Se ha iniciado el proceso en el que el Consejo General de la UNAM conocerá a detalle y con explicaciones ampliadas los proyectos que tienen para mejorar la institución cada uno de los aspirantes a suceder al Dr. José Narro Robles en la rectoría de la máxima casa de estudios de la nación.
Juzgar a seres humanos es una responsabilidad enorme. Los órganos jurisdiccionales tienen como atribución aplicar las normas jurídicas a casos concretos, con intereses controvertidos, que se les presenten.
Hace unos días, utilicé un taxi conducido por una mujer madura y platicadora. Ignoro por qué las pláticas en México suelen ser de tipo político. Quizás por los mil problemas que es posible toparse en el trayecto: marchas, plantones, personas malhumoradas por la situación económica, por el caos que prevalece en la ciudad, por los baches, por el desorden que nos rodea…
México es un Estado laico debido a lo que tal vez sea la aportación más reconocida de los reformistas, que demolieron las reminiscencias medievales de un clero insaciable, aunque los claroscuros en nuestra historia hacen aflorar contradicciones pendulares que van desde el jacobinismo de Plutarco Elías Calles hasta la genuflexión de Vicente Fox.
Las reformas constitucional y legal en telecomunicaciones constituyen uno de los grandes cambios para nuestro país. Por sus alcances, implicaciones en el desarrollo, y por los sectores y personalidades involucradas fue una de las que más debate desató en la pasada Legislatura.
Los recientes escándalos de corrupción de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain) en relación con la forma en que trataba de sobornar a funcionarios del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para incrementar los precios de los peajes en las casetas de cobro que tienen en las carreteras que les han sido concesionadas, ocasionó un cisma en el Consejo de Administración de la filial mexicana de esa firma.
En el actual escenario mundial, donde los embates del imperialismo retornan con fines golpistas y de desestabilización en contra de gobiernos de América Latina que han buscado modelos alternativos de desarrollo opuestos al neoliberalismo, uno de los mayores desafíos del movimiento obrero es transitar de su accionar reinvindicativo a su proyección política, pues como creadores de la riqueza social los trabajadores demandan un espacio en el diseño de las políticas públicas que les benefician o afectan de manera directa.
Desde hace lustros, la inseguridad pública es el talón de Aquiles del Estado mexicano. Estamos ante un cáncer social que carcome la credibilidad de las instituciones, que corrompe a los servidores públicos, que profundiza el antagonismo entre gobernantes y gobernados y que atenta contra nuestras libertades más básicas, creando el caldo de cultivo ideal para que se violen los derechos humanos.
Posteriormente a que en 1966 el gobierno de México se comprometió a cumplir con los acuerdos internacionales de la convención de derechos humanos y el pacto de derechos civiles y políticos en materia de derecho de réplica; que en 2007 se introdujo en el artículo 6° de la Constitución el derecho de réplica; que en 2013 la reforma constitucional de las telecomunicaciones y la radiodifusión exigió considerar el derecho de réplica como una garantía ciudadana; que en el 2014 las leyes secundarias de la reforma constitucional obligaron a que el derecho de réplica fuera reglamentado por el Congreso en un plazo de 180 días… paradójicamente con un retraso significativo de más de un año diez meses el Poder Legislativo reglamentó un antiderecho de réplica que benefició a las televisoras y no a los ciudadanos.
Hace muchos meses, desde principios de 2015, en este espacio generoso de Siempre!, quien esto escribe puso a un artículo este título: “¿Qué se comió México?”
La mentira ominosa y el disimulo de los martillazos escuchados en la celda número 20, durante al menos una semana anterior a la fuga de el Chapo, estuvieron a cargo del entonces comisionado de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido.
El exsecretario de Hacienda de México y ahora secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), José Ángel Gurría, visitó nuestro país la semana pasada y entre sus varias declaraciones dijo algunas verdades, otras afirmaciones falsas que deben desmentirse y otros juicios que merecen rebatirse por las consecuencias que, de aceptar sus consejos, tendrían para la población trabajadora.
La ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma e instrumente las medidas contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tal insistencia no es una conjura de los necios, ni un capricho o una necedad. El contexto corrobora la veracidad de este aserto:
El Trans Pacific Partnership (TPP) (Alianza Transpacífico) viene a presentar un nuevo panorama internacional, no sólo por la liberalización de bienes, servicios e inversiones, sino porque además establece nuevas reglas para la eliminación de barreras no arancelarias. Pero, dado lo ambicioso que resultó este acuerdo, hoy genera más preguntas que respuestas.
Es realmente conmovedor el optimismo del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Según este organismo, que mide la pobreza y otras miserias, en 2014 cien mil mexicanos dejaron de vivir en la inopia, quizá porque se murieron, porque el tamaño del desastre económico no deja lugar a las cifras alegres.
Para qué sirve la independencia judicial, es un mero discurso o una realidad, de ello depende el auténtico equilibrio democrático o como en muchos países o casos se trata de una gran retórica rimbombante, pero que en los hechos no tiene absolutamente independencia alguna.
Uno de los temas centrales de un Estado de derecho se encuentra en la debida administración de justicia que no sólo se construye con el poder judicial, sino con una visión de Estado, ya que deben participar el poder ejecutivo, en la procuración de la justicia y en el diseño de la política penitenciaria, y, desde luego, el poder legislativo en la creación de las leyes.
En la semana que concluye, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de manera previa y posteriormente en reunión plenaria aprobaron la Ley de Ingresos para el año próximo. El análisis, discusión y aprobación se dio dentro de los plazos constitucionales previstos, y refleja los intereses representados en el cuerpo colegiado; y ahora deberá ser enviada a la colegisladora para ser aprobada antes del fin de este mes de octubre.
El pasado 14 de octubre, el Gobierno del Distrito Federal publicó en su Gaceta Oficial un acuerdo por el que se pone en marcha el rescate de la Colonia de los Doctores de la delegación Cuauhtémoc, dando con esta publicación un giro semántico al repudiado proyecto de Ciudad Administrativa que, en mayo de este año, convulsionó a los habitantes de esa histórica zona de la capital.
En su momento lo dijo Platón, nada menos que el maestro de Aristóteles: “El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano”. Y si nos apegamos escuetamente al simple significado de este contundente aforismo, resulta de enorme trascendencia lo que el lunes pasado acordaron en Jojutla, Morelos, el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, y todos los gobernantes de las 32 entidades en beneficio, no de la reforma educativa, no de la presente administación gubernamental, no de alguna aspiración política por parte de alguno de los actores involucrados, sino a favor de todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes de México.