La cimentación del proyecto informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y por lo tanto, la definición de su perfil comunicativo como nuevo medio de difusión colectivo, se enfrenta a grandes retos para cumplir con su esencia conceptualizada y mandatada por la Constitución en 2013.
Dentro del contexto de cambio del modelo de comunicación nacional que se realizó mediante la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica durante 2013 y 2014 en México, el Poder Legislativo no introdujo bases jurídico políticas para crear un modelo de medios de comunicación de servicio público a través de los tradicionales medios de gobierno.
Contrariamente a las sistemáticas demandas históricas de la sociedad mexicana durante más de cinco décadas para fortalecer a los medios públicos y sociales en el país y a los avances logrados en el año 2013 en dicha materia con la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica; paradójicamente en el año 2014 a través de la aprobación de las leyes secundarias de dicha reforma estructural el Congreso de la Unión marginó sustantivamente el apoyo a las concesiones de uso público y social en México.
Después de experimentar los medios de comunicación públicos un largo tiempo de subordinación a los poderes establecidos y renunciar con ello a su misión esencial como canales de Estado en México, la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación sentó bases fundamentales para crear otro modelo de comunicación colectivo más justo y equilibrado para el país, a través de las industrias culturales electrónicas.
Después de la cancelación de la llamada Ley Televisa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de junio de 2007, que entre otros daños ocasionaba la marginación de los medios de difusión de servicio público, y posteriormente a la aprobación de la reforma electoral por el Congreso de la Unión el 12 de septiembre de 2007
Los medios de comunicación de servicio público son instrumentos estratégicos para el desarrollo del país. Sin embargo, la política financiera del Estado mexicano para respaldarlos económicamente, es sumamente contradictoria y cínica, pues aunque en los discursos y la oratoria pública de los funcionarios oficiales ensalzan a dichas instituciones, en la realidad cotidiana los menosprecian y abandonan drásticamente en tal grado que los destinan a realizar milagros.
El proceso de cimentación de la sociedad mexicana como proyecto de desarrollo histórico, no sólo demanda la existencia de un sistema económico que distribuya la riqueza nacional, un marco jurídico que establezca el orden del derecho formal, un conjunto de fuerzas armadas que respalden la legitimidad del Estado, instituciones que permitan la implantación de la gobernabilidad cotidiana, un sistema de policía que garantice la seguridad ciudadana, un lenguaje o código común que permita el entendimiento comunitario, una memoria histórica compartida colectivamente que posibilite la creación del “nosotros nacional”, una identidad nacional que cree arraigo al modelo de sociedad, etc; sino también exige la presencia activa de medios de comunicación de servicio público que creen las subjetividades, mentalidades y afectividades que permitan la sobrevivencia de la sociedad.
En medio de la tormenta que vive el país en lo económico y en lo social, la agenda 2015 trae asignaturas que se pueden convertir en detonantes de disputas muy delicadas.
En los tiempos históricos de la transición pacífica a la democracia nacional y de refundación de la República por el que atraviesa la sociedad mexicana, cobra una importancia medular el rescatar la misión estratégica de los medios públicos de comunicación colectivos, para reequilibrar la desproporción estructural que en el terreno cultural, comunicativo y espiritual han vivido las comunidades mexicanas en las últimas décadas, con la actuación del modelo de comunicación-mercado, sin contrapesos. Con ello, se podrá retransformar el moderno espacio público mediático en una nueva zona de reconstrucción de la conciencia colectiva para elaborar otra mentalidad que nos permita sobrevivir civilizadamente como una sociedad compleja, plural y diferenciada en la nación.
Reivindicación de la importancia de los medios de comunicación públicos como condición para el desarrollo social y democrático del país.
Se comprobó la inclinación del Estado para abandonar el financiamiento de los medios de comunicación de servicio público.
No obstante que a principios del siglo XXI los medios de información, especialmente electrónicos, utilizan el espacio aéreo que es un bien limitado, propiedad de la nación, y que gradualmente se convirtieron en el centro del poder contemporáneo, su operación no se dio de forma balanceada, sino que funcionó vinculada a las necesidades de reproducción de la estructura del poder económico y político tradicional y no fortaleciendo las acciones civiles que planteaban la refundación profunda de nuestra sociedad.
El modelo de desarrollo modernizador que gradualmente adoptó México en sus estructuras culturales y comunicativas al final del siglo XX y principios del siglo XXI con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros acuerdos globales subsecuentes para incorporarse al nuevo orden mundial surgido después de la guerra fría, basado mayoritariamente en el supuesto mágico poder regulatorio de la “mano invisible” del mercado para dirigir la participación social; comprobó en dos décadas sus enormes limitaciones y las bárbaras deformaciones culturales, comunicativas y humanas que produjo.
Al incorporarse México aceleradamente al proceso de la modernización internacional, se construyó en el país un nuevo sistema de antivalores.
La presión de la dinámica del mercado sobre la cultura propició que el conocimiento especializado se adquiriera como una mercancía más.
Después de 20 años de aplicación de las reglas mercantiles del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre la estructura cultural de la sociedad mexicana, surgieron en el país diversas consecuencias que dañaron severamente la estructura axiológica de la cultura nacional. Dentro de tales deformaciones destacó por su intensidad la presencia del reinado de la cultura idiota que ocasionó fuertes consecuencias para el avance de la conciencia nacional:
Se produjo en nuestra república una nueva mentalidad neoconsumista.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se impuso desde las dos últimas décadas hasta la actualidad como el modelo de desarrollo fundamental para transformar el proyecto de crecimiento del país en todos sus niveles. Dicho paradigma generó profundas transformaciones muy polémicas en el ámbito de la cultura y la comunicación nacionales que modificaron la dinámica de tales fenómenos. Dentro de consecuencias más destacadas figuraron, entre otras, las siguientes:
Con el proceso de globalización se intensificó la proliferación de diversos órdenes y expectativas pragmáticas del conocimiento y de la vida.
El proceso de globalización produjo silenciosamente frente a nuestros ojos una enorme crisis cultural.