No es ninguna sorpresa que el Chapo se haya escapado nuevamente de las autoridades mexicanas. Lo había hecho en 1991 cuando, una vez capturado, salió libre con un soborno; en 2001 escapó del penal de Puente Grande y en 2015 del penal de alta seguridad del Altiplano.
La alternancia trajo vientos frescos, democráticos, a una nación que vivió largo tiempo bajo lo que los santones de la ciencia política calificaron régimen de partido hegemónico.
En este sexenio se han multiplicado en la capital del país las quejas de extorsiones y homicidios relacionados con el hampa organizada, lo cual niega con énfasis el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Tres acontecimientos acentuaron la percepción de que estamos inmersos en una muy preocupante crisis humanitaria, patología que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso de manifiesto al término de sus visitas.
En lo que se llama machetazo a caballo de espadas, el diputado federal panista Miguel Ángel Yunes Linares acusó al gobernador de Veracruz Javier Duarte y a su antecesor Fidel Herrera Beltrán, hoy cónsul en Barcelona, por el desvío de nueve mil millones de pesos que debían destinarse a educación.
Los mexicanos, que somos país de migrantes, que no podemos retener a nuestra población con una vida digna y suficientes trabajos, debemos tener una espontánea solidaridad con esos migrantes que hoy por hoy llegan a Europa huyendo sobre todo de los conflictos de Oriente Medio. Ese río humano que tiene que cruzar el mar y brincar de país en país para llegar a un prometido paraíso que es la rica Alemania y los otros países prósperos de una Europa muy desigual.
Existe un debate que lleva años, en torno a la legalización de la mariguana; por un lado, tenemos propuestas, visiones y acciones que se fundamentan en la solución de todos los problemas sociales, médicos, terapéuticos e, incluso, hay quienes se atreven a decir que así se solucionaría el problema del tráfico de drogas.
El contenido de las Constituciones mexicanas corresponde a nuestra historia y a sus grandes movimientos sociales. El documento fundamental de 1824 crea el régimen federal y da origen a la soberanía y a la independencia.
Hoy día en México, tres lustros trascurridos del siglo XXI, nadie puede negar que el régimen autoritario del viejo sistema político revolucionario, de predominancia de un partido casi único, ha devenido en un régimen democrático, bastante aceptable en su vertiente electoral, con instituciones y actores plenamente definidos y legitimados. Aunque en otras facetas seguiremos reiterando que, para que exista una democracia, se requiere de auténticos demócratas, y en nuestro país, vaya que nos hacen falta.
Quedó instalada la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y presidida por Luis Maldonado Venegas. El desafío no es menor sino mayor, por lo menos en cinco campos delineados por el propio Maldonado.
En México, aunque juren y perjuren que no, existen mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Y es justo gracias a esta circunstancia que desde hace muchísimos años estamos atorados como nación, sin poder avanzar hacia un mejor entorno que nos permita impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestros ciudadanos y, por ende, de nuestro país.
La muerte en todas las civilizaciones —como transición o culminación de la vida— ha generado expresiones culturales muy profundas. En nuestras tierras, esas manifestaciones germinaron en un sincretismo profuso, profundo y extraordinario cuyos testimonios tangibles e intangibles forman parte de la Declaratoria de Obra Maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Unesco en 2003.
Se ha iniciado el proceso en el que el Consejo General de la UNAM conocerá a detalle y con explicaciones ampliadas los proyectos que tienen para mejorar la institución cada uno de los aspirantes a suceder al Dr. José Narro Robles en la rectoría de la máxima casa de estudios de la nación.
Juzgar a seres humanos es una responsabilidad enorme. Los órganos jurisdiccionales tienen como atribución aplicar las normas jurídicas a casos concretos, con intereses controvertidos, que se les presenten.
Hace unos días, utilicé un taxi conducido por una mujer madura y platicadora. Ignoro por qué las pláticas en México suelen ser de tipo político. Quizás por los mil problemas que es posible toparse en el trayecto: marchas, plantones, personas malhumoradas por la situación económica, por el caos que prevalece en la ciudad, por los baches, por el desorden que nos rodea…
México es un Estado laico debido a lo que tal vez sea la aportación más reconocida de los reformistas, que demolieron las reminiscencias medievales de un clero insaciable, aunque los claroscuros en nuestra historia hacen aflorar contradicciones pendulares que van desde el jacobinismo de Plutarco Elías Calles hasta la genuflexión de Vicente Fox.
Las reformas constitucional y legal en telecomunicaciones constituyen uno de los grandes cambios para nuestro país. Por sus alcances, implicaciones en el desarrollo, y por los sectores y personalidades involucradas fue una de las que más debate desató en la pasada Legislatura.
Los recientes escándalos de corrupción de la empresa española OHL (Obrascón Huarte Lain) en relación con la forma en que trataba de sobornar a funcionarios del gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para incrementar los precios de los peajes en las casetas de cobro que tienen en las carreteras que les han sido concesionadas, ocasionó un cisma en el Consejo de Administración de la filial mexicana de esa firma.
En el actual escenario mundial, donde los embates del imperialismo retornan con fines golpistas y de desestabilización en contra de gobiernos de América Latina que han buscado modelos alternativos de desarrollo opuestos al neoliberalismo, uno de los mayores desafíos del movimiento obrero es transitar de su accionar reinvindicativo a su proyección política, pues como creadores de la riqueza social los trabajadores demandan un espacio en el diseño de las políticas públicas que les benefician o afectan de manera directa.
Desde hace lustros, la inseguridad pública es el talón de Aquiles del Estado mexicano. Estamos ante un cáncer social que carcome la credibilidad de las instituciones, que corrompe a los servidores públicos, que profundiza el antagonismo entre gobernantes y gobernados y que atenta contra nuestras libertades más básicas, creando el caldo de cultivo ideal para que se violen los derechos humanos.