Quienes conocieron al Jefe Lama saben de su indeclinable condición de hombre de Estado en un sentido que llamaré clásico: el bienestar político, económico y social de una comunidad nacional y su viabilidad en el tiempo.
A la política nos adentramos porque está ante nosotros y nos envuelve. Unos para participar y actuar, otros para observar y concurrir o alejarse y unos más para enfrentar las consecuencias de la competencia por el ejercicio del poder público.
El fenómeno de la competencia es consustancial a los procesos políticos que implican postulaciones y votaciones, primero al interior del partido político o la coalición y luego con respecto a las candidaturas de otras formaciones partidarias.
Sólo 18.66 por ciento (706 millones de pesos) del monto contratado se hizo mediante licitación pública.
El cambio de régimen que se plantea bajo el titular de “La Cuarta Transformación”, puede entenderse como una derivación válida y legítima del acceso al mandato por medio del sufragio, pero no basta.
Por falta de liderazgo, de atribuciones o de capacidad para que sus miembros atiendan intereses supranacionales o de la humanidad, una y otra han estado por debajo de las necesidades de este tiempo.
El compromiso de defender y sostener el orden constitucional que da sustento y sentido a su desempeño, mediante el juramento solemne; y, segundo, la expresión de las ideas que dan forma y orientan esencialmente la gestión por realizar.
Durante poco más de dos años se han multiplicado las encomiendas para la Secretaría de la Defensa Nacional, dependencia cargo de la organización y administración del Ejército y la Fuerza Aérea para el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Parecería la exigencia última y hasta final al reto iniciado el 20 de enero de 2016: oponer la fortaleza y el contrapeso de las instituciones a la voluntad presidencial en turno, caracterizada por la ausencia de comprensión de fenómenos políticos.
Como sociedad, y quizás ninguna lo estaba, no nos encontrábamos preparados para la pandemia, y el momento en el cual sobrevino fue particularmente complejo en el ámbito gubernamental.
Esta cuestión, cuyo proceso legislativo ha quedado en suspenso por las múltiples expresiones de preocupación sobre sus consecuencias negativas, está vinculada al establecimiento de la racionalidad legislativa más elemental.
¿Cuál es el problema que subyace en el tema de la sobrerrepresentación de las fuerzas partidarias en la Cámara de Diputados? Poner en el centro el valor y el principio de la voluntad ciudadana para determinar quién o quiénes acceden al cargo público.
Aunque se podría plantear que la conducta del jefe de Estado no es compatible con la del dirigente partidario real y que ésta debe ceder ante aquélla en los tiempos electorales, la decisión que se tome permite espacios para su exposición pública.
El ofrecimiento de eliminar el fuero del Ejecutivo de la Unión y su contribución a la narrativa del titular que no requiere de esa inmunidad temporal, trajo como consecuencia la presentación en febrero último de la segunda iniciativa presidencial en la materia.
El mundo está atento, tal vez como nunca antes, de las investigaciones y sus diversos avances, y también de la responsabilidad de las distintas autoridades sanitarias de los Estados nacionales en el otorgamiento del registro o la certificación para poder llegar a la población.
Una vecindad presidida por la asimetría y el propósito de hacer región en un mundo global en el cual la competencia se afirma como el cernidor del estancamiento, que es atraso, o del progreso hacia la generación de riqueza y su distribución equitativa.
La invención del régimen presidencial en la Constitución Estadounidense está entonces aparejada al establecimiento del sistema electoral que —hoy por hoy— aparece arcaico.
Tal vez por ser la primera que se expide para dar curso al ejercicio de democracia participativa que implica, debió actuarse con mayor cuidado, mesura y reposo.
La voluntad del Ejecutivo Federal de concentrar las decisiones sin considerar el parecer de las entidades federativas, como en el desmantelamiento del Seguro Popular y el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar.
Al contrario, es la propuesta de mayor y más largo aliento que, desde luego, pretende hincar raíces con la aspiración de inaugurar una nueva etapa con horizonte de duración en el tiempo.
