La aprobación de una iniciativa que fue pensada para dañar al país abre enormes desafíos. ¿Por qué un diputado o un senador puede votar impunemente a favor de un proyecto que busca dar un golpe a la Constitución, sin que pase nada?
El Plan B de la reforma electoral de López Obrador es el plan de un bandolero. Es la estrategia de un asalto al INE para quedarse con el botín y acomodar las leyes a conveniencia de un régimen autoritario.
Ricardo Monreal provocó en Palacio Nacional un sismo político. Deslizó que buscará ser el candidato de la oposición a la Presidencia de la República. Él y Santiago Creel anunciaron un acuerdo para el Diálogo y la Reconciliación Nacional.
López ya tomó la decisión de tocar los tambores de guerra en contra de los mexicanos. Ya partió al país en dos. Llama “pueblo” a sus aliados y enemigos del “pueblo” a sus adversarios.
López quiere ganar con una contramarcha lo que no puede obtener por la vía constitucional. No quiere que su mercado electoral lo vea débil y derrotado por el Congreso.
Desesperado, fuera de sí dijo que la movilización no busca defender la democracia sino atacar a su gobierno. Y en eso tiene razón porque hoy defender al INE significa salir a impedir que él y su proyecto totalitario se perpetúen.
Y es que López viene de la cultura del engaño y la extorsión. No cree en el voto libre, sino en la elección “arreglada”, convenida y negociada, en el acarreo de masas hambrientas y empobrecidas fáciles de manipular.
La respuesta es simple: sería un país donde las elecciones estarían totalmente controladas por el gobierno y donde el “gran elector” o el único arbitro sería el Presidente de la República.
Recordaron el discurso de Belisario Domínguez cuando llamó carnicero al entonces Presidente de México, al General Victoriano Huerta. Tal vez desde entonces no se le había hecho una crítica tan dura a un militar de alto rango.
El gobierno lleva cuatro años trabajando en desvalijar la Constitución, la división de poderes y el Estado de derecho para que impere la “ley del ladrón”, secuestrar en el 2024 la democracia y construir un Maximato.
El grupo Guacamaya –supuesto autor del hackeo– deja ver a un Ejército frívolo. Desclasifica la instrucción que da el General Secretario del Ejército Mexicano para que borden las toallas de su casa con los nombres de él y su esposa.
López Obrador está atrapado entre dos fuegos. Entre militares indignados, acusados de asesinar y desaparecer a los estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia que exigen justicia para sus hijos.
Para López Obrador esa reforma es decisiva. Por eso ha utilizado toda la fuerza y violencia política que le da el poder para doblar a diputados y senadores.
¿Acaso, señor presidente, busca que un General sea su sucesor? ¿Ya se dio cuenta que Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López son dos liderazgos muy frágiles que no podrían cuidarle las espaldas una vez que deje la presidencia?
La iniciativa que impulsó el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, para alargar hasta 2028 la presencia del Ejército en las calles traiciona los acuerdos firmados con el PAN, PRD y ciudadanos para impedir la militarización.
México lleva cuatro años gobernado por un régimen depredador que de manera constante y silenciosa ha venido carcomiendo los fundamentos de la democracia.
El principal beneficiario del caso Ayotzinapa es quien hoy ostenta la banda presidencial. López Obrador fue uno de los primeros –aunque no el único– en explotar política y electoralmente la tragedia de los jóvenes.
Si esto es cierto, el “tiro le salió por la culata.” No calcularon que el “incendio” iba a ser calificado de terrorismo y que México sería considerado un riesgo para la paz y la seguridad internacionales.
Fracasó la Guardia Nacional y ahora quiere desparecerla. Por medio de una intentona golpista a la Constitución quiere adscribirla a la Defensa Nacional y entregar la seguridad pública a los militares.
La elección interna de Morena fue un fiel reflejo de lo que es ese partido y una ominosa señal de lo que está dispuesto a hacer el gobierno para no perder el poder.
