Malos entendidos

Ni los responsables de los crímenes cometidos en Iguala —la tragedia que ha conmovido a la opinión pública nacional— calcularon que sus acciones contra los muchachos normalistas fueran a tener las consecuencias políticas y sociales que vive la nación desde aquella noche del 26 de septiembre pasado.

Estado arrodillado

Han sido tantos los intereses políticos y económicos que han aprovechado la tragedia de Iguala para cobrarle agravios, reales o imaginarios, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que por momentos parecen ensordecidos por el estruendo de sus propias voces.

Que caiga quien tenga que caer

El martes pasado amanecimos con la noticia de que la llamada “pareja imperial” de Iguala, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, finalmente fueron localizados, arrestados y llevados a declarar a la Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada para aclarar su situación con respecto a 43 normalistas de Ayotzinapa que desde el 26 de septiembre pasado no aparecen por ningún lado.

Sinrazones políticas de la Corte

Para qué tanto festejo, bombo y platillo con una de las reformas que en apariencia vendría a ayudar a que los procesos políticos fueran mucho más ágiles y accesibles, a que se empoderara a los ciudadanos y éstos pudieran de forma directa decidir en las determinaciones de las autoridades y de los políticos; en principio resultaba muy atractiva la propuesta, aunque muchos se quejaran de que los umbrales para alcanzar la obligatoriedad fueran muy altos o como mínimo se requirieran más de dos millones de firmas que avalaran la petición, que pasara por la Cámara de Diputados y después por el aval del Instituto Nacional Electoral y como un candado agravado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) determinara la constitucionalidad del tema y la formulación de la pregunta a realizarse en su caso en la jornada electoral de 2015.