; Santa María Ostula, Michoacán; y Tlatlaya, Estado de México. Urgió a las autoridades a desarrollar las investigaciones en forma seria, independiente, imparcial, efectiva y en plena concordancia con las obligaciones internacionales contraídas en materia de derechos humanos.
Hace una semana se dio a conocer la decisión de someter a la justicia penal a cuatro elementos del 97 batallón de infantería, a quienes se les imputa la desaparición forzada y posterior ejecución de siete jornaleros de la municipalidad de Calera, Zacatecas, cuyos cuerpos presentaban el tiro de gracia y huellas visibles de tortura.
La directiva miliciana de “abatir delincuentes en horas de obscuridad” sin duda fue la causa directa de la ejecución sumaria de civiles perpetrada en Tlatlaya. La percepción en el sentido de que existe un enemigo al que hay que aniquilar está detrás de los ataques indiscriminados que efectivos militares llevaron a cabo en las localidades michoacanas de Ecuandureo, en la que más de treinta jóvenes fueron ultimados a mansalva, y Santa María Ostula, comunidad indígena en la que balas provenientes de armas reglamentarias segaron la vida de dos menores de 6 y 12 años de edad, así como en Calera, Zacatecas, donde siete jornaleros fueron desaparecidos y posteriormente asesinados.
En la entrega precedente se hizo alusión a la directiva militar de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, al amparo de la cual se habría llevado a cabo la ejecución sumaria de civiles en Tlatlaya, aseverando que este hecho podría propiciar el surgimiento de una responsabilidad por cadena de mando a las jerarquías milicianas.
La directiva militar de “abatir delincuentes en horas de obscuridad”, al amparo de la cual se llevó a cabo la ejecución sumaria de varios civiles en la localidad de Tlatlaya tiene graves implicaciones que es preciso analizar.
El 11 de junio pasado se conmemoraron cuatro años de la entrada en vigor de la trascendental reforma por la que los derechos humanos se elevaron a rango constitucional y ahora, junto con las tradicionales garantías individuales y sociales, integran el llamado bloque de la constitucionalidad.
Cientos de niños han sido abusados por clérigos que a su vez han sido protegidos con el manto de la impunidad.
La constatación de la existencia del conflicto armado interno emergido a raíz de la puesta en marcha de la llamada guerra antinarco está cada vez más presente en los reportes provenientes de fuentes internacionales. Hace unos meses el Instituto para la Economía y la Paz publicó el Índice de Paz Global y calificó a México como el segundo país más violento de América Latina, apenas superado por Colombia. En el plano mundial y considerando un universo de 162 naciones, fuimos ubicados en el rango 138, equivalente a un nivel “bajo de paz”, cercano al que se vive en Ruanda e Irak.
Las violaciones graves a tales deberes son tipificatorias de crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El uso de la violencia por parte del Estado ha sido una constante a lo largo del tiempo. En los albores del México de la posrevolución, la reseña histórica comienza con la ejecución en Huitzilac del general Serrano y otros oponentes de Álvaro Obregón, acaecida en 1927, y el ataque en 1946 a los sinarquistas de León, Guanajuato.
Se ha dicho, y con razón, que los seres humanos vivimos dentro de la secuencia temporal integrada por el pasado, el presente y el futuro, y que la memoria es lo que nos permite atribuirle significado a esa dinámica existencial. Sin ella se extravían la identidad y el sentido mismo de la vida. Un gran autor, George Steiner, sostiene que la crisis de la cultura occidental es fundamentalmente una crisis de memoria.
En su reciente visita al país, el subsecretario de Estado para Asuntos de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Tom Malinovski, aseguró que México se encuentra bajo un fuerte escrutinio de la comunidad internacional por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa y que asimismo hay una tradición de impunidad en materia de violación a los derechos humanos, corrupción, desapariciones, secuestros y torturas.
Según datos del Centro de Investigaciones del Instituto Mexicano Cristiano, en nuestro país hay aproximadamente 14 mil sacerdotes católicos y de ese total un 30 por ciento, 4200, han cometido algún tipo de abuso sexual contra niños y niñas. Tales datos evidencian que estamos en presencia de un asunto sumamente grave, lo que se corrobora con el impresionante cúmulo de casos que han sido dados a conocer públicamente, comenzando con el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, cuyas atrocidades son dignas de una narrativa extraída de las entrañas mismas de los nueve círculos del infierno descritos en la obra magna del poeta florentino Dante Alighieri.
Las cosas no están resultando fáciles para el gobierno de Peña Nieto. Contra la visión rebosante de optimismo que mucho se asemeja al comportamiento tenazmente ingenuo de Cándido, el simpático personaje que da vida a la obra del mismo nombre escrita por el gran Voltaire, en el horizonte se aprecian algunos nubarrones que eventualmente podrían convertirse en auténticas tormentas eléctricas.
Dolorosa e inadmisible realidad Raúl Jiménez Vázquez Además de un mandato constitucional emanado de la histórica reforma a la Carta Magna del 11 de junio del 2011, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos representa una exigencia de capital importancia, pues, tal como se dispone en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por Seguir Leyendo