Candidatos asesinados y secuestrados, compra de votos, desvío de recursos públicos, reparto de despensas, televisiones, boletos de cine, guerra sucia entre candidatos y descalificaciones entre partidos. No es 1988, no es 1991, no es 1994, éstos son los encabezados en los medios de comunicación de las elecciones del próximo 7 de junio.
El pasado mes de abril, el Senado de la República logró aprobar la reforma política del Distrito Federal. Lamentablemente, en la Cámara de Diputados no fue posible construir las condiciones y los consensos para que pudiera discutirse y, en su caso, aprobarse estos cambios.
John Steinbeck escribió Las uvas de la ira, una obra magistral que con crudeza describe los obstáculos de una familia en su éxodo de Kansas a California, para buscar nuevas oportunidades. La crisis de los años veinte del siglo pasado, la sequía de esa región del territorio estadounidense, la rapiña de los banqueros y la ineficiencia del gobierno, produjeron la última gran migración masiva interna en Estados Unidos.
Empezaron las campañas electorales. El próximo 7 de junio, se renovará la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora; en 17 entidades federales se elegirán ayuntamientos y congresos locales. Así como delegados políticos y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Siguen dos meses de una gran intensidad política.
Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas…
La corrupción y la impunidad son dos de los grandes problemas de nuestro país y una de las causas fundamentales de la actual crisis de credibilidad y de confianza por las cuales atraviesa el Estado mexicano.
Este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá tres nuevos integrantes. Uno que ocupará el vacío que dejó el lamentable fallecimiento del ministro Sergio Valls Hernández, y otros dos, por la conclusión del periodo para el cual fueron electos los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
Se han dado pasos sustanciales para transitar de un régimen opaco a uno en donde el acceso a la información es un derecho constitucional.
El sistema electoral mexicano enfrenta uno de sus mayores retos: blindar las elecciones de la infiltración del crimen organizado.
El inicio de 2015 está marcado por la continuidad de la crisis en materia económica y social, y por la pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado mexicano. Existe una economía frágil que enfrenta una drástica caída en los precios del petróleo, una devaluación del peso frente al dólar, estancamiento económico y un malestar social derivado de la incapacidad de las autoridades ante la impunidad para impartir justicia.
El 2104 fue un año complicado. Un año que tal vez muchos no desearían recordar. Para explicar esta complejidad basta recordar la crisis de Iguala y la desaparición de los 43 integrantes de la normal rural de Ayotzinapa, la devaluación del peso frente al dólar, que lo ha ubicado por arriba de los 15 pesos, el estancamiento económico y el escándalo en el entorno familiar del titular del Poder Ejecutivo, la adquisición de la llamada “casa blanca”, con sus correspondientes consecuencias en los niveles de credibilidad.
A pesar de los esfuerzos, se quedaron pendientes un conjunto de temas de gran relevancia.
El pasado lunes 1º de diciembre, la Cámara de Senadores recibió con gran interés el paquete de reformas que el presidente de la república propuso con el objetivo de mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de derecho. Un día después, en la sesión del martes 2, dicho paquete fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, para cumplir con el trámite correspondiente. En esta sesión, los grupos parlamentarios expresaron sus valoraciones iniciales.
Después de la designación del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República tiene frente a sí dos nombramientos de gran relevancia, particularmente para enfrentar la actual crisis de credibilidad de las instituciones. Designar al fiscal anticorrupción y al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, Fepade.
Poderoso conglomerado social que no estará conforme hasta que se dé con el paradero de los 43 desaparecidos y se castigue a los culpables.
Lo que sigue: el paradero de los 43 normalistas Miguel Barbosa Huerta En la tarde del 23 de octubre, Ángel Aguirre Rivero pidió licencia para separarse del cargo de gobernador del estado de Guerrero. Se trata de un hecho relevante que ayudará a la distensión social en esa entidad y en todo el país. La Seguir Leyendo
Cuando se produjo el hallazgo de las fosas clandestinas, comenzó a dimensionarse la gravedad de los hechos, hasta llegar al nivel actual.
En Iguala se cometió un crimen atroz y las víctimas merecen justicia pronta y expedita.
La nación mexicana se encuentra en un proceso de transformación acorde con el desarrollo de la sociedad.
No se parte de cero, por el contrario, podría decirse que se está cerca de la meta.