Es un criterio que nació para responder a las preguntas del momento, a la puesta en práctica de los nuevos principios recogidos en la Constitución, que, como un ordenamiento vivo, admite nuevas reflexiones y dinamismo.
Junto con el entorno de violaciones descrito, en nuestro país existen numerosas agresiones en contra de defensores de derechos humanos, quienes ponen su vida e integridad en riesgo.
La ENDIREH inició en el 2003, fue la primera de este tipo en Latinoamérica y, con ello, México dio un gran paso en el estudio cuantitativo sobre la violencia de género. Esta encuesta es un parámetro, a nivel internacional, sobre experiencias violentas que han sufrido las mexicanas.
La prisión preventiva (PP), sin duda alguna, es una institución que restringe de manera palpable el derecho a la libertad personal de toda persona sujeta a un proceso y que pone en jaque el principio de presunción de inocencia.
Actualmente el rezago escolar se mide entre 2 o 3 ciclos escolares, es decir, de 2 a 3 años ¿qué significa? que un niño de tercero de primaria no sabe leer ni escribir. Y a esto se suma la enorme deserción escolar.
Lo que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador no se limita al anuncio de un nuevo “decretazo” para que la Guardia Nacional pase al Ejército, sino que lo anunció con bombo y platillo desde el único lugar donde se siente cómodo, el púlpito mañanero.
Un país donde a los pocos días de esos inenarrables hechos, la fiscalía de Jalisco pretende hacernos creer que la víctima se autoinmoló. Luz Raquel de tan solo 35 años, madre de un niño con autismo al que cuidaba prácticamente las 24 horas del día.
En suma, el amparo es un instrumento de justicia constitucional al alcance de todas las y los gobernados, para controlar que las normas generales (incluyendo leyes, reglamentos y decretos) que se expidan no contradigan a la Constitución.
Para AMLO o se está con él y se le dice que si a todo lo que hace o se trata de corruptos, conservadores, pseudo activistas, pseudo ambientalistas, neoliberales, neoporfiristas, y un amplio etcétera.
Apenas se cumplen 67 años del derecho al voto de la mujer mexicana, esto quiere decir, que en pleno Siglo XX las mujeres mexicanas gozaban de muy pocos derechos y oportunidades.
Hoy están en un riesgo mayor que aquel en que estaba prohibido el aborto antes de Roe v Wade, y esto por la llamada “huella digital” que coloca a todas en una posición mucho más volnerable.
Los hechos ocurridos en Cerocahui constituyen una especie de alegoría del descaro de los delincuentes, que no les basta con acribillar a tres personas, sino que además desaparecen los cuerpos.
La Primera Sala concluyó que el derecho a la identidad de género es un derecho fundamental que debe ser reconocido a todas las personas sin importar su edad, lo que conlleva el derecho a la adecuación de sus documentos de identidad.
Esta reforma constitucional significó para nuestro país la reforma constitucional más importante, desde aquella publicada el 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos.
Como se desprende de los propios antecedentes de la NOM-046 con la elaboración de la misma nuestro país da cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer.
Esto es claramente discriminatorio, o cuando menos violatorio de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes pues existen marcos normativos que permiten o no acceder al aborto legal y seguro dependiendo el lugar de residencia.
Lo cierto es que existen tantas formas de ser madre como madres existen, pero hay temas que desde el romanticismo impuesto de la madre abnegada, siempre amorosa, siempre dócil y siempre dispuesta.
Esto representa además un grave ataque al derecho fundamental a decidir de mujeres, niñas y personas gestantes; pues si se llega a anular Roe v. Wade, la posibilidad de prohibir el aborto recaería en las legislaturas estatales.
Existe un gran cúmulo de evidencia científica y estadística que permite afirmar que el PETC generaba resultados positivos significativos sobre los aprendizajes, la asistencia escolar, la reducción del rezago escolar grave, la alimentación.
Por ello incluso se habla que son mecanismos de justicia constitucional que sirven para proteger el ámbito competencial de los entes de gobierno o el régimen federal de distribución de competencias.
