Para completar la normativización de los derechos de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concretó las garantías básicas exclusivas de los servicios de televisión, audio restringido, sectores infantiles y grupos discapacitados. Con ello, atendió una deuda histórica del Estado mexicano con los grupos sociales más desprotegidos de la sociedad que durante décadas fueron olvidados.
Prosiguiendo con el cumplimiento de los compromisos constitucionales asumidos por el Poder Ejecutivo en materia de derechos de las audiencias, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) precisó con mayor exactitud la naturaleza, ámbitos, cobertura y mecanismos para ejercer tales garantías ciudadanas ante el sistema de comunicación nacional.
Después de una muy larga espera de la sociedad mexicana por casi 94 años en materia de radio y 64 años en el ámbito de la televisión para actualizar el pacto normativo de la comunicación colectiva entre el Estado y la sociedad, la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión logró colocar las bases jurídicas para formar un nuevo modelo de comunicación para la radiodifusión nacional que recuperó muchas de las demandas centrales que los sectores democráticos y críticos exigieron durante muchos años en el país.
Para iniciar una nueva administración de gobierno durante el periodo 2012-2018, el presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a crear nuevas condiciones de gobernabilidad que le permitieran dirigir el país de manera distinta
A partir de la aprobación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica, el Estado mexicano licitó nuevas cadenas comerciales de televisión para incrementar la competencia en este ámbito. Mediante ello, se argumentó que con ello se elevaría la calidad de los mensajes audiovisuales en el país, pues se producirían contenidos más adecuados para ser consumidos por los auditorios.
Ante la búsqueda del modelo del business comunicativo los empresarios privados de la televisión dominante sostienen que como el rating lo deciden los televidentes con sus preferencias espontáneas de elección, entonces son las audiencias las que deben marcar la pauta a los productores audiovisuales de lo que se debe producir y difundir. Por lo tanto, como la televisión de servicio público no es seductora, sino aburrida, lenta, poco novedosa, antimoderna, esta no debe fomentarse, pues sería un fracaso y un desperdicio de la inversión.
No obstante los diversos desafíos que enfrentan en diversos niveles la consolidación de las nuevas cadenas de televisión, lo más preocupante es que la visión oficial de tales “alternativas audiovisuales” en el país, solo fueron concebidas como cuidadosos planes de negocios lucrativos que aportaran grandes ganancias para sus inversionistas.
Después de realizarse la licitación de dos cadenas de televisión comerciales por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2015, la única empresa ganadora que pudo cubrir el monto económico ofrecido fue Cadena Tres, a quien se declaró como adjudicada única.
Sólo el grupo Cadena Tres pudo demostrar su capacidad económica para entregar la suma comprometida de mil 808 millones de pesos para explotar una concesión de televisión.
En diciembre de 2012 el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República y definió las directrices básicas para la jefatura del país durante el sexenio 2012-2018 a través de la realización de las ocho reformas estructurales.
Dentro del contexto de cambio nacional hacia la democratización del país es necesario ubicar que la transformación integral del aparato mediático comercial privado y de los medios de difusión de gobierno en medios de comunicación de servicio público como señala la reforma constitucional de las telecomunicaciones de 2013, tomará muchos años para que se logre alcanzar maduramente en México como un proyecto consolidado de nación.
El modelo de desarrollo modernizador que gradualmente adoptó México en sus estructuras económicas y sociales al final del siglo XX y principios del XXI con el Tratado de Libre Comercio y otros acuerdos globalizadores de mercado para incorporarse al nuevo orden mundial, comprobó en dos décadas de aplicación sus enormes limitaciones y las bárbaras deformaciones humanas que produjo. Ejemplo de ello fueron la drástica devaluación del peso, la brutal fuga de capitales, el colapso agropecuario, la bárbara destrucción ecológica en todo el territorio nacional, la incontenible corrupción en todos los niveles, el desamparo de las generaciones de la tercera edad, el sensible avance de la violencia, la penetración del narcopoder, el agudo desempleo, la marcada reducción de nuestro nivel de calidad de vida, el aumento de la incredulidad institucional, la crisis de esperanza de la juventud, el aumento de la violencia urbana, el vacío colectivo de sentido de la vida.
Frente al arquetipo de evaluación del modelo de comunicación mercantilista heredado del siglo XX en México para medir el éxito o fracaso de los procesos de difusión masivos en México; ahora es indispensable que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano supere las concepciones y prácticas del sistema comercial y cree otro prototipo de medición de su esencia y eficacia como modelo de comunicación social de servicio público, centrándose en su naturaleza vertebral de infraestructura comunicativa destinada a impulsar el desarrollo del país.
Derivado del modelo dominante de comunicación-mercado que durante muchos años se impuso para la operación de las industrias culturales, especialmente electrónicas en México, las audiencias de éstas fueron concebidas y tratadas durante décadas desde la lógica del mercado y del poder como simples receptores pasivos que debían consumir o asimilar mensajes mediáticos de diversa índole (comerciales, políticos, institucionales), para asegurar los intereses de los emisores más fuertes, pero sin contar con capacidad de acción comunicativa para responder ante los mismos generando sus propias respuestas o mensajes para la sociedad.
Los telespectadores han demostrado tener fuertes motivaciones para recibir otra información distinta.
La cimentación del proyecto informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y por lo tanto, la definición de su perfil comunicativo como nuevo medio de difusión colectivo, se enfrenta a grandes retos para cumplir con su esencia conceptualizada y mandatada por la Constitución en 2013.
Dentro del contexto de cambio del modelo de comunicación nacional que se realizó mediante la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica durante 2013 y 2014 en México, el Poder Legislativo no introdujo bases jurídico políticas para crear un modelo de medios de comunicación de servicio público a través de los tradicionales medios de gobierno.
Contrariamente a las sistemáticas demandas históricas de la sociedad mexicana durante más de cinco décadas para fortalecer a los medios públicos y sociales en el país y a los avances logrados en el año 2013 en dicha materia con la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica; paradójicamente en el año 2014 a través de la aprobación de las leyes secundarias de dicha reforma estructural el Congreso de la Unión marginó sustantivamente el apoyo a las concesiones de uso público y social en México.
Después de experimentar los medios de comunicación públicos un largo tiempo de subordinación a los poderes establecidos y renunciar con ello a su misión esencial como canales de Estado en México, la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación sentó bases fundamentales para crear otro modelo de comunicación colectivo más justo y equilibrado para el país, a través de las industrias culturales electrónicas.
Después de la cancelación de la llamada Ley Televisa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de junio de 2007, que entre otros daños ocasionaba la marginación de los medios de difusión de servicio público, y posteriormente a la aprobación de la reforma electoral por el Congreso de la Unión el 12 de septiembre de 2007