El compromiso de defender y sostener el orden constitucional que da sustento y sentido a su desempeño, mediante el juramento solemne; y, segundo, la expresión de las ideas que dan forma y orientan esencialmente la gestión por realizar.
Durante poco más de dos años se han multiplicado las encomiendas para la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia cargo de la organización y administración del Ejército y la Fuerza Aérea para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Parecería la exigencia última y hasta final al reto iniciado el 20 de enero de 2016: oponer la fortaleza y el contrapeso de las instituciones a la voluntad presidencial en turno, caracterizada por la ausencia de comprensión de fenómenos políticos.
Como sociedad, y quizás ninguna lo estaba, no nos encontrábamos preparados para la pandemia, y el momento en el cual sobrevino fue particularmente complejo en el ámbito gubernamental.
Esta cuestión, cuyo proceso legislativo ha quedado en suspenso por las múltiples expresiones de preocupación sobre sus consecuencias negativas, está vinculada al establecimiento de la racionalidad legislativa más elemental.
¿Cuál es el problema que subyace en el tema de la sobrerrepresentación de las fuerzas partidarias en la Cámara de Diputados? Poner en el centro el valor y el principio de la voluntad ciudadana para determinar quién o quiénes acceden al cargo público.
Aunque se podría plantear que la conducta del jefe de Estado no es compatible con la del dirigente partidario real y que ésta debe ceder ante aquélla en los tiempos electorales, la decisión que se tome permite espacios para su exposición pública.
El ofrecimiento de eliminar el fuero del Ejecutivo de la Unión y su contribución a la narrativa del titular que no requiere de esa inmunidad temporal, trajo como consecuencia la presentación en febrero último de la segunda iniciativa presidencial en la materia.
El mundo está atento, tal vez como nunca antes, de las investigaciones y sus diversos avances, y también de la responsabilidad de las distintas autoridades sanitarias de los Estados nacionales en el otorgamiento del registro o la certificación para poder llegar a la población.
Una vecindad presidida por la asimetría y el propósito de hacer región en un mundo global en el cual la competencia se afirma como el cernidor del estancamiento, que es atraso, o del progreso hacia la generación de riqueza y su distribución equitativa.
La invención del régimen presidencial en la Constitución Estadounidense está entonces aparejada al establecimiento del sistema electoral que —hoy por hoy— aparece arcaico.
Tal vez por ser la primera que se expide para dar curso al ejercicio de democracia participativa que implica, debió actuarse con mayor cuidado, mesura y reposo.
La voluntad del Ejecutivo Federal de concentrar las decisiones sin considerar el parecer de las entidades federativas, como en el desmantelamiento del Seguro Popular y el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar.
Al contrario, es la propuesta de mayor y más largo aliento que, desde luego, pretende hincar raíces con la aspiración de inaugurar una nueva etapa con horizonte de duración en el tiempo.
En el norte de la República se sabe que el principal obstáculo para el desarrollo de las regiones que comprende y su contribución a la economía familiar, estatal, regional y nacional, es la disposición del agua.
Sin embargo, la travesía auto-imaginada para ir a una gran transformación de la República —sin negar la necesidad de hacerla en muchos frentes, como el de la vigencia cotidiana del Estado de Derecho—, no parece contar con una hoja de ruta.
El campo natural de su actividad es esa libertad. Son investigadores, docentes y comunicadores que representan el mosaico de una parte de la pluralidad del pensamiento y la opinión que caracteriza a nuestra sociedad.
No obstante, el dinamismo y el poderío de la economía mexicana, aún con la incertidumbre propiciada y reiterada por la gestión en marcha, el sistema tributario no cumple.
Un ambiente de tensión generado por la ausencia en el Ejecutivo Federal de auténtica voluntad de convivencia democrática con las autoridades legitimadas por el voto popular favorable a otras opciones.
En la polarización política promovida desde Palacio Nacional entre la opción del lopezobradorismo y quienes no se adecuen con esos planteamientos y decisiones, la narrativa presidencial es clara y está dirigida a partidarios y beneficiarios de los programas sociales.
