El cambio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el Congreso de la Unión para retrasar el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016; provocó, entre otras, las siguientes consecuencias generales para la sociedad mexicana en la esfera de la ampliación de servicios, de la pluralidad informativa y de la nueva tercera cadena de televisión:
La modificación del artículo décimo noveno transitorio del decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Poder Legislativo para retrasar el apagón analógico hasta el 31 de diciembre de 2016 provocó, entre otras, las siguientes consecuencias generales para la sociedad mexicana en la esfera de la gobernabilidad, de la competencia, del daño patrimonial al Estado, de la ampliación de servicios, de la pluralidad informativa, de la tercera cadena de televisión, de los medios públicos, de los acuerdos internacionales y de la política:
La modificación del artículo décimo noveno transitorio del decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión surgió bajo intensas presiones y cabildeos de las televisoras más importantes del país y de los organismos representativos de la televisión comercial sobre el Congreso de la Unión y otros poderes de la República, para postergar el apagón analógico.
La reforma constitucional de las telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, en el artículo 5º transitorio mandató a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que realizara el apagón analógico en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Todo ello, con objeto de lograr la modernización de las telecomunicaciones, eficientar los servicios, aumentar la pluralidad de señales, aprovechar mejor el radioespectro, e incrementar la competitividad general del país.
A través de la imposición de la estrategia anulatoria del derecho de réplica por los partidos políticos dominantes en el Congreso de la Unión, la partidocracia generó las siguientes consecuencias político comunicativas para la sociedad mexicana en el siglo XXI:
En el mismo periodo en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, convocó a consultas públicas para que la sociedad nutriera con sus observaciones la propuesta de ley reglamentaria de los derechos de las audiencias reconocidos por la Constitución y sus normatividades secundarias, el Poder Legislativo aprobó por mayoría una ley que concretamente niega los acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en esta materia y terminó negando la aplicación práctica del derecho de réplica.
El derecho de réplica —entendido como la garantía que tiene cualquier persona para acceder a los medios de comunicación, cuando se publique alguna información que considere falsa o incorrecta que afecte su imagen
Posteriormente a que en 1966 el gobierno de México se comprometió a cumplir con los acuerdos internacionales de la convención de derechos humanos y el pacto de derechos civiles y políticos en materia de derecho de réplica; que en 2007 se introdujo en el artículo 6° de la Constitución el derecho de réplica; que en 2013 la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión exigió considerar el derecho de réplica como una garantía ciudadana; que en el 2014 las leyes secundarias de la reforma constitucional obligaron a que el derecho de réplica fuera reglamentado por el Congreso en un plazo de 180 días… paradójicamente con un retraso significativo de más de un año diez meses el Poder Legislativo reglamentó un antiderecho de réplica que benefició a las televisoras y no a los ciudadanos.
Para completar la normativización de los derechos de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concretó las garantías básicas exclusivas de los servicios de televisión, audio restringido, sectores infantiles y grupos discapacitados. Con ello, atendió una deuda histórica del Estado mexicano con los grupos sociales más desprotegidos de la sociedad que durante décadas fueron olvidados.
Prosiguiendo con el cumplimiento de los compromisos constitucionales asumidos por el Poder Ejecutivo en materia de derechos de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) precisó con mayor exactitud la naturaleza, ámbitos, cobertura y mecanismos para ejercer tales garantías ciudadanas ante el sistema de comunicación nacional.
Después de una muy larga espera de la sociedad mexicana por casi 94 años en materia de radio y 64 años en el ámbito de la televisión para actualizar el pacto normativo de la comunicación colectiva entre el Estado y la sociedad, la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión logró colocar las bases jurídicas para formar un nuevo modelo de comunicación para la radiodifusión nacional que recuperó muchas de las demandas centrales que los sectores democráticos y críticos exigieron durante muchos años en el país.
Para iniciar una nueva administración de gobierno durante el periodo 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a crear nuevas condiciones de gobernabilidad que le permitieran dirigir el país de manera distinta
A partir de la aprobación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, el Estado mexicano licitó nuevas cadenas comerciales de televisión para incrementar la competencia en este ámbito. Mediante ello, se argumentó que con ello se elevaría la calidad de los mensajes audiovisuales en el país, pues se producirían contenidos más adecuados para ser consumidos por los auditorios.
Ante la búsqueda del modelo del business comunicativo los empresarios privados de la televisión dominante sostienen que como el rating lo deciden los televidentes con sus preferencias espontáneas de elección, entonces son las audiencias las que deben marcar la pauta a los productores audiovisuales de lo que se debe producir y difundir. Por lo tanto, como la televisión de servicio público no es seductora, sino aburrida, lenta, poco novedosa, antimoderna, esta no debe fomentarse, pues sería un fracaso y un desperdicio de la inversión.
No obstante los diversos desafíos que enfrentan en diversos niveles la consolidación de las nuevas cadenas de televisión, lo más preocupante es que la visión oficial de tales “alternativas audiovisuales” en el país, solo fueron concebidas como cuidadosos planes de negocios lucrativos que aportaran grandes ganancias para sus inversionistas.
Después de realizarse la licitación de dos cadenas de televisión comerciales por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2015, la única empresa ganadora que pudo cubrir el monto económico ofrecido fue Cadena Tres, a quien se declaró como adjudicada única.
El pasado viernes 26 de junio se llevó a cabo la presentación de la nueva maestría en Dirección Estratégica de Comunicación, que se impartirá en la Universidad La Salle (ULSA), recinto educativo en el que tuvo lugar dicho evento. En éste estuvieron presentes diversas autoridades académicas de la institución y quienes se encargaron del desglose Seguir Leyendo
Sólo el grupo Cadena Tres pudo demostrar su capacidad económica para entregar la suma comprometida de mil 808 millones de pesos para explotar una concesión de televisión.
En diciembre de 2012 el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República y definió las directrices básicas para la jefatura del país durante el sexenio 2012-2018 a través de la realización de las ocho reformas estructurales.
Dentro del contexto de cambio nacional hacia la democratización del país es necesario ubicar que la transformación integral del aparato mediático comercial privado y de los medios de difusión de gobierno en medios de comunicación de servicio público como señala la reforma constitucional de las telecomunicaciones de 2013, tomará muchos años para que se logre alcanzar maduramente en México como un proyecto consolidado de nación.