Hablamos de quienes acuden a los tribunales buscando protección frente a abusos de autoridad, conflictos familiares, violaciones de derechos humanos, controversias patrimoniales o incluso la pérdida de su libertad.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5506/2024 se inserta de lleno en ese debate y fija una línea que, más allá de su relevancia técnica, tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la justicia en un país marcado por la desigualdad.
Es importante señalar que en los dos tipos de mecanismos existe un elemento común que resulta definitorio: encuentran su origen en la autonomía de la voluntad de las partes.
Señora presidenta de la República: no es posible que usted pase por alto tanta ignorancia; es inadmisible que vea, sin protestar, tanta ridiculez en la que cayó el poder que tiene enfrente, cruzando la calle de Corregidora…
La política mexicana sigue siendo un espacio profundamente masculinizado, donde las mujeres que intentan abrirse paso por sí mismas enfrentan obstáculos que van desde el acoso hasta la duda constante sobre su capacidad.
El efecto nocivo de la ignorancia resulta evidente, la fiscalía especializada pierde fuerza para atender de manera diferenciada la violencia contra las mujeres y deberá también asumir asuntos de violencia familiar en general.
El asunto reviste una importancia singular, pues si bien la Corte negó el amparo solicitado por la parte quejosa, lo cierto es que realizó una interesante interpretación conforme respecto de los preceptos impugnados.
Toda persona debe conducirse con sencillez y transparencia, pero aún más si ese individuo ostenta algún cargo público. El no hacerlo ayuda a que se siga germinando lo que hoy es una constante: favoritismos, simulaciones, privilegios…
Los ministros de la corte, por ser cosa del pasado, antes de que llegara el poder la 4T, han enterrado en el olvido la austeridad republicana y, dejándose llevar por el canto de las sirenas, han olvidado que no son altos funcionarios o parte de una corte imperial…
El contraste es evidente: un teórico de los límites al poder frente a un juzgador que, lejos de actuar como contrapeso, terminó justificando el nuevo régimen.
Más grave aún: no solo se autorizó la compra, sino que las unidades fueron emplacadas en Morelos, presuntamente para evadir el pago de la tenencia. Ese dato, por sí solo, debería haber encendido todas las alarmas.
Edición correspondiente al domingo 1 de febrero de 2026.
La negativa de Lenia Batres a retirar el párrafo cuestionado y la obstinación en mantenerlo bajo la lógica de “el proyecto es mío” revelan algo preocupante: una confusión profunda sobre la naturaleza deliberativa y colegiada de la función jurisdiccional.
El proyecto de resolución de la ministra establece un criterio que limitaría la defensa de sus derechos ya que solo las propias personas con discapacidad mediante firmas, pueden promover recursos ante la Corte…
Edición correspondiente al domingo 7 de septiembre de 2025.
Al revisar los vínculos familiares de quienes a partir de septiembre integran los órganos más importantes del Poder Judicial de la Federación, después de la cuestionada elección judicial de 2025, identificamos que 56% de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen al menos un familiar con puesto en el gobierno o que ha recibido contratos públicos.
El trabajo de esta Sala no sólo se midió en sentencias y votos, sino también en la construcción de un pensamiento jurídico comprometido con la Constitución y los tratados internacionales.
En un sistema penal cimentado sobre la responsabilidad penal individual, este tipo de sanciones son inadmisibles, porque transgreden principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
Edición correspondiente al domingo 20 de julio de 2025.
El verdadero problema es que en esta elección todo fue definido por ese aparato. Desde la narrativa oficial hasta las boletas prácticamente prellenadas —los famosos “acordeones”— lo que presenciamos fue una operación política, no un ejercicio de soberanía popular.
